El Tribunal Supremo español ordenó demoler un complejo urbanístico de lujo ubicado en la región de Extremadura, en el oeste de España, por considerar que se encuentra construido en una zona protegida, algo denunciado hace 14 años por grupos ecologistas.
Después de muchos años de litigio, el Tribunal Supremo ordenó la demolición de Marina Isla Valdecañas, un complejo construido sobre una isla artificial de 135 hectáreas ubicada a 176 kilómetros al oeste de Madrid.
Por la demolición de la isla, que cuenta con más de 180 casas, un hotel de lujo, piletas, playas y un campo de golf, la Junta de Extremadura (Gobierno) podría tener que pagar 145 millones de euros.
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Estas construcciones representan sólo el 33 por ciento de las proyectadas, que son las que se llegaron a hacer desde que se encaró la obra, a pesar de que estaba abierta en la Justicia la causa que originó el fallo de hoy, destacada días atrás por el diario El País y ampliada en esta jornada por el rotativo extremeño Hoy.
"El Marina Isla Valdecañas desde el primer momento es ilegal porque es un espacio protegido", dijo un integrante de Ecologistas en Acción, uno de los grupos que denunció hace 14 años que el complejo estaba construido sobre un área protegida, informó el medio local Antena 3.
Por su parte, los propietarios de Valdecañas argumentan que la demolición traería una gran cantidad de pérdidas.
"Tendría un enorme costo para las arcas públicas de la Junta de Extremadura y, en definitiva para el bolsillo de todos los extremeños", dice el abogado de los propietarios del complejo, en alusión al empleo que trajo a la zona la urbanización de la isla.
Pese a que los sectores ecologistas celebraron el fallo de la Justicia, algunos vecinos sostienen que si desaparece muchos de ellos perderán su empleo.
En el 2007, la Junta de Extremadura aprobó la construcción de este complejo que con el tiempo ganaría el nombre de “la Marbella extremeña”.
Al año siguiente, el grupo Ecologistas en Acción denunció que el complejo “Marina Isla de Valdecañas” se construyó sobre una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y perteneciente a la Red Natura 2000, un área de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea (UE).
En 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ordenó la restitución de los terrenos a su estado original, previo a la construcción, informó el medio local El País.
Sin embargo, una fianza de 41 millones de euros evitó que se frenen las obras.
Desde entonces pasaron por alguna de las viviendas de la isla, valuadas en 500.000 euros, la familia del expresidente José María Aznar (1996-2004), el cantante venezolano Carlos Baute y altos directivos de los principales bancos y empresas de España.
Con información de Télam
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