El fiscal federal Carlos Stornelli definirá su futuro político-judicial este martes. Está citado por cuarta vez a prestar declaración indagatoria, en el marco del affaire D’Alessio, que tramita en el juzgado federal de Dolores. Si se presenta y es procesado será recusado por las defensas en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Si no viaja los 218 kilómetros que separan los tribunales de Comodoro Py de la ciudad del interior bonaerense, será declarado en rebeldía y Alejo Ramos Padilla podrá pedir que se le inicie un jury para que pierda la inmunidad de la que goza como funcionario judicial.

El magistrado Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal, le dio un ultimátum al fiscal el pasado 22 de marzo. Stornelli debía declarar el pasado 22 de marzo pero pidió una postergación a través de su abogado Roberto Ribas. El juez lo citó para este 26 de marzo. Como fue la tercera ocasión en la que el titular de la fiscalía federal Nº 4 esquivaba la convocatoria, se le advirtió que si no se presenta será declarado en rebeldía. Es por eso que este martes se bifurcan los senderos judiciales para Stornelli.

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Si se presenta a la indagatoria, aunque no declare y presente un escrito, habilita al juez a que resuelva su situación procesal -tiene 10 días para hacerlo-. Se descuenta que lo procesará. Esto tendrá un efecto inmediato en la causa de las fotocopias de los cuadernos, donde los abogados defensores están esperando una resolución de la situación judicial de Stornelli en Dolores para accionar en su contra. Se esperan pedidos de recusación y nulidad. Podría haber algún tipo de resistencia porque las recusaciones las resuelve el propio juez de la causa (en este caso, Claudio Bonadio), pero son apelables.

Siguiendo esta línea, no faltan quienes creen que Stornelli podría excusarse en la causa de las fotocopias -antes de ser procesado- argumentando que lo hace para salvar el caso de un ataque que busca hacer caer la investigación. De esta forma, su salida del caso sería más elegante. No son pocos los que esperan que dé un paso al costado para descomprimir. De hecho, el Procurador General de la Nación interino (el jefe de los fiscales), Eduardo Casal, le esta buscando reemplazante. Y no lo está encontrando. Por lo pronto, Stornelli no se muestra muy entusiasmado con la idea de apartarse del expediente que se abrió con las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Este lunes, 30 diputados de Cambiemos iban a presentarle a Casal una nota de respaldo al fiscal.

La tercera opción es que el fiscal no se presente en Dolores, a sabiendas de las consecuencias. Inmediatamente, sería declarado en rebeldía. Esto llevará a Ramos Padilla a pedir un jury para removerlo del cargo, a fin de que pierda la inmunidad por la cual no se le puede restringir la libertad. Fuentes de la Procuración aseguraron que no puede ser llevado en un patrullero al juzgado de Dolores.

Pero la vía del “juicio político” no es inmediata. Es un proceso que debe transitar distintas etapas y tienen en el procurador a un actor decisivo. Casal ya demostró en más de una ocasión que suele manifestarse con los intereses del Poder Ejecutivo. Eso es tan cierto como que el avance de este caso, en el que Stornelli está imputado por 6 hechos y las pruebas son elocuentes, están desgastando su gestión.

No se puede pasar por alto que el viernes pasado la Cámara Federal de Mar del Plata -la instancia revisora de lo que sucede en el juzgado de Dolores- falló a favor de Ramos Padilla al rechazar el pedido de apartamiento y el planteo de nulidad que había hecho Stornelli.

En la misma sintonía, la Corte Suprema resolvió dotar de más recursos al juez que investiga la red de espionaje ilegal, lo que se interpretó como un respaldo al magistrado en su investigación En una acordada que lleva la firma de los cinco ministros, se autorizó a Ramos Padilla a contratar un secretario judicial y un jefe de despacho, en respuesta a un requerimiento suyo. También le facilitaron un automóvil.

En lo que hace al Consejo de la Magistratura, informaron a El Destape que se está resolviendo un contrato con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para prestarle al juez el servicio tecnológico que requiere para analizar la información secuestrada al agente Marcelo D’Alessio. Por caso, aún quedan analizar 3 de los 4 discos rígidos retenidos durante los allanamientos a la vivienda del extorsionador.

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