El Ejecutivo nacional enviará este mes al Congreso las reformas al Código Penal, entre las cuales, busca subir las penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes.

Según adelantó el portal oficialista Clarín, el presidente Mauricio Macri pidió apurar los últimos detalles del texto para girarlo al Senado y que comience a discutirse luego del Presupuesto.

Para la elaboración del anteproyecto, se conformó una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky que trabajó un año y medio en las modificaciones. Entre los detalles, el Código pasará de 320 artículos a 540 y buscará sistematizar leyes con contenido penal que estaban dispersas.

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Será una de las discusiones que se moverá en el Congreso, en una etapa con baja actividad, algo que se potenciará el año próximo con la campaña electoral. Aun así en el Gobierno consideraron que empujar esos temas tendrá el apoyo de buena parte de la opinión pública.

“Es un Código Penal que defiende valores que venimos planteando, el valor de la convivencia en la calle que ha tenido muy pocas sanciones. Eso tiene que empezar a cambiar. Y los extranjeros que violan la ley, reincidentes, deben tener consecuencias”, indicó un alto funcionario al portal.

En un contexto de conflictividad social por las políticas de ajuste de Macri y una crisis económica profunda, el Gobierno busca dar “respuesta” las protestas en la calle, ante lo cual, el proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización.

Con esa redacción el corte no constituiría delito, únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado. A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida “el ejercicio de derechos personalísimos” y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.

Desde la comisión redactora aseguraron que tomaron pronunciamientos de la Corte. “El delito de interrupción de los medios de transporte resulta compatible con el derecho constitucional a la protesta social”, aclaró Borinsky a Clarín, y explicó que “los últimos avances en la jurisprudencia y el derecho comparado exigen considerar restricciones razonables de modo, tiempo y lugar, de manera que se respeten los derechos de todos los individuos afectados”.

A su vez el nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial.

Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; de acuerdo con la normativa vigente no es delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.