Para hablar de las estrategias políticas y de marketing, que plantean un supuesto compromiso para terminar con las desigualdades de géneros, se recurre al concepto “Purplewashing”: lavado lila o lavado de imagen púrpura. Es la combinación de dos términos en inglés: purple y whitewash, que significa blanquear o encubrir. Es que el violeta es el color característico del feminismo. En resumen: usar el feminismo en favor de políticas coloniales, racistas y machistas. La Cumbre del Women 20, uno de los siete grupos de afinidad del G20, terminó este miércoles y el presidente Mauricio Macri estuvo en el Centro Cultural Kirchner para dar un discurso en el que intentó pintar de violeta las políticas de su Gobierno. Otra vez los dichos del “feminista menos pensado” fueron declamativos y se desarman cuando se contrastan con la realidad.

Macri recibió un comunicado redactado por las participantes de este espacio que, en teoría, busca la inclusión financiera, digital, laboral y el desarrollo de las mujeres rurales. En el texto, el grupo de afinidad le plantea recomendaciones. El discurso del presidente fue aplaudido, ovacionado, entre las mujeres emprendedoras y empresarias que terminaron agitando la canción cambiemita “Sí se puede”. La anfitriona era Susana Balbo, la ex diputada de Cambiemos es dueña de una de las bodegas más importantes de Mendoza. En paralelo, el Foro Feminista contra el G20 realizó múltiples actividades, conversatorios y charlas frente al Congreso para denunciar la farsa del W20.

En su discurso, Macri habló del "paso histórico" por la inclusión de la perspectiva de género en el Presupuesto 2019, que recordó que "compromete la intervención del Estado en políticas vinculadas al empoderamiento de las mujeres" para el año que viene. Sin embargo, la incorporación de la etiqueta “Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG)” no es más que un avance nominal y declamativo. Las organizaciones de la sociedad civil y feministas observaron en el presupuesto mejoras en relación principalmente a la transparencia, pero los derechos de mujeres, lesbianas, travestis y trans se ven vulnerados como consecuencia de la política de ajuste que implica recortes en programas y áreas claves para ellas

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) había logrado una partida total de $211.500.000 millones de pesos para 2018, resultado de las reasignaciones presupuestarias logradas durante el ejercicio, detalló un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). Para el 2019, se le adjudicará un total de $234.394.881. Si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, teniendo en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior.

Además, se produjo un retroceso respecto del peso del INAM sobre el total del presupuesto. Mientras que en 2018 representaba el 0,006% del presupuesto nacional total, para 2019 representa un 0,00005%. Por otro lado, en el proyecto de presupuesto se disminuyen algunas partidas que resultan clave para la prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, como es el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia (PNA) y las líneas de atención telefónicas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Las Líneas 137 y 0800-222-1717 para denunciar abuso sexual infantil y violencia de género tendrán en 2019 $301.790.243. En términos nominales implica apenas un 2% de aumento, pero en términos reales determina un ajuste del 24%.

"Cada joven debe poder elegir y planificar cómo y cuándo ser madres", dijo Macri frente a una platea mayoritariamente femenina. Y aseguró que el gobierno está trabajando para combatir el embarazo adolescente. Sin embargo, esta semana una nota publicada en La Nación y Chequeado en la que quedó demostrado que en los últimos dos años se redujo la entrega de anticonceptivos. En 2016, el ex Ministerio de Salud repartió sólo el 27% de los tratamientos de anticonceptivos hormonales que se había propuesto y solo cubrió al 37% de la población que lo necesita “una fuerte baja con respecto a 2015, cuando la cobertura fue del 82%”, según reconoce el propio Ministerio. En 2015 se habían distribuido más de 11 millones de tratamientos. En 2017, se redujo la meta de lo que esperaba repartir: pasó de 16 a 11 millones, y repartió 7,8 millones de tratamientos, una mejora en relación con el año anterior, aunque por debajo de los niveles de 2015.

Con respecto a la entrega de preservativos, en 2016 el gobierno repartió sólo el 20% de lo previsto, 18,4 de los 93,7 millones. En 2017 se esperaba entregar 113 millones, de los cuales se distribuyeron 42,7 millones, un número mucho mayor que el de 2016, pero todavía bajo, si se considera que equivale al 42% de lo previsto. Las cantidades distribuidas en años anteriores varían, pero en 2015 se habían repartido 52 millones de preservativos.

Macri fue aplaudido cuando dijo que su Gobierno "promovió el debate de la interrupción voluntaria del embarazo". No dijo que el 61% de los diputados y las diputadas del oficialismo rechazaron el proyecto que legaliza el aborto y en el Senado, la vicepresidenta Gabriela Michetti desarrolló distintas estrategias para evitar que el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se convierta en ley.

A su vez, recordó que el Congreso votó la Ley Brisa para reparar a los hijos e hijas de las víctimas femicidios. Se trata de una legislación que impulsó la sociedad civil organizada y que el gobierno nacional demoró dos meses en reglamentar.

El Presidente también habló de la inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo. Omitió las cifras de desempleo que superaron, de acuerdo a las últimas mediciones oficiales, los dos dígitos: 10,8 por ciento. Y el desempleo entre las mujeres jóvenes de entre 14 y 29 años alcanza el 21%.

En paralelo al coqueto W20, el Foro Feminista contra el G20 debatió en una carpa frente al Congreso la agenda que demandan mujeres, lesbianas, travestis y trans: el acceso al aborto, la tenencia de la tierra, los desplazamientos de las comunidades campesinas, los agrotóxicos, las tareas de cuidado que recaen con mayor fuerza sobre las espaldas mujeres, el difícil acceso a la educación sexual y reproductiva y una brecha de desigualdad cada vez mayor. Aunque se pinte de violeta, entre las políticas del Gobierno y las demandas de los feminismos hay un abismo.