Los vergonzosos sucesos de los que fuimos testigos el pasado sábado 24 de noviembre cuando, en ocasión del Superclásico entre River y Boca en la Ciudad, el gobierno de Rodríguez Larreta y todas las fuerzas de seguridad con jurisdicción en territorio porteño no pudieron garantizar la protección de la integridad física y los bienes de todos y todas los que iban a participar de dicho evento. Tanto jugadores, como simpatizantes y vecinos y vecinas del barrio de Nuñez fueron tomados de rehenes por un minúsculo grupo de inadaptados y, principalmente, por la Policía de la Ciudad que no solo no tuvo capacidad de prevenir y conjurar los incidentes delictivos sino que, además reprimió y agredió indiscriminadamente con gases y balas de goma a los asistentes al partido.

Las consecuencias de la impericia y la negligencia cuasi criminales del Ministerio de Justicia y Seguridad fueron de orden material: suspensión del partido y destrucción de bienes públicos y privados y fundamentalmente de orden humano. Las consecuencias fueron cuerpos lesionados y en el ánimo de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que vieron frustrada su ilusión de vivir un momento de pasión y esparcimiento y experimentaron la sensación de abandono total por parte de las instituciones que debían protegerles y garantizarles la alegría.

Esta escena no fue producto de la casualidad ni de oscuras conspiraciones elucubradas por mafias todopoderosas, más bien fue el corolario de una gestión de la política de seguridad por parte del PRO que como mínimo podemos calificar de desacertada, inoperante y poco profesional.

El comienzo de esta historia lo podemos ubicar el 18 de enero de 2016 cuando en la Legislatura porteña se convocó a una sesión extraordinaria para aprobar el convenio de traspaso de la superintendencia metropolitana de Policía Federal a jurisdicción de la Ciudad. Nuestro bloque, Unidad Ciudadana, se abstuvo en esa votación por considerar que el convenio era poco transparente y porque teníamos también serias dudas de que ese traspaso fuera la solución mágica a todos los problemas de seguridad que existían en la Ciudad. Así fue como en tiempo récord se fusionaron dos fuerzas de seguridad: PFA y Policía Metropolitana con historias, características de funcionamiento y estructura corporativa totalmente disimiles.

En noviembre de ese mismo año debatimos y aprobamos la Ley de Seguridad Integral 5688, que fue objeto de un amplio debate entre todas las fuerzas políticas representadas en la legislatura y a raíz de ello se construyeron importantes consensos sobre las características que debía tener la nueva Policía de la Ciudad. Los criterios de uso racional de la fuerza fueron un aspecto fundamental que se debía respetar en las prácticas cotidianas tanto en las intervenciones relacionadas con el delito como en aquellas en las que la fuerza debe intervenir para garantizar el derecho a protesta. Una ley que le daba al Ejecutivo todas las herramientas para gestionar el servicio de seguridad pública de manera eficiente, garantizando el respeto de los derechos humanos y las normas y desarrollando una policía profesional, moderna y eficiente.

Bueno. No. El 8 de marzo de 2017 la Policía de la Ciudad tuvo su episodio inaugural en la marcha convocada por el Movimiento de Mujeres y demostró lo que sería la impronta de la política de seguridad de Larreta: represión indiscriminada en manifestaciones públicas, persecución de trabajadores informales, espionaje y hostigamiento a la comunidad educativa con énfasis en las actividades de los estudiantes organizados, persecución a colectivos étnicos y minorías sexuales. Todo combinado con una aumento creciente de los delitos en todas las zonas de la Ciudad, barrios con zonas liberadas para robos de viviendas, comercios, autos y, para coronar el caótico panorama, internas no resueltas dentro de la fuerza y amplios sectores de oficiales disconformes manifestándose por diversos reclamos sectoriales.

El operativo fallido del Superclásico puso en escena para todo el mundo este cóctel explosivo: una Policía de la Ciudad incapaz de prevenir incidentes delictivos, que reprime indiscriminadamente y no puede gestionar exitosamente un espectáculo deportivo. Todo esto no tiene origen en una intrínseca maldad o inutilidad de los miembros de la fuerza de seguridad, la responsabilidad es política es del jefe de gobierno y de la conducción política del ministerio de Seguridad de la Ciudad.

La Alianza Cambiemos (Vamos Juntosm en la versión CABA) gestionó desde el primer día la política de seguridad con una fórmula que combina altas dosis de marketing con control indiscriminado del espacio público y escasa idoneidad en materia de resolución real de conflictos. Confiados en que el blindaje mediático alcanzaba para esconder las enormes fallas derivadas de la desidia y la inoperancia hicieron oídos sordos ante las múltiples advertencias que les hicimos desde la oposición.

La Policía de la Ciudad nos sale muy cara. En términos materiales en el presupuesto aprobado para el año 2019, en concepto de mantenimiento edilicio de Comisarías, se gastará ocho veces mas que en el mantenimiento de edificios escolares. Pero mucho más onerosa es en términos de nuestra calidad de vida y nuestra libertad ya que en los últimos tres años han aumentado sensiblemente los casos de violencia institucional según el informe que la CORREPI realiza ininterrumpidamente desde los años noventa.

Hoy estamos ante una situación crítica, con la renuncia del ministro Ocampo y su reemplazo provisional por parte del vicejefe de Gobierno Diego Santilli se develó que Rodriguez Larreta no cuenta con cuadros técnico/políticos idóneos para hacerse cargo de la seguridad de todos y todas. La Policía de la Ciudad, que tampoco tiene un Jefe nombrado según el procedimiento que ordena la ley, está provisoriamente a cargo del SubJefe.

En el marco del dantesco operativo de seguridad, con motivo de la Cumbre del G20, dio la vuelta al mundo la imagen y el relato de un catedrático canadiense asaltado y herido en pleno Puerto Madero que recibe como respuesta por parte de la autoridad policial “esto sucede varias veces por día”. Lo que no le informaron al canadiense fue “y nosotros no estamos haciendo nada para evitarlo”.