Con un escueto comunicada de apenas un párrafo, la Corte Suprema de Justicia comunicó que el fallo que beneficia a los genocidas con el cómputo del 2X1 de su condena continúa firme y que la resolución tomada el miércoles por el caso del represor Jorge Appiani sólo "tomo posición sobre el pedido de prórroga de prisión preventiva".

"Ante publicaciones periodísticas referidas a la decisión adoptada en el acuerdo del martes 6 de marzo en la causa FPA 13007824/2003 “Appiani, Jorge Humberto y otro s/ legajo de apelación”, esta Corte considera oportuno aclarar que en dicha causa solo se había solicitado al Tribunal que se pronuncie sobre la prórroga de la prisión preventiva que le fuera impuesta al recurrente y que fuera confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná en función de lo normado por el artículo 1 de la ley 25.430 que sustituyó el artículo 1 de la ley 24.390. La Corte no se pronunció al respecto y aplicó al caso la fórmula del artículo 280 del CPCyCN", afirmó la Corte Suprema.

Hace un año. el fallo del caso "Muiña" dio el beneficio del 2x1 (una ley derogada en 2001) a un represor de la última dictadura militar, situación que llevó a que otros genocidas exijan el cómputo de sus condenas. La decisión de la Corte había generado un masivo repudio popular que terminó con la promesa del Máximo Tribunal de emitir un fallo aclaratorio que de marcha atrás al beneficio.

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El jueves, emitió un fallo que confundió a algunos medios que comunicaron que terminaría con el 2x1. En la decisión sentenciaron que se rechazaba por "inadmisible" un recurso de prisión preventiva que había presentado Jorge Humberto Appiani, un ex militar y abogado condenado a 18 años de prisión en la megacausa Area Paraná por secuestros y torturas de 27 víctimas.

El polémico fallo "Muiña" le había dado el beneficio del cómputo del 2x1 del tiempo que pasó en prisión preventiva, lo que le daba por culminado su condena. La ley había sido derogada en 2001, pero los jueces habían determinado que le correspondía la aplicación de la "ley penal más benigna", pese a que la causa se inició luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en 2003.

Por la presión social, y hasta una suerte de rebelión interna de los propios jueces, el Congreso sancionó inmediatamente una ley que aclaraba que la ley del 2x1 no podía computarse para casos de delitos de lesa humanidad. Luego, la Corte anunció que iba a sacar un fallo aclaratorio, algo que por el momento no ocurrió casi un año después.