Luego de dejarlo dormir un año, la Cámara de Apelaciones desempolvó el expediente del memorando con Qatar para cerrar la investigación. Como había revelado El Destape, la ANSES había firmado un contrato confidencial con el país árabe para desviar U$S 200 millones del fondo de los jubilados a una guarida fiscal, pero que la Justicia entiende es una mera “expresión de voluntad”. Se trata de una de las causas más sensibles para el Gobierno nacional.

En noviembre de 2016, este medio publicó los detalles de la negociación secreta de varios meses del Gobierno de Mauricio Macri con el de la nación asiática, donde Gastón Gaudio había oficiado de nexo. Diego Nicolás Rosendi, financista amigo del ex tenista era uno de los candidatos para administrar un fondo de inversión compuesto por U$S 200 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS-ANSES) y U$S 1.000 millones de la Autoridad de Inversión de Qatar (QIA, en inglés).

Tras las notas de El Destape y Perfil, la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y un grupo de diputados nacionales denunciaron penalmente a los involucrados en el memorando. En marzo de 2017, el juez Daniel Rafecas consiguió que el Gobierno suspenda su aplicación, tras lo cual desestimó la demanda por considerar que los delitos no llegaron a consumarse.

Ante esto, la fiscal Paloma Ochoa apeló, al considerar que la vicepresidenta, Gabriela Michetti, la excanciller Susana Malcorra, el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, el entonces titular del FGS Luis María Blaquier habían violado sus mandatos de funcionarios públicos al emprender y firmar un acuerdo que flagrantemente viola la legislación argentina.

Tras doce meses de mantenerlo paralizado, la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones avaló la resolución de primera instancia y tampoco hizo lugar al único recurso secundado por el fiscal general de Comodoro Py, Germán Moldes, que consideró “indiscutiblemente necesario”, de acuerdo al fallo al que este medio tuvo acceso.

El camarista Leopoldo Bruglia apoyó la desestimación votada por Jorge Ballestero al alegar que “se evidencia claramente la esencia de un instrumento que las partes utilizaron simplemente para dejar constancia de conversaciones donde expresan su voluntad para que en el futuro se concrete o no un posible acuerdo, es una mera expresión de intenciones que no necesariamente han de llevarse a cabo, condicionadas a que no se contraríen los ordenamientos legales de la República Argentina, lo que de por sí descarta cualquier posible atisbo de ilicitud”.

Los jueces de segunda instancia interpretan, por lo tanto, que el documento bilateral “no genera obligaciones de ningún tipo para los firmantes y, por lo tanto no resulta pasible de provocar un perjuicio al Estado Argentino”. Sin embargo, el FGS se maneja con estrictas regulaciones (que con el mega DNU de enero del Ejecutivo fueron suavizadas), que le impiden transferir U$S 200 millones del FGS al exterior, menos aún a una offshore, como especificaron ambos gobiernos en las negociaciones. Esto, a su vez, está prohibido por la ley local.

“No se advierte tampoco ninguna maniobra encubierta que, bajo pretexto de legalidad, permita inferir una actividad que pueda resultar penalmente relevante”, coincidieron Bruglia y Ballestero.

“Nos encontramos en este caso con un instrumento cuyo contenido refleja una expresión de voluntades por parte de dos organismos estatales de llevar adelante conversaciones y negociaciones sobre una futura y presunta posibilidad de efectuar una inversión conjunta, la cual cualquier concreción al respecto estará subordinada a la adecuación de las normas legales internas, no generando ningún tipo de obligación jurídica o financiera en este país”, juzgaron.

A pesar de lo argüido en el fallo, los funcionarios argentinos pactaron conscientemente un memorando que contraria la legislación argentina. En este caso, podría demostrar un desconocimiento de los altos directivos de la ANSES del derecho.

En un documento interno, el organismo previsional había calificado a la pesquisa por el memorando con Qatar como uno de los que más preocupaciones les generaba, como había expuesto El Destape, junto a un listado de nueve operaciones financieras que podrían haber beneficiado al ministro de Finanzas, Luis Caputo, al empresario oficialista Marcelo Mindlin, y al propio Blaquier.

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