La alianza Cambiemos no solo se financió robando identidades de personas humildes, docentes y cartoneros de la CTEP, sino que también utilizó a miles de trabajadores estatales: hay más de dos mil empleados públicos que figuran aportando miles de pesos a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich, incluyendo a policías, militares y trabajadores judiciales, algo que está estrictamente prohibido por ley.

Según un relevamiento realizado por El Destape, existen 2099 empleados públicos de dependencias nacionales, provinciales, municipales y entes autárquicos que, según los registros oficiales, aportaron dinero a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Embed

Entre los principales "financistas" figuran unos 111 empleados de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, dependencia en la que se encontraba desempeñando funciones Mateo Nicholson, el funcionario provincial que fue expulsado de su cargo luego que se difundieran audios donde arreglaba sobreprecios en la compra de cocinas escolares. Según los registros, los trabajadores de esa área del gobierno provincial contribuyeron con $1.572.700.

Pero eso no es todo, otros 135 trabajadores del Gobierno de la Ciudad también se acordaron de hacer sus contribuciones a la campaña de la Provincia: El Destape encontró a unos 135 trabajadores de Horacio Rodríguez Larreta aportando $2.041.400, y a otros 46 trabajadores de la Gobernación de la Provincia, de María Eugenia Vidal, otorgando $1.956.500.

Embed

Por su parte, otros 33 trabajadores del ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley, que se encuentra en la mira por la posible filtración de identidades de personas beneficiarias de planes sociales para hacerlas pasar como aportantes de campaña, también dieron unos $654.800 a la campaña de Ocaña y Bullrich eventualmente.

Sin embargo, existen otros casos que directamente violan de lleno la ley de financiamiento partidario, y que incluso, de confirmar que aportaron dinero a la campaña electoral y que se afiliaron al PRO de María Eugenia Vidal podría costarles el puesto laboral: existen dos personas que figuran dadas de alta como trabajadores de la Fiscalía de Estado de la Provincia por $64.400, un trabajador del Estado Mayor General de la Armada que habría contribuido con $16.500 y otro de la Policía Federal Argentina que aportó $6.700 en tres oportunidades.

Por último, los trabajadores municipales tampoco se salvaron de la maniobra: 650 empleados de 81 distritos distintos también aparecen contribuyendo $4.252.800 a la campaña oficialista. Si bien muchos de ellos trabajan para municipios oficialistas, existen una enorme cantidad de casos que desconocen sus aportes, e incluso 15 de ellos están afiliados al Partido Justicialista, y otros 86 afiliados a otros partidos políticos, como el GEN, el Frente Renovador y hasta el Partido Comunista.

Uno de los casos más salientes es el de Pablo Portell, hijo del ex presidente del Club Atlético Banfield: según los registros oficiales, Portell figura como afiliado al PRO de María Eugenia Vidal y aportante de $12.000 a la campaña oficial, sin embargo, es acérrimo opositor en territorio bonaerense, dado que actualmente ejerce el cargo de Subsecretario de Fiscalización y Habilitaciones de Lomas de Zamora, del peronista Martín Insaurralde.

En esta nota