#AltaData | Golpe en Bolivia Suscribite

X

El sábado 17 de noviembre del 2018 alrededor de trescientas mil personas irrumpieron en las rotondas de Francia bloqueando rutas, exigiendo la supresión del impuesto carbono a los combustibles. Lanzado por dos mujeres (Jacline Mouraud y Priscilla Ludosky) y dos hombres (Éric Drouet et Bruno Lefevre) a través de las redes sociales con millones de seguidores, este movimiento espontáneo incorporó rápidamente nuevas reivindicaciones: mayor justicia social, restablecimiento del ISF (Impuesto de solidaridad sobre la fortuna), incorporación del RIC (Referendo de iniciativa ciudadana) y la renuncia del presidente Emmanuel Macron.

Además del bloqueo de rutas, de refinerías y de centros comerciales, los chalecos amarillosse instalan en las rotondas existentes a la entrada y salida de las ciudades, armando cabañas que les permiten cobijarse del frío y organizar la comida de hombres y mujeres que garantizan una presencia cotidiana. Los medios se acercan y realizan reportajes haciendo visibles a personas que se sentían abandonados por las políticas neoliberales de reducción de servicios públicos (menos transporte, cierre de escuelas y hospitales, etc.).

Según una encuesta del 2017 del CREDOC (Centro de investigaciones para el estudio y observación de las condiciones de vida), tres franceses sobre diez consideran vivir en un territorio abandonado con un sentimiento de desamparo, tanto geográfico como social. La apropiación de un territorio (las rotondas) genera un lazo social entre los participantes: gente que no se conocía se convierten en amigos, se forman parejas, construyen solidaridad a través de la lucha por mejorar sus condiciones de vida.

Después de dos meses, a pesar de algunas expresiones antisemitas y homofóbicas aisladas, la simpatía por el movimiento de los “chalecos” sigue siendo importante: 74 % de los encuestados lo considera justo, 67 % lo sostiene y 54% quiere que el movimiento continúe (fuente Opinion Way, Harris, Elabe, BVA, 12/01/2019). A pesar de los enfrentamientos con la Policía y los destrozos de comercios y autos durante las manifestaciones de las primeras semanas, la opinión pública supo diferenciar entre los provocadores infiltrados y los chalecos movilizados que en las últimas manifestaciones organizaron su propio servicio de orden logrando minimizar los consabidos desmanes. La Policía, en cambio siguió con su actitud represiva. El balance del costo humano en estos dos meses es deplorable : 4500 personas arrestadas, 1 843 civiles heridos y 1 048 entre las fuerzas represivas. De los diez muertos, nueve lo fueron por choque de vehículos. El sociólogo Fabien Jobard indica que el costo humano "supera todo lo sucedido desde mayo del 68, cuando el nivel de violencia y el armamento de los manifestantes era más alto y el nivel de protección de los policías en función del actual era simplemente ridículo".

La escalada represiva

Según una investigación del periódico digital Mediapart, el director central de las compañías de seguridad (CRS) ordenó el despliegue de policías armados con rifles de asalto durante las manifestaciones del 12 de enero. Una militarización que va de la mano con el uso casi sistemático y no reglamentario (nunca deberían apuntar a la cabeza) de los lanzadores de balas de defensa (LBD o Flash-ball) y las granadas GLI-F4 para dispersar los chalecos amarillos.

A esto se agrega el despliegue en diciembre de vehículos blindados de la Gendarmería cerca de la Place de l'Etoile. O el compromiso de "fuerzas móviles", en principio dedicadas al arresto, pero en realidad utilizadas para dispersar manifestantes mediante el uso de granadas explosivas: el GLI-F4, llamado "ensordecedor", que contiene una carga de TNT, causando un gran número de bajas desde el 24 de noviembre. Según un recuento reciente del diario Libération, las operaciones policiales causaron 94 lesiones graves en chalecos amarillos, 69 por disparos de LBD, 14 perdieron un ojo. En seis semanas, este informe es superior al de los últimos diez años de uso de LBD y flash-balls en Francia. El director general de la Policía Nacional, Eric Morvan, dijo el viernes pasado que la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) había recibido 200 denuncias y que el fiscal estaba tratando 78 de ellas.

El presidente Macron intentó frenar el movimiento anulando el 5 de diciembre el aumento del impuesto a los combustibles y ofreciendo 100 € mensuales para los más desfavorecidos. Ante el rechazo de los “chalecos” y la persistencia del movimiento, el Presidente decidió lanzar un “gran debate” para canalizar el descontento. Previsto entre el 15/01 y el 15/03 donde todo ciudadano podrá, supuestamente, plantear sus reivindicaciones sobre la vida política y social, las municipalidades abrieron a tal efecto “cuadernos de quejas” a imagen de los famosos “cahiers de doléances” de la Revolución francesa de 1789.

Las demandas recogidas hasta ahora exigen más justicia social, el aumento del poder adquisitivo y una reforma política profunda expresada principalmente por el deseo de recuperar el control de un sistema político que se lo considera ineficaz y que está permanentemente aislado de los ciudadanos.

¿Participarán los “chalecos amarillos” en el “gran debate”? ¿Qué pasará con las divisiones que están apareciendo? Una nueva etapa política se abre este año marcada también por las elecciones europeas del 26 de mayo del 2019.

*Corresponsal desde París

En esta nota