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El Gobierno implementará un plan de dos años para reducir el sistema de pensiones no contributivas, que actualmente beneficia a más de 1,5 millón de personas.

El incremento en los controles gubernamentales sobre las pensiones por invalidez, se completará con otras medidas que abarcarán al conjunto de las pensiones no contributivas vigentes, dos tercios de las cuales fueron otorgadas por discapacidad, aseguran desde el Gobierno.

Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales. En el sistema vigente se abarca a las personas incapacitadas en forma total y permanente, a las madres de siete o más hijos y a la vejez, que está siendo reemplazada por la Pensión Universal al Adulto Mayor.

Esos estudios apuntarán a sistematizar la normativa sobre pensiones no contributivas, y elaborar una propuesta de "ordenamiento y simplificación".

La Andis contará además con alternativas para definir la categoría de "persona con discapacidad", lo cual incluye la utilización del Certificado Único de Discapacidad.

El plan oficial se completará con la evaluación de los sistemas informáticos usados en el otorgamiento de pensiones no contributivas, así como para las prestaciones médicas, además de elaborar una propuesta para el desarrollo, adquisición o adaptación de los sistemas analizados.

Para contribuir al cumplimiento de estas leyes, se crearon múltiples programas y servicios en más de quince ministerios del Poder Ejecutivo, con diferentes procesos y criterios para la certificación de discapacidad o invalidez, apuntaron las fuentes consultadas.