El Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti, señaló que la reforma del Código Procesal Penal porteño conlleva “graves restricciones a la libertad personal, además de limitar, injustificadamente, el derecho a la asistencia y la defensa en juicio”. Asimismo, la calificó de “regresiva” y aseguró que “el objetivo es alejar a la defensa pública de las comisarías”.

Actualmente, todo imputado tiene derecho a ser asistido desde el primer instante en que es detenido, pero la nueva redacción del artículo 28 del Código permitirá a las fuerzas de seguridad diferir, de forma arbitraria, el derecho de ser asistido por un/a defensor/a, desde ese primer momento. “El ejercicio del derecho a la asistencia jurídica podría estar supeditado a la efectiva propuesta de la persona imputada y de este modo se sustituirá al verdadero titular de la obligación de garantizar la asistencia, que es el Estado”, aseguró Corti.

La presencia del Defensor/a en el lugar de la detención permite el eficaz ejercicio del derecho de defensa y el control de las condiciones de la detención. Corti describió como “innecesario” el cambio propuesto y se preguntó: “¿Qué razón hay para limitar un derecho que en la práctica se viene llevando a cabo por la Defensa Pública sin generar conflictos ni discusiones judiciales?”.

El Defensor General explicó que “la asistencia de la Defensa Pública a la persona detenida desde el primer momento de su aprehensión por las fuerzas de seguridad, le daba garantías al detenido y seguridad jurídica, le permitía ejercer su derecho de defensa y aseguraba un control de las condiciones de detención”.

“Más allá de las diferentes opiniones que podamos tener sobre la política criminal y sus intentos de reforma, aquello que siempre debe preservarse es el acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho de defensa. Y cuando se alcanzan determinados estándares de protección, el legislador no puede tomar medidas regresivas que, además, en este caso, carecen de toda justificación racional”, concluyó Corti.

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