Para Todos, pero … ¿con quiénes? 

12 de enero, 2020 | 00.05

La Argentina es la tierra que nos cobija, donde quienes la habiten deben encontrar posibilidades para realizarse y ello no será posible en una comunidad que no se realiza. Es un anhelo que exige acuerdos básicos de convivencia, de respeto a los intereses superiores de la Nación y del Pueblo, como también ser conscientes de la existencia de grupos o sectores que difícilmente compartirán esas premisas ni se sentirán parte de ese todo, que no estarán dispuestos a resignar privilegios y sumarse a la tarea de reconstrucción que hoy la Patria impone.  

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Un esfuerzo compartido

La propuesta lanzada desde el Gobierno concierne al conjunto de la sociedad, más allá de las diversidades que son muchas y respetando su conformación plural, pensando al país sin exclusiones, aunque estableciendo prioridades, comenzando por los más necesitados, por los que menos tienen.

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El criterio rector, entonces, es anteponer la dignidad humana a cualquier otro tipo de exigencia o compromiso, asumir con plenitud una democracia social y participativa, priorizar el diálogo a la imposición y superar los conflictos por la vía del consenso.

Ese tipo de construcción política requiere no sólo la decisión de quienes gobiernan, sino la predisposición de todas y todos, en particular de aquellos que ejercen representaciones sectoriales.

En ese camino los esfuerzos para superar la profunda crisis que vive el país deben ser compartidos, lo que implica postergar o restringir legítimos intereses y hacer los aportes respectivos en función de la capacidad contributiva de cada cual. 

El campo 

Esta expresión cargada de ambigüedad lejos está de constituir un significante unívoco, como se instaló con fuerza en el 2008 con motivo de la disputa por las retenciones agrarias establecidas por la Resolución 125, pero que viene de mucho más atrás.

El campo reúne variados actores con intereses divergentes y hasta claramente contradictorios, que excede y en mucho a los productores agropecuarios, que incluso denotan heterogeneidades enormes, tanto regionales como de escala y tipo de producción.

Sin embargo, al “campo” se lo ha querido siempre reducir a los grandes terratenientes, a la oligarquía más recalcitrante y a los grupos concentrados resultantes de los nuevos modelos productivos. A la par que, paradojalmente, se lo ha pretendido presentar como omnicomprensivo de todo cuanto involucra y en aquella reducida parcialidad como identitario de la Patria, tantas veces despojada y entregada por esas mismas minorías.

Una vez más se ha constatado en esta semana un egoísmo inaceptable tanto como un obrar antidemocrático e innecesariamente violento que, en verdad, le es inherente más allá de las declamaciones republicanas.

Con motivo del debate en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires de una imprescindible actualización presupuestaria, se han formulado oposiciones a una racionalidad elemental en materia de cargas impositivas, rehusando una distribución con mayor equidad en procura del interés común.

Un ejemplo de ello fue el “tractorazo” en la ciudad de Pergamino, acompañado de una ostensible hostilidad hacia quienes proponían abrir canales de diálogo con el Gobierno provincial, como en el caso del dirigente local de la Federación Agraria al que denostaron e incluso atacaron.

La industria y el empleo

En materia de desarrollo y crecimiento se ha puesto énfasis en la industria, con el objeto de recuperar su capacidad ociosa –que en promedio ronda el 40%- y favorecer la creación de empleo genuino, sin por ello desatender otras fuentes de producción.

Medidas como las aplicadas para mejorar los ingresos de los sectores más postergados (jubilados, beneficiarios de la AUH, asalariados) y el congelamiento de tarifas, con impacto directo en los niveles de consumo, persiguen la reactivación del mercado interno y forman parte de ese programa económico.

Del mismo modo que el cuidado de los índices de ocupación existentes, reforzando la estabilidad en los puestos de trabajo y la protección constitucional contra el despido arbitrario, duplicando las indemnizaciones cuando la cesantía no responde a una causa justificada.

