Una jueza federal anuló el lunes una orden del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener todas las aprobaciones federales para nuevos proyectos de energía eólica, diciendo que los esfuerzos de las agencias para implementar su directiva eran ilegales y arbitrarios.
Las agencias, incluidos los Departamentos de Interior y Comercio de Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), han estado aplicando una directiva para detener todas las nuevas aprobaciones necesarias para proyectos eólicos tanto en tierra como en alta mar, a la espera de una revisión de las prácticas de arrendamiento y concesión de permisos.
Poniéndose del lado de un grupo de 17 estados liderados por demócratas y el Distrito de Columbia, la jueza de distrito Patti Saris en Boston dijo que esas agencias no habían dado explicaciones razonadas de las medidas que tomaron para llevar a cabo la directiva que Trump emitió en su primer día de regreso al cargo el 20 de enero.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
No podían legalmente, en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo, negarse indefinidamente a revisar las solicitudes de permisos, añadió Saris, quien fue nombrada por el presidente demócrata Bill Clinton.
La fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, cuyo estado lideró el desafío legal, calificó el fallo de "gran victoria en nuestra lucha por seguir haciendo frente a la crisis climática" en un mensaje en las redes sociales.
La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo en un comunicado que Trump a través de su orden había "desatado el dominio energético de Estados Unidos para proteger nuestra seguridad económica y nacional".
Trump ha tratado de impulsar el apoyo del Gobierno a los combustibles fósiles y maximizar la producción en Estados Unidos, el principal productor mundial de petróleo y gas, después de hacer campaña para la presidencia con el mantra “drill, baby, drill” (“perfora, chico, perfora”).
Los estados, encabezados por Nueva York, presentaron una demanda en mayo, después de que el Departamento del Interior ordenara a la noruega Equinor que paralizara la construcción de su proyecto eólico marino Empire Wind frente a las costas de Nueva York. Aunque el Gobierno permitió que se reanudaran los trabajos en Empire Wind, los estados dicen que la pausa más amplia en la concesión de permisos y arrendamientos sigue teniendo efectos económicos perjudiciales.
Los estados dijeron que las agencias que implementan la orden de Trump nunca dijeron por qué estaban cambiando abruptamente la política de larga data que apoya el desarrollo de la energía eólica.
Saris estuvo de acuerdo, diciendo que la política "constituye un cambio de rumbo de décadas de agencias que emiten (o deniegan) permisos relacionados con proyectos de energía eólica".
Los demandados "admiten cándidamente que el único factor que tuvieron en cuenta para decidir dejar de conceder permisos fue la orden del presidente de hacerlo", escribió Saris.
Un grupo del sector de la energía eólica marina celebró la sentencia.
"La revocación de la paralización general ilegal de las actividades de concesión de permisos para la energía eólica marina es necesaria para alcanzar las prioridades energéticas y económicas de nuestro país, que consisten en conectar rápidamente más energía a la red, mejorar la fiabilidad de la red e impulsar miles de millones de nuevas inversiones estadounidenses en la fabricación de acero y la construcción naval", dijo en un comunicado Liz Burdock, directora ejecutiva de Oceantic Network.
Con información de Reuters
Cerrar sesión