En paralelo a la discusión de la reforma laboral en el Senado, la Cámara de Diputados aceleró el paso con el dictamen de mayoría para el proyecto de baja de la edad de imputabilidad. El oficialismo logró blindar el acompañamiento de 78 legisladores provenientes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales como Innovación Federal y el MID.
El PRO impone sus condiciones: 14 años y presupuesto
Desde el macrismo, Cristian Ritondo celebró el acuerdo tras haber traccionado dos puntos clave para el espacio amarillo: que el piso de imputabilidad sea a los 14 años y que se incluyan partidas presupuestarias específicas. “Tenemos la experiencia de haber gobernado la provincia más peligrosa del país. La Ley Penal Juvenil es el primer paso del camino correcto”, sostuvo Ritondo, argumentando que a esa edad existe "comprensión plena de la criminalidad".
Sin embargo, el financiamiento de la norma despertó dudas en Unión por la Patria. Los cuestionamientos apuntan a que, de los 23 mil millones de pesos previstos, las provincias verían poco y nada: apenas tres mil millones quedarían en manos del Ministerio de Justicia, mientras que los otros 20 mil millones irían a la Defensoría General de la Nación, con competencia mayoritaria en la CABA. El diputado radical Diógenes González también advirtió que seguirán de cerca la ejecución, ya que "la mayor responsabilidad recaerá en las instituciones provinciales".
Cruces en el antiguo JxC: la advertencia de la Coalición Cívica
La jornada no estuvo exenta de pases de factura entre los antiguos socios. Mónica Frade (Coalición Cívica) interpeló con dureza a sus ex compañeros de alianza que hoy acompañan al oficialismo sin matices. “Tengan huevo para enfrentar al Presidente cuando está equivocado. Porque hay gente capacitada, Y fueron ex compañeros míos, y pensaban otra cosa, y nunca hicieron este marketing, por eso tuvimos seis años juntos. ¿Qué les pasa ahora? Acuéstense, acuéstense hoy a la noche y piensen lo que van a hacer”, lanzó la diputada.
Frade fundamentó su rechazo en la contradicción de proponer esta ley como solución a la inseguridad mientras el Presupuesto 2026 recorta fondos en áreas sensibles como el Hospital Garrahan, u otras áreas que fueron muy mencionadas durante el debate como la educación técnica y la ciencia.
Un proyecto transversal en la Ciudad
Mientras en el Congreso Nacional las astillas de Juntos por el Cambio vuelan en cada debate, en la Legislatura porteña la dinámica de trabajo habilita acuerdos que exceden las fronteras partidarias. En las últimas horas, se presentó un proyecto para expropiar y declarar de utilidad pública la histórica casa de Francisco Beiró, dirigente radical, ubicada en Villa Devoto, con el fin de convertirla en un centro cultural, museo u otro destino vinculado a estas áreas culturales.
Lo curioso del proyecto es la transversalidad de sus firmas. Se trata de dirigentes que viven en la comuna 11 y por eso conviven en el proyecto. La iniciativa es impulsada por Francisco Loupias (UCR) y cuenta con el apoyo de sus pares de bloque Aldana Crucitta, María Mollard, Guillermo Suárez y Manuela Thourte. Pero también de Gimena Villafruela del oficialista Vamos Por Más; el dirigente de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso; Pablo Donati de Republicanos Unidos; Alejandro Grillo y Delfina Velázquez de Fuerza por Buenos Aires; Sebastián Nagata y Graciela Ocaña de Confianza y Desarrollo.
La decisión de promover el proyecto se fundó en “el estado preocupante de conservación que experimenta el inmueble sumado a la intranquilidad de los vecinos del lugar quienes permanentemente bregan para rescatar del deterioro extremo y la posible desaparición de este monumento de la Comuna 11”. El inmueble ya había sido catalogado por la Legislatura, en 2008, con “nivel de protección estructural”, pero “continúa en permanente deterioro”.
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