El uso del Poder Judicial como herramienta de persecución política del Gobierno y de distracción de la crisis económica fueron algunos de los factores que movilizaron a Ricardo Nissen para postularse en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En una entrevista con El Destape, analizó la injerencia de Mauricio Macri en la administración de justicia, que comparó con la última dictadura cívico-militar, cuando la cúpula de las Fuerzas Armadas establecían las decisiones de los magistrados. "El nombramiento de dos jueces supremos por decreto es demostrativo del desprecio con que el actual gobierno interpreta las instituciones de la Nación", describió.

El candidato por los abogados de Capital Federal de la lista Compromiso con la Constitución irá en fórmula con la laboralista Natalia Salvo. Las elecciones del 9 de octubre definirán al nuevo consejero, en un organismo clave para la administración de justicia en una época de desprestigio social de los tribunales.

Nissen fue titular de la Inspección General de Justicia entre 2003 y 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. En su gestión generó el marco regulatorio que desterró a las sociedades offshore de Argentina, uno de los instrumentos predilectos de Macri pero también de organizaciones delictivas trasnacionales, usualmente utilizado para el lavado de dinero y tráfico de armas y drogas.

¿El Consejo de la Magistratura hace bien su trabajo?

A esta altura de las circunstancias, y luego de mas de veinte años de comenzado el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el descreimiento de la ciudadanía en el desempeño de este Organismo es ampliamente mayoritario, a lo cual no es ajeno la pésima opinión que se tiene sobre la administración de la justicia y el funcionamiento de los tribunales en general, temas sobre los cuales existe un consenso absolutamente negativo del 85% de la población.

Si entonces partimos de la idea que, siendo una de las funciones del Consejo de la Magistratura, el procedimiento de elección de los jueces, esa aplastante mayoría en la consideración negativa del servicio de la justicia no puede dejar fuera la labor de dicho organismo, que nadie advierte como independiente, sino como un apéndice del poder ejecutivo, en especial en estas épocas, en donde la persecución política de dirigentes opositores configura actualmente una política de estado y para lo cual se necesita la existencia de jueces predispuestos a cumplir esos mandatos. Lo expresado no era una mera opinión mía, sino que el propio Presidente de la Nación lo ha reconocido expresamente en diversas oportunidades cuando se refirió negativamente respecto de ciertas sentencias y resoluciones judiciales que no se acomodaban a su gusto y sus conveniencias, argumentando que ellas no formaban parte de lo acordado y que la persistencia de esos precedentes iba a provocar un cambio de los magistrados responsables de su dictado.

En definitiva, y salvo honrosas excepciones, la ciudadanía considera al Consejo de la Magistratura como una escribanía del Poder Ejecutivo y los ejemplos de la desvinculación del consejero Ruperto Godoy, resuelta por la mayoría del Consejo de la Magistratura y la destitución del camarista Eduardo Freiler, constituyen claros ejemplos de que el Consejo de la Magistratura ha sido activo cómplice de la pérdida del Estado de Derecho que actualmente nos afecta.

¿Recuerda alguna época donde haya habido un nivel de intervención similar del Poder Ejecutivo en la Justicia?

La respuesta, en términos generales, es afirmativa. El masivo rechazo de los recursos de habeas corpus en las épocas de la desaparición de personas, durante la dictadura militar (1976-1983) fue también un claro ejemplo de la interferencia del Poder Ejecutivo en la administración de la Justicia. También es claro ejemplo de esa inadmisible injerencia, la persecución de los dirigentes y ciudadanos peronistas luego de la revolución de 1955 y la llamativa similitud de la actuación del actual juez Claudio Bonadío con los magistrados Luis Botet y Tiburcio Alvarez Prado, con activa actuación aquellas épocas nefastas, en las cuales no se respetaban los derechos humanos y en el principio de la igualdad en el trato, garantizada constitucionalmente para todos los habitantes de la Nación.

Sin embargo, lo que llama la atención -aunque no sorprende demasiado, atento la empatía de los simpatizantes del actual gobierno con las dictaduras militares anteriores- es que la actual intervención del Poder Ejecutivo en la Justicia, en especial -aunque no exclusivamente- en los tribunales penales federales, se lleva a cabo en épocas democráticas, donde es un gobierno surgido del sufragio popular la que ha incurrido en las gravísimas prácticas que hoy se traducen en la persecución y privación de la libertad de los funcionarios del anterior gobierno, con aplicación de la descabellada doctrina “Irurzun” o la destitución de jueces que fallan en contra de las políticas oficiales, así como en el acatamiento por parte de la mayoría del Consejo de la Magistratura que dispone, en clara obediencia de las estrategias del actual gobierno, el ilegítimo y permanente traslado de magistrados de un tribunal a otro, para evitar de esa manera la revocación de fallos de primera instancia que cuanto menos merecen el calificativo de absurdos, descabellados o simplemente carentes de toda legitimidad.

¿Algún presidente había intentado nombrar jueces supremos por decreto?

Que tenga conocimiento, ningún gobierno democrático intentó tal recurso, y el primero que lo hizo fue el actual, cuando pretendió nombrar por decreto presidencial a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rossatti en diciembre de 2015, violando todos los procedimientos expresamente previstos para la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes se prestaron a semejante maniobra, aunque finalmente los mismos fueron designados por el Senado durante el mes de Junio de 2016. Ello es demostrativo del desprecio con que el actual gobierno interpreta las instituciones de la Nación y los procedimientos expresamente previstos para la designación de los jueces de la Nación.

