Integración Energética Argentina (IEASA) se presentó como querellante en la denuncia contra Maruicio Macri y Javier Iguacel por venderle, a precio vil, dos centrales eléctricas a empresas de Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin, amigos del expresidente de la nación. Se trata de las Ensenada de Barragán y Brigadier López. La jugada fue señalada por estar plagada de irregularidades y actos administrativos que buscaron allanar el camino para vender dos centrales en manos del Estado a precio vil.
En la investigación, además de los mencionados, están imputados Juan Aranguren, Gustavo Lopetegui, Mario Dell`Acqua, Claudia Mundo, entre otros. La denuncia fue presentada el año pasado por los diputados Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, Fernanda Vallejos y Adrián Grana.
Según la presentación de IEASA, mediante un decreto del 31 de octubre de 2017, se ordenó la privatización de importantes activos del Estado Nacional, entre ellos las centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López. Luego, en agosto del año siguiente, el Tribunal de Tasaciones de la Nación tasó su valor patrimonial en u$s 305.906.000 y u$s 207.110.000, respectivamente para privatizarlas, en 2019, por valores menores: u$s 229.529.500 para la primera y u$s 165.432.500 para la segunda.
Tailhade explicó a C5N que "se trató de un remate a precio vil" y recordó que "la construcción de las dos centrales estuvo a cargo de IECSA (la empresa de la familia Macri). En ella trabajaban los directores técnicos de la obra, que eran dos altos ejecutivos de la compañía, y al día siguiente de asumir Macri" pasaron a integrar ENARSA, encargada de gestionar las centrales para iniciar "un proceso de privatización que terminó regalándoselas a empresas de Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin".
La empresa aseguró que el macrismo modificó "los contratos de fideicomiso de las centrales porque los mismos prohibían la privatización. IEASA vendió a precio vil y además se quedó con los títulos que tenía el ANSES, los cuales se repagan a través de contratos con el mercado mayorista y tienen riesgo asociado". Es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) financió las dos centrales y la exENARSA usó los fondos de las ventas para comprar títulos de deuda que tenía el fondo de los jubilados porque, de otro modo, no podía avanzar con el cambio de titularidad de las centrales.
Con la maniobra, "los compradores pagaron u$s 118.054.000 menos que los 516.016.000 establecidos por el Tribunal de Tasación y lo hicieron con créditos en dólares tomados en el exterior".
Así, en la presentación, IEASA argumentó que, en un mismo día, pasó de tener dos centrales termoeléctricas en pleno funcionamiento, generando energía y cobrando por la misma, a tener el producido en efectivo de la venta de dichas centrales por un monto notoriamente al tasado, que debió utilizar de inmediato para comprar títulos de deuda en poder del FGS los cuales las propias dependencias estatales ya habían calificado de riesgosos y que, luego de la privatización, perdieron el aval del Tesoro Nacional reemplazándose por garantías privadas de los compradores.
Esto fue posible por la ejecución de una cantidad inédita de irregularidades y actos administrativos deliberados con el objetivo de allanar el camino para enajenar las dos centrales a un precio vil y mecanismo dañino para IEASA, esmerilando en definitiva el patrimonio del Estado Nacional, pero muy rentable para los compradores.
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