En medio de la corrida cambiaria y la crisis económica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmó la acordada 26/18 en la que fijó su presupuesto de gastos para el ejercicio 2019. Solicitó $10.118.765.831 para el año próximo, de los cuales el 20% piensa destinar a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), una mini SIDE paralela que está bajo la órbita del Alto Tribunal y se creó cuando se hizo el traspaso de la oficina de escuchas, que estaba en manos del Ministerio Público Fiscal tras ser extirpado de la AFI. Se creó en febrero de 2016, dos meses después de que Mauricio Macri asumiese en la Casa Rosada.

De acuerdo al documento que rubricaron los cinco cortesanos y el secretario general de administración Héctor Marchi el 24 de agosto pasado, la DAJuDeCO necesita $2.072.952.545 para funcionar. De ese total, a la inversa de lo que sucede con el presupuesto solicitado para el resto de la Corte, el 58% ($1.205 millones) se utiliza para “bienes de uso” mientras que un 38% ($786 millones) para salarios. El resto, $81.000 millones se destinan a “bienes de consumo” y “servicios no personales”. Estas cifras reflejan el rol que adquirió este órgano de inteligencia que nació con el macrismo.

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Según se desprende de la acordada, la DAJuDeCO posee 641 “empleados” de los cuales 328 son permanentes y 313 están contratados como personal temporario. Lo curioso de esta cifra es que la planta permanece igual que la de este año pero se reduce el personal fijo (es de 391 en 208) y aumenta el temporario (es de 250). Un dato extra: se trata del triple de personal del que revestía en todo el país en la oficina de escuchas cuando ésta estaba bajo el mando de la Procuración General de la Nación (el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones -DICOM-). Cuántos de aquellos integrantes pertenecen a la exSIDE y a otras fuerzas es una incógnita.

Los $10.118 millones proyectados por la Corte para su “normal” funcionamiento en medio del ajuste fiscal anunciado por el Gobierno implican un salto del 22,2% de aumento con respecto al presupuesto 2018, que se había estimado en $8.280 millones. Esto luego puede ampliarse durante el desarrollo del año.

Descontando lo que se gira a la DAJuDeCO, la Corte solicita administrar $8.045 millones de los cuales $7.095 millones calcula para gastos de personal, que asciende a 4.091 empleados (sólo en la estructura que depende del Alto Tribunal).

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Carlos Maqueda y el mentado Marchi dedicaron un apartado a justificar su solicitud ante el reclamo de ajuste que hace el Poder Ejecutivo: “Se han realizado las previsiones de gastos teniendo en cuenta la proyección de recursos estimada, manteniendo de esta manera el equilibrio fiscal preponderando el criterio de establecer los requerimientos de manera prudente y moderada”.

Y agregó un matiz, que evidencia las tensiones reinantes en esa materia: “Que el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Subsecretaria de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda ha comunicado los ‘techos presupuestarios’, los que resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Ahora estos cálculos deben ser girados al Ejecutivo que lo acumulará en el Presupuesto 2019que debe ser aprobado por el Congreso de la Nación.

Lo estimado por los supremos es sólo para la Corte. El presupuesto de todo el Poder Judicial lo administra el Consejo de la Magistratura y se calcula en más de $30.000 millones, los que en su amplia mayoría (generalmente, un 85%) se utiliza para cubrir los sueldos de los funcionarios judiciales.

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El presupuesto 2019 de todo el Poder Judicial aún no fue estipulado por este órgano y la Corte le pasó factura por ello: “El Tribunal ha decidido establecer mediante esta acordada los requerimientos propios toda vez que la fecha, el Consejo de la Magistratura de la Nación no ha informado a esta Corte sus previsiones presupuestarias para presentar sus necesidades”.

El máximo tribunal del país esperaba la estimación para el 15 de agosto. Según informaron a El Destape, el consejo aprobaría esta semana el presupuesto y lo girará a la Corte, que acumulará ambas proyecciones y los enviará al Ejecutivo.

El rol de la DAJuDeCO

Con 641 personas y un presupuesto de $2.000 millones para muchos integrantes del mundo judicial la DAJuDeCO ya es un órgano de inteligencia paralelo a la AFI.

Su directorio está encabezado por los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra y su director ejecutivo es Juan Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario del Juzgado Federal de Ariel Lijo.

No sólo es la única dependencia oficial autorizada a realizar escuchas telefónicas. También firmó convenios con la AFI, que comanda el amigo del Presidente, Gustavo Arribas; la AFIP, la UIF y el Ministerio de Justicia. Y hace desde análisis financieros a perfiles económicos y rastreos en redes sociales.

Un caso paradigmático de utilización política del material que administra esta dependencia se dio con la filtración de las escuchas a la exmandataria Cristina Kirchner y el ex secretario de la Presidencia y titular de la AFI, Oscar Parrilli.

Un documento al que accedió El Destape reveló el paso de las escuchas a la actual senadora y Parrilli por el despacho de Juan Ramella, quien encabeza la Subdirección de Escucha Directa en la DAJuDeCO. A su cargo también estuvo la transcripción y la custodia del material.

Ramella tuvo un paso por el juzgado de Lijo y es un hombre vinculado al operador judicial del PRO, Daniel “Tano” Angelici, vía Juan Bautista Mahiques, funcionario del Ministerio de Justicia que representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura –también pasó por el juzgado de Lijo-. A su vez, está relacionado con Pablo Garcilazo, a quien en el mundo judicial señalan como el hombre fuerte detrás de Mahiques. Responde también a Angelici. Su hijo Gonzalo Diego Garcilazo Menéndez trabaja en la oficina de escuchas.

Además, la DAJuDeCO tiene como empleados a hijos de magistrados y fiscales. Por citar tan solo algunos casos: allí prestan funciones los hijos del fiscal Carlos Stornelli –impulsa el caso de los cuadernos- y de su par Eduardo Taiano así como de los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Marcelo Aguinsky, entre otros.

Se trata de Mateo Stornelli (escribiente), Santiago Taiano (escribiente auxiliar), Malena Canicoba (jefa de despacho) y Nicolás Aguinsky (jefe de despacho).