La primera semana de debate público sobre aborto legal, seguro y gratuito en Diputados dejó en claro dos posiciones: por un lado, la de quienes discuten sobre cómo avanzar en el reconocimiento de derechos; por el otro, quienes tienen la voluntad de obstaculizar y demorar esta discusión histórica.

Por la mañana profesionales de la salud, juristas, artistas, periodistas y especialistas desarrollaron argumentos científicos, médicos, filosóficos y jurídicos con la seriedad y compromiso que amerita una discusión histórica sobre un derecho humano negado a las personas gestantes. Por la tarde se escucharon opiniones y comparaciones forzadas, mostraron fotografías, dibujos de bebes desmembrados y vídeos tendenciosos. La mayoría de los discursos en contra incluyeron frases machistas, clasistas y racistas. Mitos y falsedades que ubican a las niñas, adolescentes y adultas no como sujetas de derecho sino como ciudadanas de segunda sobre las cuales se opina y se decide. También mostraron un desconocimiento o incumplimiento de la legislación vigente. No por nada se los califica como anti-derechos.

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“En ningún caso apoyo el aborto. No puedo. No puedo admitir la muerte de ese ser vivo”, dijo la doctora Eda Lía Abad Monetti, directora del Sanatorio Municipal Julio Méndez, cuando la diputada del FpV Mayra Mendoza le preguntó qué haría ante una mujer discapacitada víctima de violación que quiere abortar. Antes de exponer en Diputados la doctora podría haber leído el artículo 86 del Código Penal, que desde 1921 reconoce que el aborto es legal en casos de violación y de peligro para la vida o la salud de la mujer.

Los representantes anti-derechos trazaron líneas argumentales a favor de las maternidades forzadas y ensayaron insólitas respuestas para prevenir abusos y violaciones. “El embarazo producto de violación frenó los abusos”, dijo la doctora en Ciencias Jurídicas de la UCA, Úrsula Basset. “La niña del caso FAL se salvó de seguir siendo abusada gracias a su embarazo. Reflexionemos y no hagamos leyes cómplices del abuso”, insistió. La maternidad forzada no previene abusos, la Educación Sexual Integral vigente desde 2006, sí.

Otras declaraciones, como la de Oscar Botta, provocaron risas entre los periodistas que cubrían la audiencia. El director de la ONG ProFamilia dijo que iba a hablar de las implicancias geopolíticas del “crimen” del aborto. “Los violadores, los narcos y los estafadores quedan libres; con el crimen del aborto a los únicos a quienes se les aplicará la pena de muerte es a los niños no nacidos”, dijo.

La principal estrategia de la corporación anti-derechos, esta primera semana, fue vaciar de sentido frases o discursos más vinculadas a la lucha por los derechos humanos forzando comparaciones imposibles. Botta, por ejemplo, dijo que "el aborto atenta contra nuestra seguridad demográfica. Y constituye una verdadera desaparición forzada de persona". No es casual que hayan recurrido a esos términos. En la misma línea de comparaciones imposibles, Cristina Miguens, de la revista Sophia, equiparó al aborto con el Holocausto. “El aborto libre conduce a la eliminación sistemática de personas con discapacidad”, dijo el abogado Nicolas Laferriere. Una afirmación tan absurda como falsa.

Otra comparación imposible: Ernesto Beruti, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Austral, minimizó las muerte por aborto comparandolas con las muertes por accidente de tránsito.

La mayoría de los discursos en contra del aborto fueron ignorados en las redes sociales. Solo una de las oradoras atrajo la atención al punto tal de convertirse en tendencia en Twitter. Lorena Fernández se presentó como vecina de la Villa 31 y habló desde una posición adultocéntrica y contra el derecho al placer y la autonomía de las adolescentes. “Hoy en día, las chicas de 13 y 14 años no piensan con la cabeza, sino con la bombacha. Los hombres dicen 'yo te quiero, dame la pruebita del amor'. Van a un hotel, le bajan el calzón a la pendeja, le dejan un hijo y nadie se hace cargo", dijo.

Fue por más. "A mis amigas que tienen 5, 6 hijos les pregunto '¿qué opinan del aborto'', y me dicen 'son unas trolas las que abortan, porque se fueron a garchar, no pensaron, se chuparon todo, no pensaron en el hijo que iba a venir por un momento de calentura'", agregó.

Entre las posiciones delirantes de quienes se expresan contra los proyectos de ley que buscan despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo también hay matices que permiten entrever la estrategia de los antiderechos. El médico Diego Montes de Oca dijo que “a la mujer que aborta no hay que penalizarla. Es una víctima”. Ante una pregunta de la diputada del Frente para la Victoria, Mayra Mendoza, el obispo villero Gustavo Carrara respondió en la misma línea. “Podría tener un tratamiento especial y no ir presa. Eso no significa que un aborto sea legal. Hay otra vida ahí", dijo.

La discusión no puede abordarse desde la óptica de la moral, la ética, la religión o únicamente la experiencia personal porque se trata de un tema de salud pública y derechos humanos. Las muertas por abortos inseguros son femicidios de Estado: 3030 murieron por abortos clandestinos desde el regreso de la democracia hasta ahora. “Entre 1992-2012 en Tucumán se criminalizaron 534 abortos”, explicó la abogada Soledad Deza, a favor del proyecto de la Campaña nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

No es suficiente discutir en términos de despenalización como intentaron plantear desde la corporación anti-derechos. Abortar es un derecho porque tiene que ver con la posibilidad de decidir y elegir con autonomía, con un ejercicio de soberanía sobre el propio cuerpo. Es por eso que es fundamental que vaya acompañado con la implementación de la ley de Educación Sexual Integral y el acceso a la anticoncepción. El debate debe ser cómo el Estado garantizará este derecho negado a mujeres y personas gestantes.