Un dato curioso de la designación del titular de la Sociedad Rural Luis Etchevehere a cargo del Ministerio de Agroindustria es que si revisamos la historia argentina, la última vez que una familia de la Sociedad Rural ocupó un cargo en el Ejecutivo nacional fue en la última dictadura militar, cuando la Junta Militar designó al hijo de José Alfredo Martínez de Hoz (presidente en aquel entonces de la SRA) a cargo del Ministerio de Economía.
Desde hace meses que el nombre Etchevehere resuena como candidato a ocupar un lugar en el Gobierno nacional, así fue como esta mañana, el jefe de Gabinete Marco Peña anunció los cambios en el nuevo gabinete presidencial y no sorprendió saber que un nuevo amigo del Gobierno estará delante de una cartera que beneficiará a sus propios intereses.
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peor una larga lista de escándalos y denuncias tiene como protagonista a Etchevehere y a su familia que es considera “una institución” en Entre Ríos, según una nota del diario La Nación publicada en el año 2004 en donde resalta la “trayectoria pública” de la tradicional familia radical y cuenta como el abuelo Luis Etchevehere fue gobernador desde 1931 a 1935 en plena Década Infame.
En tanto, viniendo más a la actualidad, en el 2014 las propiedades del presidente de la Sociedad Rural fueron registradas por el Renatea y detectaron explotación laboral y trabajo esclavo. Según una nota de la agencia TELAM, detalló que "27 trabajadores fueron relevados y en cinco establecimientos se detectó condiciones irregulares de registración. En los otros dos, además de trabajo no registrado, se hallaron situaciones de extrema precariedad".
"En el establecimiento La Hoyita, de la empresa Las Margaritas S.A, propiedad de Leonor Barbero Marcial viuda de Etchevehere, dos trabajadores no registrados vivían en unidades sin energía eléctrica, agua potable y baños. Son analfabetos, no tienen acceso a recibos de sueldo y prestaban servicios como peones generales por 450 pesos mensuales", denunció el organismo público.
También ese personal declaró cumplir tareas bajo "las órdenes de la familia Etchevehere desde el 14 de junio de 1976", por lo que según la Ley 26.727 de empleo agrario están en edad de jubilarse".
Conflicto en El Diario
La tradicional familia entrerriana hace más de 90 años fundó El Diario de Panamá, que según La Nación “es un fiel exponente del periodismo independiente”, pero que hace más de tres años no le pagan los sueldos a los trabajadores. En septiembre de este año, los periodistas realizaron una protesta en la redacción para exigir la regulación del pago sus sueldos y denunciaron que fueron amedrentados por la madre Etchevehere, Leonor Barbero Marcial.
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Según contó al este medio uno de los periodistas, la mujer estaba en el ingreso del diario, donde funciona una librería católica y daban una charla contra el aborto. En ese momento, los trabajadores se acercaron a la puerta para protestar de forma pacífica y la madre de Etchevehere salió a filmarlos y fotografiarlos.
Además de reclamar los sueldos adeudados de julio y agosto, los periodistas exigen sillas para poder sentarse y mantenimiento de baños, porque "no cumplen las condiciones mínimas de higiene y salubridad".
Protagonista en el lock out del campo
Fiel a sus intereses agrarios, el presidente de la SRA tuvo un papel central durante el 2008 cuando se desencadenó el conflicto entre el Gobierno de Cristina Kirchner y la patronal rural, ya que, el conflicto se concentraba en el piquete localizado en el túnel subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis que une a las ciudades de Paraná con Santa Fe, donde en varias jornadas durmió en su camioneta.
Además, Etchevehere tuvo una activa participación durante el conflicto y trabajó arduamente como representante en su provincia en la Mesa de Enlace, que nació, precisamente, en defensa del sector y luego de desatada la crisis.
Causas judiciales
En septiembre de este año, la Cámara Federal de Casación decidió reabrir la investigación contra el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian y el presidente de la Sociedad Rural por otorgar de forma irregular un subsidio por 900 mil pesos al establecimiento rural de Entre Ríos "Las Margaritas SA", que pertenece a la familia Etchevehere. A ambos se les imputan los delitos por “negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública”.
Según precisó el diario Página 12, la denuncia por la que habían sido sobreseídos en primera y segunda instancia, fue presentada a fines del año pasado por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien alertó que el Banco Nación le otorgó el subsidio al establecimiento rural de Entre Ríos Las Margaritas SA amparándose en una ley para los “agricultores familiares” ante “desastres agropecuarios”. La denuncia de Kalbermatten indica que incluso la transacción por 900.000 pesos figuró en la Resolución del Banco de la Nación Argentina del 7 de septiembre de 2016.
Además, la hermana de Etchevehere, Dolores lo denunció a principio de este año por defraudación y evasión tributaria, operaciones en las que estuvo como protagonista Luis Miguel Etchevehere, y en las que participaron sus otros hermanos, Juan Diego, presidente de la Fundación Pensar de Entre Ríos y actual funcionario del Enacom, Arturo Sebastián, ex directivo de Adepa, y su madre, Leonor Barbero.
“Ya van siete años y medio de estafas. Las Margaritas SA tomó créditos a través del Banco Itaú para sembrar soja, con un plan de promoción de siembra con tasa subsidiada por el Banco Central, por 250.000 dólares”, advirtió la hermana del presidente de la Sociedad Rural y marcó que “resulta que ese dinero fue desviado a las cuentas de otras sociedades, una de ellas Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), que es la editora de El Diario de Paraná”.
La demanda por estafa, entonces, consta en la Justicia ordinaria, mientras que la causa por evasión tributaria y violación a la ley penal cambiaria se encuentra en los juzgados federales de Entre Ríos.
“Pasando la General Paz”
A mitad de este año, Etchevehere defendió a ultranza la suba del precio de la carne pero dejó claro que no es para todos: "Pasando la General Paz, la gente no come lomo".
"Relacionándolo con otros alimentos u otros productos, por lo que rinde y lo que alimenta, un kilo de carne a 90, 100 o 120 pesos, que es lo más caro, es mucho más que una docena de facturas o una pizza. No hay relación", comparó en su momento y sostuvo que los precios podrían bajar aún más si se aplicara "un sistema de cortes que eficientice la cadena".
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"Saliendo de la General Paz, la gente no come lomo, porque es un corte magro, y los que vivimos en el campo, nos gusta la carne gorda, con grasa, que es lo que le da sabor. A 100 kilómetros de la Capital, el lomo vale igual que la pulpa. Más eficiente sería a esos lomos venderlos en los lugares donde sí tienen demanda. Vendiendo el lomo más caro serían más baratos el resto de los cortes", explicó.
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