Los acontecimientos de esta semana han puesto de manifiesto un agravamiento de la violencia institucional, una agenda de gobierno signada por el FMI y la aquiescencia inescrupulosa de legisladores pretendidamente opositores. Un combo letal que depara un futuro por demás incierto para la Argentina.

Asumir la grieta

El cambio augurado con el fin de unir a los argentinos partía de presupuestos y proponía conductas que poco tuvieron de ciertas, como se constata con una simple mirada de lo ocurrido en el transcurso de estos casi tres años desde que se formularan esos enunciados.

Como sucede con el agua y el aceite está claro que hay diferencias imposibles de amalgamar, que no son producto de lo sucedido en este siglo sino que se remontan a mucho más atrás y que, en buena medida, se advierten desde los comienzos de la conformación de Argentina como Nación.

Convivir en la diversidad exige un compromiso serio de respetar reglas básicas de la vida ciudadana, y fundamentalmente política, que debe traducirse en actos concretos de esa naturaleza y en un regular desarrollo de las instituciones democráticas.

Sin embargo, existen diferencias insalvables cuando se plantea un país soberano y otro que sólo responde a intereses antinacionales. Lo que interpela al conjunto de la sociedad y demanda una especial atención sobre el sentido de las medidas de gobierno, como así también la identificación de las conductas que son funcionales a cada uno de esos proyectos.

Una semana que marcó límites

Las exigencias del FMI que sólo se dieron a conocer parcialmente o se inferían de las declaraciones de funcionarios apremiados por satisfacerlas, unido a los antecedentes de las fallidas metas planteadas en diciembre de 2017 para este año, imponían una difusión pública –que no se hizo- de los términos del nuevo acuerdo con ese organismo.

Saber los detalles de los compromisos que asumiría el Estado era de interés de todos por las consecuencias que significan para nuestro futuro, pero era indispensable para los legisladores que deberían analizar, debatir y en su caso aprobar el Presupuesto para el 2019.

La falta de datos precisos a ese respecto en el contexto económico y financiero actual, con el precedente de un primer proyecto de Ley de Presupuesto que dejara de inmediato expuesta su inconsistencia por la volatilidad de los mercados que desmentía sus previsiones, no permitía emitir un dictamen serio de Comisión y menos todavía su tratamiento en el recinto de la Cámara baja.

No obstante, igualmente se siguieron esos pasos y se obtuvo la aprobación, mediante negociaciones ostensiblemente espurias sin dar debate en Diputados. Los representantes del oficialismo y sus aliados optaron por no intervenir, limitándose a esperar la votación después de una maratónica sesión –no cubierta por los medios hegemónicos- y haciendo casos omiso de las fundadas críticas de los diputados de la oposición.

Tampoco se prestó atención a los reclamos populares que se manifestaban fuera del Congreso, más que para darles una feroz respuesta represiva tomando como excusa algunos disturbios provocados por personas ajenas a las distintas representaciones sectoriales responsables de la convocatoria.

La acción de las fuerzas de seguridad estuvo dirigida a distraer a la población respecto de lo que ocurría dentro del Parlamento, que era lo verdaderamente relevante, y a la detención selectiva de manifestantes que se retiraban pacíficamente. Se trató de una cacería realizada en zonas alejadas del lugar inicial de la concentración y de los simulados enfrentamientos.

El sentido opositor

El desguace del Estado, del aparato productivo nacional y la indisimulada intención –en buena parte ya concretada- de cargar todos los costos de la crisis en los trabajadores, los jubilados y los grupos más vulnerables, es de una gravedad inusitada.

Una crisis provocada por las políticas de la Alianza Cambiemos, que ha generado un nivel de endeudamiento externo que no tiene antecedentes, cuyas consecuencias condicionarán seriamente al próximo gobierno y, de avanzarse en igual rumbo, condenarán a la pobreza a varias generaciones impactando también, como ya se advierte, en los sectores medios de la sociedad.

En la oposición, en cualquiera de sus vertientes –partidarias, gremiales o sociales-, recae la enorme responsabilidad de ponerle fin a estas políticas, porque está claro que es falso –como livianamente suele decirse- que si le va bien al Gobierno nos irá bien a todos. Puesto que el Gobierno viene llevando adelante las medidas que se propuso desde un inicio, favoreciendo a quienes realmente responde y está a la vista lo que como contrapartida le ocurre a la gran mayoría de la población.

De obtenerse la sanción por el Senado de la Ley de Presupuesto, que es altamente probable, se pondrá en juego el destino de la Nación. No sólo por efecto de los enormes recortes de los gastos sociales e inversiones estratégicas -en materia de infraestructura, ciencia y tecnología, educación, equipamiento industrial-, sino porque el pago de los servicios de la deuda –que se prevé incrementar aún más- terminará exigiendo la entrega de los bienes y riquezas del país como ya ocurriera en la década del 90’.

La unidad como exigencia

Todos los acontecimientos pueden ser objeto de distintos relatos, lo discursivo es una vía apta para hacer, deshacer o rehacer los hechos. Pero ello no basta para invisibilizar defecciones ostensibles de los principios partidarios y las propuestas electorales en base a las cuales accedieron a sus bancas muchos legisladores, ni admite el olvido de esas actitudes.

La amplitud que debe guiar la búsqueda de la unidad requiere deponer enconos coyunturales, impulsar generosas convocatorias, alentar la mayor participación en un espacio común, como también resignar legítimas ambiciones personales.

Presupuestos que no contradicen un inexorable ejercicio de memoria a la hora de definir alianzas, reclamando definiciones concretas que revelen no sólo un compromiso propositivo superador sino un verdadero rol opositor de las políticas antipopulares y antinacionales impulsadas por el Gobierno.