La oficina de escuchas que maneja la Corte Suprema de Justicia dio una nueva muestra del descontrol que hay en torno a su manejo. En un intento de lavarle la cara, seleccionaron algunos periodistas para que recorran sus instalaciones. Pero en lugar de lavarla la ensuciaron más. En una de ellas, con Telefé Noticias, cometieron una serie de irregularidades que incluyó la muestra de teléfonos que están intervenidos y revelación de información sensible.

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El Destape consultó sobre el contenido del especial televisivo a la fiscal Cristina Caamaño, que estuvo al frente de la oficina de escuchas cuando esta dependía del Ministerio Público Fiscal, y a un ex directivo de la Agencia Federal de Inteligencia. Los dos coinciden en que se violaron varios parámetros de seguridad que rigen en esta oficina tan sensible.

El que comandó la visita guiada a la oficina de escuchas de la Corte es Juan Tomás Rodriguez Ponte, que está al frente de la “Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación” (DAJuDeCO) dentro del cual pasó a funcionar la “Oficina de Captación de Comunicaciones”. Rodriguez Ponte recaló en ese lugar por iniciativa del juez Ariel Lijo, de quien oficiaba de secretario letrado, y está concursando para ocupar el sillón de juez federal que dejó vacante Norberto Oyarbide.

A los 8 minutos del especial, Rodriguez Ponte guía al periodista Rodolfo Barili a la Subdirección de escucha directa. “Es el único lugar de la dirección donde a requerimiento judicial nosotros podemos escuchar”. A los 8.05 del video se ve la pantalla de una computadora con un listado de números de celular y la palabra Operativo entre paréntesis. Son los que están intervenidos.

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“No se puede mostrar las pantallas con los números telefónicos intervenidos que se están escuchando en forma directa. Ahí se rompió la confidencialidad. Los números telefónicos es el tema más delicado, lo que más hay que cuidar, acá los filmaron”, indicó la fiscal Caamaño. El ex funcionario de la AFI consultado por El Destape reafirmó lo que dice Caamaño.

Otro de los momentos clave de la entrevista es cuando el periodista le consulta a Rodriguez Ponte si además de los llamados pueden “pinchar” el WhatsApp. “Con la tecnología que tenemos actualmente en la dirección no es posible intervenir WhatsApp”, contesta Rodriguez Ponte. De ser cierto, revela un dato muy útil para evadir el control de esa oficina. “No debería decir que no hay tecnología para intervenir el Whatsapp”, sostuvo Caamaño, que explicó: “Eso vulnera la confidencialidad que dice asegurar. Durante nuestra gestión ante esa pregunta siempre respondimos que por ‘cuestiones de seguridad’ no lo podíamos contestar. Ahora todos los secuestradores y narcotraficantes saben que se pueden comunicar libremente por Whatsapp. Una locura”.

Durante la recorrida, Rodriguez Ponte guía al periodista por las distintas oficinas que se distribuyen en el edificio de Avenida de los Incas 3834. En el camino, se ven los rostros de buena parte de su personal. Para la fiscal Caamaño, es otra de las irregularidades. “Tampoco se deberían filmar a los empleados que trabajan en las escuchas. La transparencia pasa por explicar como se realizan las escuchas no por filmarlas”, afirma.

En sus explicaciones, Rodriguez Ponte enfatiza en que se cumplen todas las medidas de seguridad y que su responsabilidad termina con la entrega del CD a la persona autorizada por el juez o con el envío del mismo por Correo Argentino. “Es lo más seguro que hay”, afirma Rodriguez Ponte sobre el envío postal. La fiscal Caamaño, que estuvo al frente de ese organismo, plantea lo contrario: “El envío por Correo Argentino es muy vulnerable, son comunes los robos de los bolsines del Correo, por eso nosotros habíamos avanzado en una entrega ‘punto a punto’ que era un mail encriptado y por otro lado, llegaba una clave al juez en un sobre para poder escuchar el audio. A pesar que duplicaron el personal y triplicaron el presupuesto no avanzaron nada en tecnología y volvieron los agentes de la SIDE a sostener el sistema informático”.

Este tipo de recorridas no son una novedad. “Durante la gestión de la Procuración realizamos reuniones con periodistas de todos los medios. Este programa parece armado para limpiarles la cara y demostrar que la filtración no proviene de ahí, aunque tampoco quedó claro. La Procuración también había conformado un grupo de asociaciones de Derechos Humanos interesadas en cómo se llevaban adelante las escuchas y con los que manteníamos reuniones permanente, entre ellas Ilsed, Inecip, Cels, ADC, Poder Ciudadano y ACIJ ”, recuerda Caamaño.

En el informe televisivo, Rodriguez Ponte da a entender que las filtraciones de las escuchas a Oscar Parrilli fueron responsabilidad de los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, por orden del juez Ariel Lijo y autorización del juez Martin Doctrina Irurzun, fueron los que hicieron esas escuchas y las retiraron del edificio de Avenida de los Incas. Nada dice del convenio firmado entre la Corte y la AFI, rubricado por el juez Irurzun y el amigo presidencial Gustavo Arribas que, claramente, responden al presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y a Mauricio Macri. Ese convenio permitió que los agentes de la AFI realizaran escuchas directas. En su artículo 16, establece: “La Dirección se compromete a arbitrar los medios para permitir a la AFI realizar escuchas directas autorizadas judicialmente (…) requeridas judicialmente en causas de su competencia”. Tampoco explicó porqué el juez Lijo ordenó las escuchas directas en una causa vinculada al narco Ibar Pérez Corradi cuando éste ya estaba detenido, por lo que no había ninguna urgencia para escuchar a Parrilli online. Tampoco explicó la intervención de un organismo que depende del Poder Ejecutivo (la AFI) en escuchas a su principal opositora política.