La política laboral del gobierno de Mauricio Macri ha incluido, desde sus primeros días, un fuerte ataque sobre los puestos de trabajo. Desde el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA – Autónoma) denuncian que entre el 1º de diciembre y el 4 de marzo hubo 68.563 despidos colectivos y amenazas de despidos, de los cuales 37.627 se produjeron en el sector público y 30.936 en el sector privado.

"Inicialmente el gobierno nacional buscó presentar este ataque como parte de un proceso de modernización estatal, afirmando que gran parte de las desvinculaciones afectaban a trabajadores que no cumplían con sus obligaciones laborales.

Esta argumentación comenzó paulatinamente a perder centralidad por diversos motivos: en primer lugar, por la constatación de que los despidos en el sector público alcanzaban no solo a trabajadores del Estado Nacional, sino también a los provinciales y municipales, sin importar la fuerza política a cargo de la administración de cada distrito; en segundo lugar, por la existencia de miles de casos de trabajadores que desmienten una y otra vez aquella afirmación; finalmente, por el hecho de que el Gobierno Nacional ha comenzado a impulsar el cierre o desarticulación total de áreas estatales, despidiendo a los trabajadores que en ellas se desempeñaban", afirma el documento.

Por otra parte, cabe destacar que se trata de despidos y amenazas colectivos, que han sido denunciados por las organizaciones sindicales o por los propios trabajadores, por lo que tampoco están relevadas las pérdidas de puestos de trabajo que no llegan a difundirse públicamente y que, por distintas razones, encuentran mayores obstáculos para ser resistidas sindicalmente.

"En particular debemos citar el caso de la industria de la construcción, donde los representantes sindicales de la UOCRA denunciaron la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo. En este sentido, una aproximación a la situación en esta actividad la dan los reportes de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)", advierte el informe.

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