Alberto Fernández presidente: Presiones y contradicciones para el gobierno que nace

  La recaída neoliberal terminará en diciembre. Los resultados de los últimos cuatro años fueron los previstos y ya sucedidos en las dos experiencias anteriores --la fundante de la dictadura y los ’90-- la insustentabilidad social interna, con la duplicación del desempleo y la pobreza de al menos 4 de cada 10 argentinos, y la financiera externa, con la creación de una nueva crisis de deuda agravada por el regreso al FMI.

  El dato positivo, todavía no suficientemente valorado y la gran diferencia con el pasado, es político: a pesar de estos dos factores, el grave deterioro de los indicadores sociales y una economía en virtual default, se salió del pozo cambiemita por la vía institucional y democrática. A diferencia del pasado no hubo ni estallido social ni disrupción del sistema político. No hubo saqueos ni pueblo gritando en las calles “que se vayan todos”, lo que fue posible gracias a una construcción política capaz de dejar las mezquindades de lado y ofrecer una salida al descontento.

  La contracara es que el gobierno de Alberto Fernández nacerá bajo una doble tensión.

  La primera es la presión para resolver el problema de la megadeuda que a fin de año arañará el 100 por ciento del producto y, lo que es más grave, con una estructura de vencimientos que, para los próximos 4 años demanda, sólo en moneda extranjera, 130 mil millones de dólares o el 30 por ciento del PIB, cifra que trepa al 40 por ciento si se suma la deuda en pesos. No resolver el problema de la deuda significa, con reservas internacionales netas que en diciembre se acercarán a cero, quedarse sin dólares, lo que a su vez es la puerta para la hiperinflación. No se trata simplemente de evitar un default abierto, sino de evitar las consecuencias macroeconómicas que hoy tendría ese default. Luego, ya en el tercer año de gobierno, 2023, aparecen los fuertes vencimientos con el FMI por más de 20 mil millones de dólares, cifra que se repite en 2024. El plan con el Fondo fue claramente diseñado para ser renegociado. El problema, entonces, no es sólo la imperiosa necesidad de renegociar, sino que la renegociación podría significar, tal como están las cosas, asumir las ruinosas condicionalidades del Fondo. El calificativo “ruinosas” no es un lugar común, las condicionalidades del FMI son contractivas, hacen caer la actividad económica o, en el mejor de los casos, la mantienen estancada.

  La segunda presión es la social. Si el dato positivo es que la crisis no terminó en estallido, ello significa que una parte importante de la población estuvo aguantando su mala situación a la espera del cambio de gobierno. Dicho de otra manera, la nueva administración deberá satisfacer más o menos rápidamente las demandas sociales contenidas y si no lo hace perderá rápidamente su legitimidad. Las soluciones a estas demandas se contaron, además, entre las muy pocas promesas electorales: “poner plata en el bolsillo de la gente y encender la economía”. Hay poco margen para que ahora aparezcan los economistas “racionales” a decir que no se puede.

  Como ya habrá notado el lector, las dos presiones son contradictorias. Si la deuda se reestructura bajo el esquema tradicional del FMI no será posible resolver las demandas sociales.

  Lo que ofrece menos contradicciones es el camino correcto, que pasa por satisfacer las promesas electorales, poner efectivamente plata en el bolsillo de la gente, empezando por la parte que le toca al sector público, expandir la demanda agregada y poner en marcha la economía. Sólo si la economía crece podrán volver a crecer las inversiones y las exportaciones, que es lo que se necesita para que el país vuelva a tener capacidad de pago. La conclusión preliminar de este cuadro es unívoca, para la nueva administración no parece haber otro camino que una renegociación de la deuda externa que no se traduzca en medidas contractivas para la economía.

  La afirmación general es sencilla, pero cuando se baja al mundo de las medidas económicas a implementar aparecen las contradicciones al interior de la fuerza que ganó las elecciones, esta vez teóricas. A la espera de conocer el contenido real, y no las múltiples especulaciones, del nuevo plan económico se señalan aquí las principales:

  * El llamado “tipo de cambio competitivo y estable” (dólar caro) es equivalente a salarios bajos. Por lo señalado no hay margen político para seguir pisando salarios.

  * El tipo de cambio alto (dólar caro) no tiene el efecto señalado de aumentar las exportaciones. Así lo enseñan las estadísticas del comercio exterior. Ello se debe a que la canasta de exportaciones local está integrada mayoritariamente por commodities que no compiten por precio. Durante el macrismo el dólar se incrementó más del 500 por ciento y las exportaciones se mantuvieron estancadas o cayeron.

  * Si los salarios reales no recuperan poder adquisitivo no aumentará el Consumo, que representa dos tercios de la demanda agregada, y en consecuencia la economía no crecerá. Sin crecimiento no aumentan las inversiones ni las exportaciones.

  * Los déficits internos (presupuestarios) y externos (de divisas) son el efecto de otros procesos, no la causa. Los superávits internos, que son en pesos, no generan dólares.

  * Las tarifas, incluidos los combustibles, son uno de los principales costos de producción, junto con salarios e insumos importados. Su aumento es inflacionario. Luego del aumento permanente de tarifas durante el macrismo ya no existe mayor margen para incrementarlas, mucho menos si el objetivo es desindexar la economía. Si un objetivo de política es desarrollar Vaca Muerta, ello no puede ser a costa de las tarifas internas.

  * Las tarifas son parte de los gastos salariales, subirlas o bajarlas significan, egresos e ingresos salariales y extrasalariales, poner o sacar plata del bolsillo de la gente.

  Como se observa, las contradicciones no son pocas. De lo que se trata es de romper la lógica convencional, aprovechar la experiencia histórica, incluida la de los últimos cuatro años, y aplicar la teoría correcta.