Barbijogate: la Justicia procesó a los empresarios y la causa pasará a ser controlada por la Ciudad

Se trata de tres personas que recibieron más de sesenta millones de pesos por insumos que nunca entregaron. La compañía intermediaria, contratada por el gobierno del PRO, también fue denunciada por estafa. La investigación será manejada por los fiscales porteños.

05 de junio, 2020 | 15.05

La Justicia ordenó imputar a los supuestos empresarios contratados por un intermediario para la compra de cinco millones de barbijos que se destinarían al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la crisis sanitaria del coronavirus. Se trata de tres personas que “al menos tomaron parte en una asociación ilícita” para llevar adelante la defraudación y perjudicar, únicamente, a las arcas públicas. En el análisis, la investigación aún no consiguió los elementos suficientes para acreditar cuál fue el rol de los funcionarios públicos porteños en esta adquisición irregular y, tras poner la mirada sobre ellos, la causa pasó a ser controlada por el Poder Judicial de la Capital Federal a pedido de uno de los fiscales, cuyo jefe es Juan Bautista Mahiques, denunciado por apretar magistrados durante la gestión de Mauricio Macri.

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Como contó El Destape, los hechos son de por sí llamativos y la cronología de la historia incluyó el supuesto robo de la mercadería, su recupero en Rosario, demoras en Ezeiza y los trámites de importación del producto que no se habían iniciado.

La historia, en resumidas cuentas, narra que los ahora procesados Damián Andres Nevi (supuesto vendedor, sobre quien también pesa el pedido de prisión preventiva), Paula Fernández y María Elena Canali (“pasamanos”) se valieron de la necesidad de barbijos del Gobierno porteño y de la empresa E-ZAY (contratada por la administración de la Ciudad) para montar una compleja red que derivó en una estafa millonaria.

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El 30 de marzo, el Ministerio de Salud de la CABA adjudicó a la firma E-ZAY, mediante contratación directa, la provisión de cinco millones de barbijos. En la orden de compra se detalló que su precio sería de $68 por unidad y el importe total de la operación se fijó en la suma $ 340.000.000. Leonardo Morbelli, apoderado de la firma, indicó que uno de sus proveedores, la empresa MEDINSUMO S.R.L./INSUMED S.R.L., podría hacer frente a ese pedido y el 2 de abril recibió, en concepto de anticipo, la suma de $162.350.000.

Ese mismo día, sin demoras, E-ZAY transfirió la mitad a la cuenta MEDINSUMO S.R.L.– DAMIÁN ANDRÉS NEVI. Un total de $60.500.000. Con ese monto acreditado, el compromiso era entregar 100.000 barbijos el 3 de abril, en forma adicional y anticipada a los 5.000.000 pedidos en la orden de compra original, 1.500.000 barbijos el 10 de abril y, por último, un total de 3.500.000 unidades el 20 de abril siguiente. Sin embargo, los insumos nunca llegaron ni se devolvió el dinero.

E-ZAY denunció a los representantes de MEDINSUMO por la defraudación pero el Gobierno porteño hizo lo propio con la firma contratada de forma directa, por estafa. Esa conexión entre las causas hizo que el fiscal porteño, Maximiliano Vace, pidiera la inhibición de la jueza y fiscal para traspasar la investigación al ámbito de la CABA, donde Mahiques detenta la figura similar a la de Procurador General, o sea jefe.

Lo llamativo es que la investigación cursada hasta el momento puso de manifiesto la necesidad de investigar el rol de los funcionarios porque la empresa E-ZAY se dedicaba a la tecnología y al desarrollo de software destinado a la educación a distancia y se dio de alta ante la AFIP en la actividad “venta al por mayor de instrumental médico, odontológico y artículos ortopédicos” en el mes de febrero de este año. Con la pandemia ya azotando al mundo. Pese a no tener ningún tipo de experiencia, “logró ser adjudicataria, a través del procedimiento de contratación directa en etapa única, de una operación de venta de barbijos de gran magnitud, que le reportaría significativas ganancias”.