En ese contexto se inscribe, como contracara, la decisión de la empresa Tenaris (del Grupo Techint) de despedir a 191 trabajadores, a quienes no se les permitió ingresar a la planta el lunes pasado por la noche sin haber aún recibido las comunicaciones de cesantía.

La resolución patronal, que se completará con otros 100 despidos, ha sido en respuesta a la negativa sindical (UOM Zárate-Campana) a admitir una modificación sustancial del régimen de suspensiones acordadas y que significaría una rebaja salarial superior al 30%.

La metodología adoptada muestra una absoluta desaprensión y un destrato inaceptable por la violencia que implica para las personas afectadas, pero también una actitud autoritaria que puede anticipar una tendencia extorsiva, contraria al estilo de diálogo que debe primar en las negociaciones colectivas, que puede alterar el curso de la próxima ronda paritaria y poner en riesgo la paz social. 

El costo de la Política        

Es sintomático que, cada vez que se plantea la necesidad de apelar a formas más equitativas –y solidarias- en la redistribución de la riqueza, desde los sectores más conservadores y reaccionarios se haga referencia al “costo de la política”.

Un discurso que cala hondo en las capas medias de la sociedad, que fomenta la antipolítica, que distorsiona la realidad y los ejes de los debates que exigen procesos de transformaciones profundas que procuren la justicia social. 

El gasto en ese ámbito no constituye un problema fiscal, ni posee relevancia, teniendo en cuenta que el funcionamiento del Congreso Nacional (retribuciones de legisladores y del personal) no supera el 0,4% del total de las erogaciones del Estado y sólo un 0,3% representan las remuneraciones de quienes ocupan cargos jerárquicos en el Gobierno.

Decisiones como la de no aumentar por 180 días los sueldos de funcionarios políticos y jerárquicos, u otro tanto para diputados y senadores, o de no percibir retribución alguna trabajando ad honorem como se verificó en algún Municipio, pueden considerarse un gesto emblemático y de coyuntura pero no una respuesta adecuada frente a aquel tipo de estigmatizaciones.

La dedicación que impone el desempeño de cargos de esa índole, como las incompatibilidades formales o prácticas para desarrollar otra actividad remunerada, requieren tener asegurado un ingreso razonable y suficiente. De otro modo, sólo podrían ocuparlos quienes cuentan con recursos propios, restringiéndose a las élites el acceso a la política. 

Tal era el diseño inicial de la República plasmado en la Constitución sancionada en 1853, que reflejaba con nitidez un artículo que –aunque sin vigencia actual- sigue integrando su texto después de la reforma de 1994, en el cual se establece entre los requisitos para ser Senador contar con una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente y al que remite otro referido a las calidades que debe reunir el Presidente y Vicepresidente de la Nación. 

El peso fuerte ($F) fue el signo monetario nacional entre 1826 y 1881, que se referenciaba con la onza de fino oro español. A mediados del siglo XIX una onza de oro (27,06 grs) equivalía a 17 $F; entonces, tomando el valor actual del gramo de oro los 2.000 $F exigidos serían tanto como unos $ 6.360.000, o sea, una renta mensual de alrededor de $ 530.000.  

Oídos sordos

 Atravesamos una etapa fundamental para la Argentina, sumergida en una crisis casi sin precedentes estando a la profundidad y celeridad de la que dan cuenta los diferentes indicadores (sociales, económicos, culturales e institucionales). En un contexto regional e internacional particularmente complejo, donde enfrentar variadas amenazas para la continuidad democrática.     

Nadie puede sentirse ajeno a los esfuerzos y sacrificios que demanda hallar una salida que contenga al conjunto de la sociedad, que nos conduzca a la grandeza de la Nación y a la felicidad del Pueblo.

Sin embargo, no todos han comprendido o, peor aún, no comparten ese ideal al que consideran que pone en peligro sus privilegios. 

No hay peor sordo que quien no quiere oír, debemos estar preparados para enfrentar –y confrontar- con aquellos que se niegan a escuchar ese clamor que la Patria nos demanda y estar atentos para detectar las operaciones descalificatorias de la política que es la que puede proveernos de los recursos necesarios para superar, democráticamente, la actual encrucijada. 

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.