La Unidad de Información Financiera (UIF) relaja los controles de operaciones sospechosas de lavado de dinero. Lo hace a través de elevar el monto mínimo de algunas operaciones que deben ser informadas a esa oficina antilavado, que recientemente pasó de la órbita del Ministerio de Justicia al del Hacienda.

A través de la resolución 104, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la UIF elevó de 500 mil a un millón de pesos el valor mínimo a partir del cual una operación inmobiliaria debe ser informada ante esa dependencia para controlar el origen y finalidad de ese dinero. Si la operación se hiciera en efectivo, esa obligación se da a partir de los $400 mil (antes era de $200 mil).


Asimismo, las operaciones de compraventa de automotores, que hasta este momento debían ser notificados a partir de los 600 mil pesos, ahora lo será desde los 900 mil, lo que significa un 50% de aumento.

Hasta hoy, cualquier compra de bienes hecha en una sola operación de 50 mil pesos debía ser informada. Ahora, con la nueva normativa, ese umbral se eleva hasta los 100 mil pesos. Además, la demanda de presentar DDJJ de origen lícito de origen y destino pasa de los $200 a los $400 mil. En tanto, los sujetos recién deberán presentar documentación que respalde que el dinero es de origen lícito pasa de $500 mil a $900 mil.

Las tarjetas de crédito también quedan bajo un control más laxo, ya que las empresas emisoras de dichos medios de pago debían enviarle los datos de los consumos a la UIF cuando estos superaban los 4 mil pesos en el exterior y los 40 mil en la Argentina. Ahora, esa imposición se da cuando los consumos alcancen un mínimo de 8 y $80 mil, respectivamente.


La UIF argumentó esta medida, que reforma otras resoluciones del 2011 y 2012, con que "durante el transcurso del plazo de más de cinco años se ha depreciado significativamente la moneda nacional" y por lo tanto "los incrementos de precios de los bienes y servicios establecidos (...) han desnaturalizado el objeto perseguido por dichas pautas".

Por ley, este organismo que hoy administran el ex FMI Mariano Federici y la ex abogada de HSBC María Eugenia Talerico, monitorea operaciones que, por su habitualidad o monto, puedan estar vinculadas con presuntas operaciones de lavado.