¿Por qué no avanza ninguna de las denuncias contra Mauricio Macri y sí contra Cristina Kirchner?

Porque en épocas en que poco se repara en la existencia de conflicto de intereses por parte de determinados funcionarios o en la ilegitimidad de ciertas actuaciones reñidas con la ley, como la participación en sociedades off shore, y donde existe un clarísimo, indisimulado y persistente ocultamiento de hechos o actuaciones de los actuales funcionarios por parte de la prensa adicta al gobierno, así como una enorme influencia del Poder Ejecutivo de la Nación sobre los tribunales penales federales, resulta muy difícil que las causas promovidas contra “el mejor equipo de los últimos cincuenta años” -de los cuales cada vez quedan menos- puedan actualmente prosperar. Y si a ello se le suma que lo único que puede exhibir el actual gobierno de Cambiemos es la persecución política, lo que satisface plenamente a su núcleo duro de seguidores, caracterizado por un acervado odio a las políticas populares y sociales, interrogante se contesta por sí solo.

Finalmente tampoco puede olvidarse que la persecución y encarcelamiento de empresarios opositores y posterior inhabilitación de los mismos para ejercer cargos públicos, es actualmente una política de la región y, particularmente en la República Argentina, la proscripción del peronismo en todas las elecciones acaecidas entre 1958 y 1973 constituyen antecedentes históricos que no pueden dejar de tenerse en cuenta al momento de interpretar la persecución que se está llevando contra la ex presidente Cristina Kirchner.

¿Los jueces como Bonadio tienen un rol importante en esto?

Tienen un rol fundamental, pues son los instrumentos con que cuenta el Poder Ejecutivo para lograr sus propósitos y evitar que la justicia se convierta en un obstáculo para la implementación de sus políticas. La existencia de personajes como Claudio Bonadío y la descarada implementación del forum shopping para forzar su actuación en las causas más resonantes del momento constituyen la mejor explicación de la indebida injerencia del Poder Ejecutivo en la administración de la justicia, la existencia de causas escandalosas como el de los célebres y desaparecidos cuadernos, que no hacen otra cosa que distraer la atención de la gente de los verdaderos problemas y la real situación económica y social por la que atraviesa la República Argentina, mediante una desopilante causa de la cual solo cree el núcleo duro del macrismo y sus incondicionales odiadores de los intereses populares.

La causa de Correo Argentino es un emblema de las que no avanzan contra Macri; lleva 16 años sin que pague la deuda que tiene con el Estado ¿Cómo es posible que la Justicia se tome tanto tiempo para un proceso que no suele durar más de tres años?

Por la conocida inoperancia de los tribunales y por la complicidad -activa o pasiva- de algunos magistrados que han sabido sacar provecho de estos verdaderos escándalos, que han salido a la luz como consecuencia de la actuación que calificamos como heroica del Ministerio Fiscal, el cual ha puesto al descubierto una verdadera maniobra de vaciamiento del patrimonio nacional.

Pero quiero aclarar que no todas las causas que tienen a la familia Macri como protagonistas duermen el sueño de los justos. La causa promovida por Mauricio Macri contra su padre, para obtener una sentencia declarativa de certeza en lo que respecta a su absoluta ajenidad respecto de su participación en las sociedades off shore “Fleg Trading SA” y “Kagemusha SA”, fue tramitada en menos de nueve meses, entre los años 2016 y 2017, obteniendo el actual presidente de la Nación un éxito resonante e inmediato, a lo que no fue ajeno la rebeldía de su padre y la inexistencia de recursos de apelación contra la sentencia definitiva. Verdaderas curiosidades de nuestra administración de justicia.

¿Por qué decidió en 2005 desde la Inspección General de Justicia declararle la guerra a las off shores y prohibirlas en el país?

Por las mismas razones que ahora he aceptado mi candidatura a integrar el Consejo de la Magistratura por los abogados, esto es, para terminar con ciertas prácticas totalmente contrarias a nuestro derecho. Por aquellas épocas – año 2003 – y merced a un incomprensible silencio de la Inspección General de Justicia, el país se había convertido en una fiesta de las sociedades constituidas en paraísos fiscales y de consumación de todo tipo de maniobras ilegítimas efectuadas por un empresariado totalmente desapegado a la legitimidad. Por ello acepté integrar ese organismo de control, para poner fin a ese estado de cosas, mediante una intensa actividad que culminó, luego de varias resoluciones generales, y en materia de sociedades off shore, con la prohibición de las sociedades constituidas en guaridas fiscales de inscribirse en los registros mercantiles de la Ciudad de Buenos Aires, política que se mantuvo hasta la asunción del actual gobierno, en el cual participan funcionarios muy apegados a la operatoria off shore, y con la cual han hecho su descarada fortuna. Hoy el problema es la administración de justicia y la declinación del Estado de Derecho como consecuencia de una incalificable injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial de la Nación y creo que, desde el Consejo de la Magistratura, se podrá aportar algún granito de arena para poner fin a este estado de cosas.