El domingo primero de septiembre, el Gobierno implementó una modificación en el régimen cambiario vinculado al sector externo, que complementaba su inacabada pretensión de reestructurar la deuda pública inicialmente reprogramando vencimientos.

A contramano de su recorrido ideológico dogmático, y sometido a fuertes presiones internacionales, el Gobierno ha abordado dos cuestiones:

- La necesidad de reconstruir la oferta privada de dólares, obligando a los exportadores a liquidar el producido de sus ventas al exterior en un plazo determinado, a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

- La exigencia de frenar la fuga de divisas estableciendo regulaciones para el acceso al mercado cambiario.

Hasta la entrada en vigor de esta normativa, hemos asistido a un dispositivo económico construido para permitir la apropiación de dólares en forma irrestricta por parte de los beneficiarios de la explotación de recursos primarios y su exportación, pero también de los que usufructuaban la enorme renta financiera respecto al atraso del tipo de cambio, en lo que se dio en llamar "carry trade".

Exportadores primarios y valorizadores financieros fueron, a lo largo de este tiempo, los grandes ganadores de la política económica de Cambiemos. Fue llevada hasta un extremo inédito, ya que los dólares provenientes de las ventas en el exterior no ingresaban a la Argentina, y los que aportaba el FMI en los diversos desembolsos pautados se fugaban permitiendo la realización de la abultada ganancia del "carry trade".

 

 

La conferencia de prensa del ministro Lacunza, en la que anunció la reprogramación de los vencimientos de deuda, sonaba casi como una burla para los tenedores de bonos soberanos. "... no traen los dólares de la exportación, se llevan los que aporta el FMI y ahora no nos pagan la deuda" habrá imaginado algún acreedor de la Argentina con capacidad de lobby internacional.

Es sintomático, entonces, que el ministro Lacunza haya reprogramado los vencimientos de deuda y haya promovido un decreto instando al BCRA a obligar a los exportadores a ingresar sus divisas al país y a regular el acceso al mercado de cambios para compra de moneda extranjera con fines de atesoramiento.

Es en esta etapa donde se ha ingresado en una crisis de deuda clásica, en la que los acreedores pretenden cobrar y los proveedores de dólares retacean la oferta. Suponiendo que el Estado consiga el excedente en sus cuentas públicas para afrontar los pagos de servicios que la misma implica, ese superávit es en pesos y debe acceder al mercado de cambios para obtener los dólares y cumplir así sus compromisos. La pregunta que surge es quién provee de dólares.

Este conflicto entre exportadores y tenedores de bonos soberanos fue el detonante, aunado a otros factores de desequilibrios, de las graves crisis de 1989 y 2001. Además, en el actual escenario, hay dos factores agravantes. El primero es la depreciación del peso, que licúa la capacidad de pago del Estado endeudado. El segundo es la dilución de los derechos de exportación, que le impide al sector público acceder a recaudación en moneda extranjera de manera directa.

El resultado electoral de las PASO provocó, entre otras cosas, la derrota del bloque primario - financiero que se benefició de un sector externo totalmente desregulado y que vorazmente depredó a lo largo de más de tres años, hasta volcarlo. La intervención del primero de septiembre tiene por objeto restituir la capacidad de pago externo del Estado argentino y reequilibrar las cuentas entre las dos facciones de poder económico que han actuado en el país en estos años: los prestamistas y los apropiadores de dólares.

Decíamos que esta ruptura, que a diferencia de etapas anteriores ocurrió muy rápido por la política del gobierno de Cambiemos, no es nueva y fue causa de las crisis de 1989 y 2001. Ahora bien, en ambos casos, la resolución de esas crisis estuvo en manos de gobiernos peronistas que ensayaron formas de resolución tendientes a reordenar el desmadre heredado y que, con luces y sombras, aseguraron una década (o más) de estabilidad para el país.

 

 

El gobierno de Carlos Menem reordenó la situación externa mediante la reestructuración de la deuda originada en la dictadura cívico-militar, en el marco de lo que se conoció como "Plan Brady". Este implicaba beneficios relevantes en términos de plazos y costos, pero el condicionante fue la venta de los activos públicos acumulados por generaciones. El producido de las privatizaciones permitió asegurar los dólares suficientes para cumplir los compromisos de deuda y, a la vez, facilitar la realización de ganancias de los agentes económicos más poderosos.

Néstor Kirchner asumió la resolución de la deuda defaulteada recibida mediante un proceso de reestructuración (canjes 2005-2010) que implicó una quita de dos tercios del capital original y una mejora sustantiva en la remuneración de los nuevos títulos atándolos al crecimiento de la economía. El reequilibrio entre las facciones dominantes se produjo a través de los derechos de exportación. La baja de stock de deuda permitía que los servicios de la misma se calzaran con los dólares producidos por las retenciones, sin alterar la situación general del sector externo.