El discurso que pronunció el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en el marco del acto por la apertura del año judicial ante jueces y juezas de todo el país, dejó material para el análisis, pero no tanto por lo que dijo sino por lo que omitió. Esto permite decodificar el real sentido de su alocución a dos años del gobierno de Cambiemos y compararlo con lo que expresó en 2016.

Una breve reseña del discurso

Tras una serie de interrogantes, meramente retóricos y sin respuestas concretas, su extenso discurso estuvo plagado de lugares comunes y reiteraciones literales del discurso que dio en 2016, sin mostrar que hubiera habido avance alguno sobre idénticas cuestiones.

Continúa poniendo de manifiesto flagrantes contradicciones -explícitas e implícitas-, como la de adjudicar a la Corte iniciativas exitosas por la creación de numerosas Comisiones temáticas y luego denostar por inconducente la constitución de Comisiones para afrontar los nuevos desafíos. Otro tanto se advierte al plantear la importancia de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, destacando la colaboración del Poder Ejecutivo, pero sin apuntar a las causas reales o a la responsabilidad principal de entidades bancarias cuya actuación es evidente frente a esos delitos. Como tampoco a las actividades que le sirven de pantalla –como la industria de la construcción- sobre las que ninguna iniciativa ha tenido el Gobierno nacional y el Poder judicial brilla por su ausencia.

Lorenzetti recurre a planteos ascéticos y de una pretendida ingenuidad rayana en la hipocresía, reclamando un cooperativismo negacionista de una realidad plena de intereses contradictorios, como si la sociedad fuera un todo homogéneo identitario de la Nación. Esto deriva en un paroxismo francamente ridículo cuando invoca a la gobernadora Vidal en su mensaje a la Legislatura (quisiéramos que los jueces y juezas no sean designados conforme a sus relaciones políticas o judiciales, como si surgieran de un repollo), propone volver a los jueces de paz cuya falta de autonomía y arbitrariedades bien definía José Hernández en el Martín Fierro y señala –una verdadera humorada- el proceder del juez brasileño Moro como exponente de la necesaria independencia de los poderes judiciales.

Lo omitido

Las relaciones y pujas de poder, los sectores económicos hegemónicos controlantes de –y por ende protegidos por- muchos jueces, en particular en la Justicia Federal, y la función que hoy cumplen junto a los medios de comunicación concentrados para la desinformación de la población y la instalación de la denominada posverdad, eufemismo que refiere lisa y llanamente al falseamiento de la realidad, no merecen ninguna reflexión del Lorenzetti, limitándose sólo a enunciar los problemas de libertad de expresión dentro de Internet.

La falta de independencia del Poder Judicial promovida por el Gobierno (la imputación de jueces por el contenido de sus sentencias), la degradación de las instituciones de la República y del Estado de Derecho, la violación consentida –y amparada por magistrados- de garantías constitucionales básicas como las ligadas a la libertad de expresión, de protesta, de huelga, del debido proceso, no se cuentan en el discurso entre las preocupaciones que nos dice depara el Siglo XXI.

La alusión al caso Blumberg y a la tragedia de Once con una centralidad que, sin menoscabar la relevancia de las vidas truncadas en tales hechos, no tuvieron en el discurso de Lorenzetti los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar ni los femicidios en alarmante aumento años tras año y que, en ambos casos, muestran una morosidad e inacción de la Justicia inexcusables. Al igual que la ausencia de todo comentario acerca de la represión ilegal e injustificada de manifestaciones de protesta, que se cobran vidas inocentes, o sobre el aliento a las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia para constituirse en Policías del Pensamiento, que encubren o soslayan funcionarios judiciales.

La invocación de pensamientos que reclaman una Justicia de cara a la gente (citando a María Elena Walsh) o rechazan la idea de que los jueces atiendan a la plaza pública juzgando de acuerdo al aplauso de las mayorías para resolver si condenan o no (citando a Umberto Eco), constituye una evidente hipocresía a la luz de las demandas siempre satisfechas del Gran Hermano que mediáticamente impone el distanciamiento del Poder Judicial de las necesidades del pueblo e instala la sentencia condenatoria incluso antes de haberse iniciado un proceso.

El dilema falaz de la corrupción como problema a resolver, sin alusión alguna a quienes son sus promotores, responsables y principales beneficiarios, ni a la funcionalidad de mecanismos judiciales arcaicos para combatirla.

Cuerpo y espíritu

El Cuerpo Judicial, en verdad una Corporación en la que no ha permeado la democracia después de 35 años de recuperada, tiene la misión de decir el Derecho, eso significa jurisdicción.

Pero no hay Derecho sino se consagra la Justicia que es su verdadero espíritu, que en un Estado Democrático e Inclusivo implica no sólo aceptar, sino asegurar la igualdad, la libertad, la diversidad y las expresiones de disenso político.

Lo que ese Cuerpo no da el Espíritu lo reclama y, finalmente, lo conquista encarnado en otro cuerpo, el del Pueblo.