Con la premisa de que el mercado de capitales debe crecer para financiar la inversión productiva, el gobierno logrará una más de las reformas que tenía en carpeta desde el inicio de su mandato. La ley que finalmente se aprobará en la próxima sesión en la Cámara de Diputados repite la fórmula ya utilizada del eufemismo y la zanahoria: se llama “Ley de financiamiento Productivo” y el primer capítulo lo dedican a un instrumento para las MiPyMES aunque el espíritu del resto de la ley sea la desregulación y el incentivo a la especulación financiera.

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El proyecto, que ya fuera presentado en su primera versión en 2016 sin contarcon los votos que ahora garantizó el bloque de Pichetto, propone una reforma de diferentes aspectos vinculados al mercado de capitales, con cambios no sólo en la Ley 28.831 que es específica de este mercado sino también en la ley de Fondos Comunes de Inversión, la ley de Obligaciones Negociables y la que refiere a la Caja de Valores. A pesar del pomposo nombre que lleva la ley, la política económica del gobierno confirma que la liquidez administrada por el mercado no se direccionará realmente al financiamiento de inversiones de largo plazo para el desarrollo productivo y que las modificaciones propuestas apuntan únicamente a incentivar el crecimiento de los volúmenes operados, amparados en el hecho de que el mercado argentino es pequeño y subdesarrollado en relación con el contexto regional.

Los nuevos instrumentos

Como buen alumno del Banco Mundial, el gobierno retoma su latiguillo de “Inclusión Financiera” para referirse a dos de los instrumentos que crea el proyecto: por un lado la factura electrónica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) y por el otro, la securitización del mercado hipotecario.

La factura de crédito MiPyME serviría para mejorar la cadena de pagos, permitiendo la negociación del instrumento en el mercado de capitales, al igual que la utilización del pagaré como instrumento de financiación para PyMES. Sin embargo, tal como comentan desde el área MiPyME de la Unión Industrial Argentina, el proyecto no tendrá ningún “efecto positivo” para el financiamiento del sector dado que las tasas de descuento de las facturas, en un contexto de tasas altas, deberían ser aún mayores para ser atractivas, lo que anula la posibilidad de utilizar el instrumento. Para quienes apoyaron el proyecto sin ser de Cambiemos, éste fue el título “bonito” en el que se ampararon.

Por otro lado, el proyecto se apoya en el déficit habitacional que se estima aproximadamente en 3,5 millones de viviendas en todo el país, para habilitar las letras hipotecarias ajustadas por CER y derogar la prohibición sobre asegurar riesgo financiero para créditos de financiamiento hipotecario. De esta forma se busca incentivar la utilización de derivados de hipotecas con el objetivo de renovar la capacidad prestable de los bancos que si no descargan los créditos ya otorgados empezarán a frenar otorgamiento del producto estrella que Cambiemos promueve. Si bien la Argentina tiene un mercado hipotecario muy diferente del que tenía Estados Unidos cuando estalló la crisis subprime de 2008, esta reforma exige máxima atención sobre el comportamiento de una burbuja alrededor de los créditos hipotecarios.

Desregulación importada

La reforma del mercado de capitales es una más de las leyes con tinta extranjera. Buena parte de los artículos de la ley forman parte del paquete de condiciones para ingresar a la OCDE. La agenda del Congreso durante todo el 2018 se moverá en esta tónica de leyes importadas. En la comunicación que hicieron en diversas reuniones de comisión, los funcionarios se encargaron de resaltar que el proyecto busca “fortalecer al regulador y la regulación”. Sin embargo, lo que hace es quitar competencias tanto a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como al BCRA. Entre otras cosas, los aleja de la posibilidad de velar por los intereses de los accionistas minoritarios, cuestión que parece especialmente orientada a facilitar la privatización de todas las participaciones accionarias del FGS-ANSES.

Fiesta para pocos o burbuja para todos

La gran pregunta que faltó que se contestaran aquellos entusiastas que ya votaron a favor del proyecto en la Cámara de Senadores y que seguirán sin responder sus colegas en la Cámara de Diputados es qué inversión productiva esperan financiar. Hasta ahora las inversiones extranjeras en industria fueron exiguas y los capitales se orientaron a aprovechar la época de tasas altas del BCRA. Ahora, con este proyecto, el gobierno pretende seducirlos cambiando las “reglas del juego” hacia una mayor desregulación con la expectativa de que los fondos internacionales ingresen al mercado local de capitales, ¿pero el rendimiento de qué inversiones lo hará posible? Para que el fantasioso plan de que capitales internacionales compren securitizados de hipotecas (que el gobierno necesita para seguir alimentando a las UVA’s dado que los bancos dan créditos consumiendo su liquidez excedente) o incluso facturas de Pymes (aún más inverosímil) las tasas de rendimiento tienen que ser elevadas en términos internacionales. La tendencia a la suba de tasas de la FED complica más este panorama. En definitiva, con la ley se tiende la mesa para la fiesta, pero no es seguro que los invitados lleguen e incluso será mejor que no lo hagan, porque si el proyecto es exitoso en sus propósitos después habrá que pagar los platos rotos (burbuja de precios de activos).

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