La política de disciplinamiento judicial que impulsa el oficialismo no escatima apartamientos. El fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, puede dar un nuevo testimonio del estado de situación. Es que el Procurador General interino, Eduardo Casal, lo desplazó de la estratégica Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de la Seguridad Social (UFISES). Desde allí, con denuncias de alto impacto, De Vedia incomodaba al poder. Su caso no pasó desapercibido, sobre todo, con el acuerdo entre el Gobierno y el FMI en el medio, que promete recortes de fondos públicos. El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, organismos de DD.HH., fiscales, jueces y dirigentes del Frente Renovador, el bloque Justicialista, el Movimiento Evita y el Frente para la Victoria, entre otros, salieron en respaldo de De Vedia con una solicitada en la que se pidió su restitución. El documento tuvo su correlato en el Congreso, donde hubo presentaciones de proyectos de repudio a la remoción.

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La solicitada, de una transversalidad político-partidaria que incomodó al Gobierno, sostiene que “la decisión del Procurador Interino es consecuencia de inconfesables presiones políticas”.

Acto seguido, el documento “Defendamos el sistema de seguridad Social. Restitución del fiscal Gabriel De Vedia”, resalta que muchas de las medidas adoptadas por el fiscal desplazado“permitieron preservar los derechos de los jubilados, a la vez que molestaron a distintos factores del poder político y económico, que ha venido presionando para su desafectación de la UFISES”.

Entre los casos más resonantes que impulsó De Vedia y tuvieron a funcionarios de Cambiemos en la mira se destaca la denuncia contra el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, quien fue llamado a indagatoria por la perjudicial venta de acciones de Petrobras Argentina, que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), a Pampa Energía, empresa conducida por el amigo del Presidente, Marcelo Mindlin. Esto generó un perjuicio para el estado.

No fue el único hombre cercano al jefe de Estado en la mira del fiscal. El ex titular de la UFISES también acusó al Ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien integró el Comité Ejecutivo del FGS y “desde allí habría desviado recursos previsionales en favor de un fondo de inversión (AXIS), del que fue director y titular hasta el 4 de diciembre de 2015, días antes de llegar al Gobierno”.

Otro funcionario denunciado –y que se recuerda en la solicitada- fue Luis María Blaquier, también ex Director del FGS hasta fines de 2016. De Vedia apuntó contra él porque habría continuado ligado a las empresas Cablevisión y Arcor y promovido desde el FGS la compra de acciones de esas empresas en “beneficio personal o de terceros”.

El nivel de apoyo que cosechó el fiscal desplazado puso en aprietos a la actual conducción del Ministerio Público Fiscal que cruzó llamados para informarse cómo se gestó el respaldo.

Rubricaron la solicitud de restitución desde el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, y el Grupo de Curas Opción por los Pobres a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. A nivel legislativo acompañaron desde las diputadas del Frente Renovador Graciela Camaño y Mirta Tundis al justicialista Diego Bossio o el kirchnerista Axel Kicillof. También sumaron su adhesión el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y el titular de La Bancaria Sergio Palazzo, como el diputado y titular de la CTA, Hugo Yasky, por citar sólo algunos ejemplos.

Consultados por El Destape, desde la Conferencia Episcopal Argentina indicaron que Monseñor Ojea participó de la adhesión “a efectos de conocer al fiscal De Vedia y su familia desde hace mucho tiempo”. Ojea es el hombre que prefería el Papa Francisco para ser el presidente de la CEA por su perfil social. El vínculo con De Vedia se remonta a su juventud. La familia del fiscal, de alguna forma, está cruzada por el vínculo con la Iglesia. Uno de sus nueve hermanos es el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, quien también rubricó la solicitada.

El desplazamiento también provocó una reacción en el Congreso. Por ejemplo, se presentó un proyecto de repudio en el que se cuestiona al sucesor de De Vedia y se pregunta por los verdaderos motivos del apartamiento. Está impulsado por el Frente Renovador y el Movimiento Evita. Uno de los firmantes es el diputado por el FR, Daniel Arroyo.

En diálogo con El Destape, Arroyo señaló:“Lo desplazaron de un lugar estratégico, el más importante. El consenso en el repudio es transversal y no es nada sencillo tener consenso transversal. Va a haber un acompañamiento de partidos de la oposición sólido. Deben reponerlo en el cargo”, dijo.

De Vedia, quien también es fiscal de la Seguridad Social en primera instancia, se anotició de su apartamiento de la UFISES el 28 de mayo vía mail.

Casal argumenta a su favor -con mucho cinismo- que el propio De Vedia pidió ser trasladado a la Fiscalía Nacional del Trabajo Nº 3 y por ende desentenderse de la UFISES, algo poco verosímil. No sólo por el perfil del funcionario judicial apartado. Sino también por los antecedentes de Casal, que no lo favorecen. Desde que asumió, fue funcional a los intereses del Ejecutivo con distintas resoluciones y, por ejemplo, desplazó a Juan Pedro Zoni de la fiscalía federal desde la que investigaba el Correogate.

Lo cierto es que De Vedia había recibido la propuesta de ocupar interinamente la mentada fiscalía laboral además de su propia fiscalía en el fuero de la Seguridad Social y la UFISES. Atento a la demanda que esto implicaba aceptó la propuesta de la Procuración de designar a un coordinador en la unidad, una suerte de asistente, que le permitiera organizar el trabajo. Sería un hombre de su confianza. Pero no abandonaría la tutela de la fiscalía especializada: iba a llevar a las investigaciones preliminares desde la fiscalía.

Por eso, en su única cita pública hasta el momento, De Vedia aseguró: “Yo no renuncié ni explícita ni implícitamente a la UFISES”. Tras la jugada de Casal, el fiscal realizó una presentación pidiendo ser restituido en el cargo.

Hasta el momento, Casal ubicó como sucesor a Gabriel González Da Silva, quien no es especialista en Seguridad Social. A De Vedia formalmente se lo corre para que no tenga tres cargos pero González Da Silva está al frente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y subroga una fiscalía en Bahía Blanca. Nadie explicó cómo estará en los tres sitios al mismo tiempo habiendo entre la Capital Federal y la mentada localidad bonaerense más de 600 kilómetros de distancia.