En pos de intentar cerrar la investigación sobre su rol en los Panamá Papers, el presidente Mauricio Macri acudió en abril de 2016 a la Justicia. Buscaba que un magistrado emitiera una “acción declarativa de certeza” y cargase las culpas sobre su padre Franco, liberándolo a él de toda responsabilidad. El caso recayó en el Juzgado Civil Nº 104, a cargo de Andrés Fraga, quien un año y medio después desvinculó al jefe de Estado de las opacas firmas Fleg Trading Ltd y Kagemusha SA. Entonces, Fraga estaba concursando para ascender a camarista. Hoy integra dos ternas que ya fueron giradas al Poder Ejecutivo y está a la espera de una decisión del primer mandatario.

SUSCRIBITE PARA QUE EL DESTAPE CREZCA

Mauricio Macri no fue socio ni accionista de la firma Fleg Trading Ltd (radicada en Bahamas)”, sostuvo el magistrado en septiembre de 2017. Y consideró que Macri “solo aceptó el cargo de director de Fleg Trading Ltd (…) al solo y único efecto de designar a un reemplazante y renunciar”. Según el juez, el Presidente “no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Fleg Trading Ltd, ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad” ni “percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución” vinculada a la offshore. Lo mismo indicó respecto de la sociedad Kagemusha.

El caso de la declaración de certeza llegó a Fraga cuando este estaba concursando para ascender a camarista. Esto llevó a que en octubre de 2017, la camarista civil Marcela Pérez Pardo dirigiera una carta a sus pares pidiendo se investigue la actuación del magistrado ya que el caso “estaría fuera de su competencia (sería propia del fuero comercial)” y “no se habría excusado pese a encontrarse participando en un concurso (…) para un cargo cuya propuesta depende (…) de la decisión de uno de los litigantes”. Pérez Pardo estaba haciendo referencia a Mauricio Macri ya que es el Presidente quien elige a los jueces luego de que el Consejo de la Magistratura le eleva las distintas ternas con los candidatos.

La camarista civil reclamó en su escrito “la necesidad de transparencia en la tramitación de los procesos”, “la de asegurar la independencia judicial” y mencionó “la situación de eventual vulnerabilidad” de “un juez concursante” como Fraga, sobre todo teniendo en cuenta que “actuales funcionarios nacionales han promovido denuncias a jueces (…) por fallar en contra de las posturas del Poder Ejecutivo”.

En respuesta a Pérez Pardo, ya en noviembre de 2017, la entonces presidenta de la cámara Liliana Abreut de Begher contestó que “la potestad disciplinaria de los magistrados la ejerce el Consejo de la Magistratura” por lo que la camarista llevó su planteo ante el órgano que selecciona y sanciona jueces.

El expediente estuvo inmóvil durante meses. Finalmente, se sorteó y quedó en manos del presidente de la mentada comisión, el diputado oficialista y alfil judicial del PRO, Pablo Tonelli.

En el marco de este caso, el pasado 12 de julio, la comisión aprobó un dictamen de desestimación que impulsó el consejero (representante de los jueces), Leónidas Moldes. Ahora deberá manifestarse el plenario del consejo, donde el oficialismo también tiene mayoría. El apoyo de Moldes no debiera sorprender: integra con Fraga el espacio Compromiso judicial, una de las listas internas del Poder Judicial.

Actualmente, el juez civil integra dos ternas:

-La de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, donde se elegirán 6 cargos. El actual titular del Juzgado Civil Nº 104 encabeza la segunda terna, que comparte con Silvia Bermejo y Pablo Trípodi.

-La de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo (La Matanza), que aún no fue habilitada. Aquí, Fraga comparte la terna –que también se remitió al Poder Ejecutivo el 29 de mayo pasado- con Javier Lorenzutti y Emilio Faggi.

¿Qué hará el Presidente, elegirá como camarista al juez que lo “desvinculó” de los Panamá Papers? ¿Y la oposición? Los pliegos de los magistrados seleccionados por el primer mandatario deben ser aprobados por el Senado.

Por su parte, luego de su presentación, Pérez Pardo, ex pareja de Eduardo Freiler –destituido de la Cámara Federal- fue denunciada en el Consejo junto a sus pares de la sala L por un fallo relacionado al Instituto Patria. En junio pasado, el Gobierno pidió su juicio político junto al de Víctor Liberman y Gabriela Iturbide por "mal desempaño".

El salvataje judicial

Una reciente revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dejó al descubierto no sólo que Gianfranco Macri era dueño de la sociedad off shore BF Corporation y exteriorizó más de $63,5 millones en el blanqueo de capitales que organizó su hermano desde la Casa Rosada sino además que entre los archivos internos de Mossack Fonseca nunca figuró quiénes eran realmente los accionistas de la offshore bahameña Fleg Trading.

La decisión que tomó el juez civil, con precarios elementos reunidos, bastó para que se difundiese por todos los medios que “la Justicia desvinculó a Mauricio Macri de los Panamá Papers”.

Tal como publicó El Cohete a la Luna, el portal que dirige Horacio Verbitsky, el ex Inspector General de Justicia Ricardo Nissen enumeró distintas irregularidades del caso. Entre ellas, que "Fraga dio por reconocidos los hechos expuestos por el Presidente, declaró la cuestión de puro derecho y así se salteó el periodo de prueba".

Además, Nissen destacó que el magistrado "le otorgó trámite sumarísimo, que el Código Procesal restringe a otros casos”. Y destacó que "de la causa penal sólo se citan los testimonios de abogados, contadores, dependientes o apoderados de la famiglia y sus empresas y ninguna prueba. La jurisprudencia no acepta la prueba testimonial para acreditar el carácter de integrante de una sociedad comercial".

Como si fuera poco, recordó Nissen, "el demandado Franco Macri no apeló”.

Antecedente

El mismo día que se difundió la noticia de que Fraga había exculpado al Presidente –el 20 de septiembre de 2017-, Elizabeth Paisan estaba pasando sin cuestionamientos por la comisión de Acuerdos en el Congreso, paso clave para luego convertirse en jueza titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 y dejar de ser subrogante en el Nº 20, cargo que ejerció desde el 2007. ¿Quién es Paisan? Otra de las magistradas que sobreseyó a Macri en uno de los desprendimientos de los Panama Papers.

En octubre pasado, Paisan – cuyo nombre apareció en el cuaderno que fue usado como registro de pago de coimas por el comisario Norberto Villareal y que incriminó al ex jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar- se hizo eco de lo que dictaminó Fraga y sobreseyó al Presidente en el caso que investigaba la omisión de las offshores en las declaraciones juradas de Mauricio Macri.

En términos generales, Paisan sobreseyó al Presidente en un expediente en el que se lo investigaba por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y por falsear su declaración jurada. La decisión de la magistrada también alcanzó a Nicolás Caputo, el mejor amigo del jefe de Estado.