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Continúan las novedades en los tribunales federales de Comodoro Py. El miércoles, en medio de las distintas resoluciones judiciales que tuvieron repercusión pública hubo una que pasó desapercibida. Se trata del archivo de la causa 1341/2019, una de las dos que aborda la “Operación Puf”, que se abrió el 8 de febrero a partir de una denuncia anónima que le llegó al fiscal federal Carlos Stornelli y que apuntaba contra los presos K con el objetivo de desacreditar el D’Alessiogate. Para los investigadores, “los elementos arrimados hasta el momento en el presente sumario no resultan suficientes como para avanzar en forma razonable con la pesquisa”. La decisión impacta sobre un caso espejo que tiene el juez Claudio Bonadio, que se inició con una presentación anónima similar y que impulsó la diputada oficialista, Elisa Carrió. Es de esperar que algunos de los imputados realice en los próximos días una presentación citando la decisión de Rodríguez para cuestionar la pesquisa de Doctor Glock.

En el anónimo que provocó la apertura de las dos causas, y que los investigadores sospechan que fue impulsado desde la AFI, se hace referencia a una supuesta “conspiración” de exfuncionarios kirchneristas detenidos para hacer caer la causa de las fotocopias de los cuadernos y “hacerles una o varias causas penales” a Stornelli y Bonadio. El escrito se nutre de escuchas ilegales realizadas a presos recluidos en el penal de Ezeiza y busca dar por tierra con la causa que tramita en Dolores, donde se investiga a la banda del espía ilegal Marcelo D’Alessio. Tanto Bonadio como Stornelli y Carrió están imputados en la causa que tramita a 200 kilómetros de la Capital Federal.

El anónimo en cuestión llegó a manos de Stornelli y de Carrió. Casualmente se presentó en los tribunales de Retiro el mismo día que el periodista Horacio Verbitsky publicó en El Cohete a la Luna la extorsión de la organización criminal al empresario Pedro Etchebest. El fiscal hizo la presentación en Comodoro Py unas horas antes que la diputada nacional. Recayó en el juzgado de Rodríguez, quien delegó la instrucción del caso en el fiscal Jorge Di Lello. Por una cuestión de horas, es la causa más antigua.

La segunda denuncia, que a esta altura ya era un duplicado de la primera, fue a parar a manos de Bonadio, con la curiosidad de que en el sorteo se ordenó no incluir a Rodríguez por decisión de la Cámara Federal porteña. A partir de ahí, cada expediente siguió su curso, acumulando prueba. Stornelli y Carrió decidieron hacer la mayoría de sus presentaciones en el juzgado federal N°11.

Con el objetivo de determinar si de la misiva sin firma “se desprende la existencia de algún accionar delictual”, Di Lello ordenó diversas medidas de prueba, como citar a prestar declaración a los periodistas Joaquín Morales Solá, Raúl Kollmann, al dirigente Eduardo Valdés, a la “lilita” Mariana Zuvic y a la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto. Tanto Zuvic como Oliveto fueron las impulsoras de la denuncia que recayó en el juzgado de Bonadio.

Di Lello también solicitó informes al juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora (que fue el que originariamente había pinchado los teléfonos de la cárcel de Ezeiza en el marco de una causa que se abrió en 2016 contra el “rey de la efedrina” Mario Segovia); a la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es la oficina que realiza las interceptaciones; y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). De ese cruce surgieron contradicciones: el juzgado de Lomas de Zamora dijo que no tenía transcripciones de las escuchas y había ordenado destruirlas. Pero la AFI afirmó que sí poseía transcripciones.

Esta inconsistencia derivó en un escrito por parte del Director de Asuntos Judiciales de la AFI a Di Lello, quien buscó aclarar la situación y terminó declarando en el expediente. Se trata de José M. Padilla. ¿Qué dijo el funcionario de Inteligencia? Que desde el 2016, la AFI colaboró en la causa 41.475/2016 que es la que provocó la pinchadura del penal de Ezeiza. Se trata del caso que tiene a Segovia como protagonista. Según reconstruyó El Destape, es una pesquisa que se abrió por el hallazgo “de una encomienda que contenía dispositivos para la fabricación de explosivos” en el aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, Paraguay. El “paquete” tenía por destino la Argentina.

En su declaración, Padilla dijo que la AFI transcribió escuchas por pedido del juzgado de Lomas de Zamora. Y agregó que no llegó ninguna orden del tribunal provincial de destruir los cds, lo que dejó en un limbo a la legalidad de las escuchas que se utilizaron para nutrir este expediente y el que impulsa Bonadio.

Ante este escenario, Di Lello remarcó que “aunque se han llevado adelante diversas medidas a efectos de determinar si del contenido de la misiva surge alguna conducta pasible de reproche penal, los elementos arrimados hasta el momento en el presente sumario no resultan suficientes como para avanzar en forma razonable con la pesquisa”.

En esa línea, Di Lello consideró que “la jurisprudencia ha aceptado, en general, el archivo de las actuaciones por imposibilidad de proceder cuando el material probatorio reunido en el expediente es insuficiente para probar el hecho denunciado o, probado el hecho, no sea posible atribuírselo a una persona determinada… materialmente, por falta de elemento probatorios, no es posible continuar con la investigación”.

El juez Rodríguez coincidió con esta posición y procedió al archivo de la denuncia.

 

Golpe a la operación

Quienes impulsan “Operación Puf” son algunos de los imputados en la causa por espionaje ilegal que se sustancia en Dolores. Ellos son: Bonadio, Carrió, Oliveto y Zuvic. A ellos se suma el fiscal rebelde, Carlos Stornelli, quien pidió ser querellante en la causa que instruye Bonadio a pesar de que había impulsado la denuncia que recayó en el juzgado de Rodríguez y que ahora se archivó. Todos están imputados en el D’Alessiogate por esta relacionados con la banda de D’Alessio.

La operación surgió como intento de contrarrestar el impacto que provocó en el ámbito político el D’Alessiogate. Por eso, se apuraron a denunciar que el kirchnerismo elaboró un plan para obstaculizar el “avance de las causas de corrupción más emblemáticas”. Y con ese norte, acusaron sin elementos a la expresidenta y actual candidata a vice, Cristina Kirchner; al juez Alejo Ramos Padilla; a Eduardo Valdés y a Roberto Baratta, entre otras personas. Lo hicieron vía dos denuncias similares. La primera acaba de ser desacreditada.