La fiscal general de Paraguay se salva de un juicio político y el ex presidente Cartes se anota una victoria

El Congreso votó en contra de abrir un juicio político a Sandra Quiñónez, una funcionaria que según la oposición y parte del oficialismo ha bloqueado las investigaciones contra el ex mandatario, hoy señalado como la cabeza de un esquema regional de lavado de dinero. 

08 de agosto, 2022 | 20.26

El debate, plagado de chicanas y agravios, se prolongó durante semanas y en cada semana el poroteo cambiaba. Pero este lunes, finalmente, el Congreso de Paraguay votó en contra de la apertura de un juicio político a la fiscal general, Sandra Quiñónez, una funcionaria acusada por la oposición y parte del oficialismo de obstaculizar sistemáticamente las investigaciones contra el ex presidente Horacio Cartes.

El ex mandatario necesitaba esta victoria luego que el Gobierno estadounidense le asestara un duro golpe al declararlo persona con una presunta “participación en corrupción significativa” y le impusiera sanciones, una decisión que empoderó a sus detractores -que lo señalan como cabeza de un esquema de lavado de dinero regional que involucra hasta grupos narcos en Brasil- en medio de la fuerte interna que protagoniza con el actual presidente Mario Abdo Benítez para quedarse con la presidencia del poderoso Partido Colorado, la fuerza que gobernó el país con una sola interrupción desde la vuelta de la democracia. 

 

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La votación final terminó con 15 legisladores a favor del juicio político, 28 en contra, tres abstenciones y 34 ausentes. Cuando había quedado claro que no les alcanzaban los votos para ganar la pulseada, la mayoría de la oposición y una parte de la oficialista bancada colorada -la parte que responde al presidente Abdo Benítez- decidió retirarse para no dar quórum y evitar la derrota. Hasta el presidente de la cámara, el liberal Carlos María López, se retiró de la sesión y tuvo que asumir la dirección del pleno el cartista Raúl Latorre.

Sin embargo, un grupo de diputados liberales -un partido opositor pero que posee un sector considerado cercano al ex presidente Cartes- se quedaron y permitieron que se diera por terminado el debate y se avanzara con la votación. 

Una decisión en un momento político clave

No es la primera vez que la fiscal general está en el ojo del Congreso. De hecho, es la tercera vez que el Poder Legislativo archiva un intento de juicio político en su contra. Pero esta vez el debate coincidió con un momento muy sensible, especialmente para el oficialismo colorado. El proceso comenzó en paralelo al trabajo de una Comisión Investigadora en el Senado, que está acumulando todas las denuncias que hace años circulan contra el ex mandatario Cartes y la evidencia, según las autoridades del órgano, de que Quiñónez bloqueó cualquier posibilidad de investigarlo y juzgarlo de manera imparcial. 

"Paraguay se está convirtiendo en el centro del lavado de dinero en la región", sentenció el titular de la comisión investigadora, el senador Jorge Querey, en una reciente entrevista con el diario Última Hora. Unas semanas antes, la prensa local había filtrado un informe de un organismo antilavado del Gobierno paraguayo que había sido entregado a la Fiscalía General liderada por Quiñónez para advertirle que las empresas de Cartes "entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico".

En medio de esta creciente tensión pública contra Cartes, un dirigente al que el ex presidente Mauricio Macri califica como su "amigo", se conocen dos datos que no hicieron más que echar más nafta a la escena política: primero que el mismo avión de bandera venezolana y matrícula iraní que fue detenido en Ezeiza en junio pasado y encendió las alarmas de Estados Unidos por la tripulación iraní, había viajado el mes anterior desde Paraguay hasta la isla caribeña de Aruba con una carga de cigarrillos de la empresa de Cartes valuada en 755 mil dólares. Solo un mes después, el Gobierno estadounidense sorprendió y declaró que el ex mandatario y magnate tabacalero tenía una presunta “participación en corrupción significativa”, un calificación oficial que lo inhabilita a entrar a Estados Unidos a él y a sus hijos. 

La movida de Washington tomó por sorpresa a varios en Asunción ya que actualmente el Poder Judicial norteamericano no tiene abierta ninguna causa contra el ex mandatario o contra alguien de su círculo íntimo para justificar el posicionamiento público. "No es la primera vez que Estados Unidos lo investiga a Cartes. Antes de que sea presidente, en 2013, le había abierto una investigación", explicó a El Destape Fernando Martínez, doctor en Ciencias Sociales, especialista en partidos políticos de Paraguay y profesor de Ciencia Política de la UBA. También recordó que el dictador Alfredo Stroessner "había metido a Cartes en los 80 por fuga de divisas" y que un tío suyo también fue detenido por traficar droga en aviones.

Aunque existían antecedentes, la decisión de Estados Unidos de interferir en lo que Martínez califica como "un momento álgido en Paraguay" despertó muchas sospechas. "Todo esto sucede cuando hay una disputa dentro de las internas coloradas, en las que Cartes se presenta como candidato a presidente del Partido Colorado. Es un cargo que importa. Además, sus candidatos a presidente y vice también están arriba en las encuestas", explicó. En diciembre, el mismo día que todos los paraguayos voten en las primarias de las fuerzas de cara a las elecciones de marzo de 2023, en el oficialismo colorado elegirán a sus nuevas autoridades y la batalla es nada más y nada menos que entre Cartes y el actual mandatario, Abdo Benítez.

La interna dentro del oficialismo se volvió tan feroz en los últimos tiempos que, hace solo unos días, cuando se negociaba frenéticamente por los votos en Diputados, el presidente aseguró en un acto oficial en clara referencia a su rival correligionario: "No es culpa del presidente los que se van por el camino torcido. ¿Qué culpa tiene el presidente de las actividades ilícitas de tal o cual sector? ¿Qué culpa tiene el presidente si alguien tiene contactos o hizo negocios con un avión que está al servicio del terrorismo? ¿Qué culpa tengo yo, para decir que yo les persigo? Yo no persigo a nadie. ¿Quién controla la Fiscalía de Paraguay? ¿Marito? No, si Marito es el presidente 'débil'. Que cada uno rinda cuentas de sus actos", se quejó el mandatario que todos en el país vecinos llaman familiarmente "Marito". 

"La disputa interna en el Partido Colorado es la gran disputa en Paraguay", destacó Martínez para explicar la importancia de la elección y por qué la declaración de Estados Unidos fue leído por algunos en Asunción como una interferencia en esa pulseada. Sin embargo, la relación bilateral con Estados Unidos es amplia y compleja. Prueba de ello es que en el momento más álgido del debate por el juicio político a Quiñónez en la Cámara Baja del Congreso y de denuncias de la comisión investigadora del Senado, la fiscal general recibió a una delegación de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos y hasta recibió un reconocimiento por su trabajo de parte de esos funcionarios norteamericanos

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