La afirmación del ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, en el evento por el 50° aniversario de la Comisión Nacional de Valores (CNV), si bien extrema, no está exenta de realismo. El Gobierno de Cambiemos retiene un consenso electoral casi intacto respecto los votos alcanzados en la primera vuelta de 2015, que fue del 34%, con un balance de sus cuatro años de gestión de resultado económicos absolutamente negativos, reflejados en las proyecciones del Presupuesto 2019, que la mayoría de los analistas pronostican como peores para el año próximo.

En efecto, con estas previsiones, en el lapso 2016-2019 la economía se habrá contraído -2,3% del PBI, a razón del -0,6% promedio anual, con tres años de caída (2016/2018/2019) y sólo uno de suba (2017), la inflación acumulada fue del 188,9 % a razón de un promedio anual del 30,4%, la desocupación ha aumentado un 65,5% pasando del 5,8% a fines del 2015 a 9,6% a mediados del 2018 y, finalmente, la deuda pública explotó del 44 % del PBI a una proyección del 87% del PBI para el 2019, siendo insustentable en las condiciones originalmente pactadas.

Indudablemente un Gobierno que mantiene intacto su apoyo electoral de origen, a pesar de haber agravado los problemas de inflación, desempleo, endeudamiento y estancamiento económico, revela que las palabras del ministro no parecen desacertadas, aunque suenen provocadoras.

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La historia de la democracia reciente establece una correlación bastante estrecha entre economía y resultado electoral. La crisis de 1989 desalojó del gobierno a la UCR, la crisis de 1995 (efecto "Tequila") no impidió la reelección de Menem porque sus efectos más agudos se sintieron con posterioridad al comicio y la economía había atravesado previamente un ciclo de fuerte expansión y cambio de paradigma modernizante en el período 1991-1994. No obstante, dicha crisis decretó el agotamiento del régimen de Convertibilidad, que se hizo sentir en la derrota de Duhalde en 1999. Después del colapso de 2001, Cristina triunfó contundentemente en 2007 y 2011, resultado de gestiones de fuerte crecimiento económico y distribución progresiva de ingresos. Sin embargo, cuando el modelo reflejaba los límites impuestos por el estrangulamiento del sector externo para continuar su expansión, Scioli perdió en 2015, si bien por poco margen.

La Alianza Cambiemos pareciera quebrar esa estrecha relación entre apoyo político y devenir de la economía y retiene un tercio del respaldo ciudadano apelando a la ideología. Macri pretende consolidar en el imaginario popular que el único derecho que merece ser defendido es el de la propiedad privada, mientras que los derechos sociales, educación, salud, vivienda, salario y jubilaciones dignas conforman un reclamo de los “pobres” y los “vagos”.

Es un profundo debate ideológico en el que los derechos constitucionales consagrados son sólo los del artículo 14, en tanto que el artículo 14 bis debiera ser suprimido.

Es indudable que esto plantea un gran desafío a los argentinos, porque, al decir de Dujovne, enfrentar este programa de ajuste y revertirlo implica un conflicto de aristas desestabilizadoras para la democracia. No se trata de políticas públicas que pueden ser sometidas al juicio de las urnas sino de proyectos totalizadores con fuerte anclaje en determinadas clases sociales dispuestas a defender sus privilegios de un modo singular desde 1983 al presente.

Cambiemos busca consolidar la adhesión de las clases más acomodadas, persuadiéndolas de que cualquier avance social distributivo de los ingresos pone en riesgo la estabilidad política y las perjudica directamente. Sin duda en las grandes ciudades del país los ciudadanos de ingresos medios y medios altos que trabajan 10 horas diarias para sostener su nivel de vida son permeables a este discurso porque requieren de una clase subalterna que las asista en su devenir cotidiano. Estos hombres y mujeres, muchos de ellos profesionales, comerciantes, industriales, requieren servicios personales de baja calificación y bajo costo. Empleadas domésticas, cocineras, niñeras, jardineros, chicos de los mandados (delivery) y encargados de edificios son necesarios para contar con el confort suficiente en sus casas después de jornadas laborales extendidas.

Cualquier intento de poner un piso remunerativo a esos servicios personales de baja calificación por la vía de políticas que impulsen el pleno empleo y la regulación estatal protectora a través de mínimos salariales y programas sociales, son vistos por esa clase social urbana como una intromisión en sus necesidades de mano de obra barata e inmediatamente surge la estigmatización ampliamente conocida de los beneficiarios de un Estado de bienestar.

Cambiemos plantea un conflicto de clases de un modo que no había sido explicitado desde la dictadura cívico-militar, cuestionando uno de los grandes logros de la democracia argentina que era el reclamo aún muchas veces frustrado de ampliación de derechos sociales.

El peronismo, como movimiento social amplio y poli-clasista se encuentra sumergido en un profundo debate para abordar este reto. En una columna anterior describimos la estrecha relación entre la división del peronismo y la crisis del sector externo que surcó las cuatro experiencias justicialistas. Ahora se agrega al debate que pueda soldar la fractura el conflicto de clases que Dujovne expresó sin anestesia al legitimar el actual programa de ajuste. El macrismo ha hecho suya la frase del Bertold Brecht: “no hay peor fascista que un burgués asustado”.