Después de que el jurado de enjuiciamiento definiera el apartamiento de Luis Carzoglio por 90 días, la defensa del magistrado denunció que el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, "ejerció presión" sobre su accionar como juez para que “imparta justicia a fin de obtener una resolución acorde” a sus intereses. Por ello, pidió que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública por parte de este funcionario judicial.

El apartamiento de Carzoglio, como adelantó El Destape, está vinculado a una denuncia de Conte Grand por el otorgamiento de arrestos domiciliarios y otra, del doctor Mateo Laborde, del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por el allanamiento del Colegio de Avellaneda-Lanús. Ninguna causa vinculada a la investigación sobre Independiente y el pedido de detención de Pablo Moyano por presunta asociación ilícita con la barra brava del club de Avellaneda.

Lo que denunció el magistrado, que negó la detención del camionero pedida por el fiscal Sebastián Scalera, es que el Procurador General bonaerense lo acusó por mal desempeño en 2017 y no realizó ningún movimiento hasta el 4 de abril de este año, cuando solicitó su apartamiento como magistrado. Según pudo saber El Destape, que tuvo acceso a la denuncia, Carzoglio aseguró que “el disparador en la actualidad para impulsar mi apartamiento, o mejor dicho poner en funcionamiento el aparato político a efectos de apartarme, tiene nombre y apellido, y el mismo es Pablo Moyano”. O sea, su negativa a detenerlo.

Ese 4 de abril, además, Carzoglio denunció que Conte Grand brindó una conferencia de prensa para preparar “un camino por si mi respuesta era negativa a su pedido” de prisión preventiva para los acusados de la causa por abusos sexuales en la pensión de Independiente, expediente que llegó a su juzgado el 22 de abril. A contramano de las suposiciones del Procurador, denunció el juez, los pedidos de prisión preventiva fueron convalidados. Sin embargo, Carzoglio reveló que recibió visitas constantes de un secretario de la UFI 4, de Soledad Garibaldi, para “ejercer presión sobre mi accionar al momento de administrar justicia como Juez en las Investigaciones Penales Preparatorias de su interés”.

Este pedido de apartamiento, Carzoglio lo definió como un “carpetazo”, pero “nada pasó”. Sin embargo, denunció el magistrado, la avanzada continuó con la misma operatoria utilizada “desde enero del año en curso por agentes de la AFI hasta que el Dr. Sebastián Scalera pidió la detención de Pablo Moyano, y mi resolución fue no hacer lugar”.

Carzoglio relató que a principio de año recibió la visita de dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que le manifestaron el interés de Mauricio Macri en la causa Independiente y la detención de Pablo Moyano. La negativa al pedido “hizo estallar al Procurador, porque no sólo salió por todos los mismos medios que siempre utilizó, sino que también lo hizo apretar el botón “rojo” (metafóricamente hablando) y decidió retomar el mismo pedido de apartamiento de fecha 4 de abril del año en curso”.

Desde la defensa del magistrado, aseguraron a El Destape que la causa por los aprietes de los agentes de la AFI no avanzó en todos estos meses. Según pudo saber este medio, Carzoglio, en un principio, no había interpretado ese acercamiento como una amenaza hasta que estalló el escándalo por su negativa a detener a Pablo Moyano.

Pese a haberlo denunciado, la causa está estancada, denunciaron, en la UFI 4 de Soledad Garibaldi. “Conte Grand es el jefe de los fiscales, por ende es el jefe de la fiscal Garibaldi, que es la que lleva adelante la causa donde denunció Carzoglio” los aprietes, lo que explicaría su estancamiento, detallaron.