Incluso, no se descarta la posible existencia de sobreprecio en el valor que E-ZAY cobró, por cada barbijo, a las autoridades gubernamentales, dado que el precio ascendió a $68 por unidad mientras que su valor en el mercado ascendía a la de $ 30 más IVA por ejemplar.

Según se detalló, la investigación hasta el momento no logró reunir pruebas para confirmar la existencia de una organización fraudulenta de carácter estable por parte de los procesados, por eso no se habla de asociación ilícita sino de “tomar parte” en un armado de este tipo ya que la toma de conocimiento de la necesidad de E-ZAY de comprar 5.000.000 de barbijos para proveer al Gobierno porteño fue el evento que los nucleó en un acuerdo entre las personas procesadas, orientado a obtener un beneficio patrimonial indebido en detrimento del erario público.

Para ello, se sostiene en la resolución, desplegaron medios engañosos que incluyeron la presentación de catálogos de productos que incluían su descripción y fotografías, información societaria no inscrita ante la Inspección General de Justicia y autorizaciones de la A.N.M.A.T carentes de vigencia. Con estos mecanismos, simularon ser parte de empresas dedicadas a la venta de insumos médicos y autorizadas para operar, con capacidad para importar desde China y proveer los insumos pese a que los tiempos acordados eran, ya de por sí, difíciles de cumplir.

Esa precariedad, sostiene la resolución “explica la introducción, en la negociación, de una segunda sociedad: INSUMED S.R.L., a la que se hizo figurar como empresa vinculada a la primera”. Sin embargo, según el análisis, quienes la representan aseguran no tener trato, no conocer a las personas en cuestión ni haber participado de ninguna licitación.

La narración es mucho más compleja, incluye una denuncia en la que se especifica que Nevi se presentó como titular de MEDINSUMO, farmacéutico e inspector de la ANMAT ante Fernando Yoffe, socio de la firma CINMOR S.R.L. y titular de la marca de barbijos “DIMEX” para la compra de insumos para, luego, exhibir un supuesto contrato con él por la adquisición de 100.000 unidades. La hipótesis es que buscaba darle espalda a su compañía para poder realizar la maniobra delictiva.

Cuando allanaron su domicilio, se encontró el sello del Director Técnico Farmacéutico que trabajaba en MEDINSUMO pero manifestó haber renunciado y de otra persona que hasta febrero del año pasado ocupaba el cargo de Director Nacional Productos Médicos en la ANMAAT, “piezas que bien podrían ser utilizadas para falsificar instrumentos que permitiesen a MEDINSUMO S.R.L. continuar operando”, se analizó. Incluso, en la habitación principal se encontraron $810.000 en una valija gris con la leyenda “este es el pago tuyo”.

Respecto a las dos mujeres procesadas, éstas manifestaron ser sólo intermediarias entre E-ZAY y Nevi pero se argumentó que fueron quienes monopolizaron las conversaciones, sellaron la declaración jurada para la entrega de los insumos cuando, conociendo el comercio exterior, sabían que no iban a poder cumplir con los mismos. Además, el supuesto “rol de “pasamanos”, les reportaría una ganancia de $10.000.000, teniendo en cuenta que la comisión pactada ascendía a la suma de $ 2 por barbijo”.

Incluso ellas mismas manifestaron que conocieron a Nevi en marzo, bajo la figura de importador de diversos insumos médicos a través de su droguería MEDISUMO S.R.L. y que, a fines de ese mes, fueron contactadas por E-ZAY. Una relación muy próspera.

Por eso, la jueza Paula Verónica González dispuso el procesamiento de los tres imputados y la prisión preventiva para Nevi además de un embargo sobre los tres hasta cubrir la suma de $20.000.000 por cada uno, secuestrar los $60.500.000 transferidos por E-ZAY y que se encuentran en la cuenta de Nevi, para transferir esas sumas a las arcas del Gobierno porteño.

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