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"No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay, el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo". Con esas palabras se refirió el presidente Mauricio Macri al juez federal Alejo Ramos Padilla, el magistrado que reveló una red de espionaje ilegal que involucra a dirigentes de la alianza oficialista y al fiscal del caso de los cuadernos, Carlos Stornelli, entre otros. Pasadas las 13 de este lunes, el Gobierno presentó formalmente en el consejo el pedido de remoción del funcionario judicial que tanto incomoda a Macri.

La Casa Rosada realizó la presentación a través del consejero Juan Bautista Mahiques, el representante del Ejecutivo en el órgano que sanciona y selecciona jueces. La acusación es por un supuesto “mal desempeño”.

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Mahiques, de aceitados vínculos con el operador judicial del PRO Daniel Angelici, se hizo eco del pedido que le realizó el ministro de Justicia y DD.HH. Germán Garavano, quien cuestionó la ponencia del juez de Dolores ante la Comisión de Libertad de Expresión, en la Cámara de Diputados, en la que expuso los alcances de su investigación. El interés del Gobierno por obstaculizar la causa se hizo evidente cuando el Servicio Penitenciar Federal, que depende en última instancia de Garavano, se negó a trasladar del Complejo Penitenciario de Ezeiza a Dolores al principal acusado del caso, Marcelo D’Alessio, por “falta de recursos”.

El Ejecutivo, en boca de Garavano, asegura que Ramos Padilla tuvo una “actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva”. Y menciona una “cuestión política y mediática”, en la que resalta “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores”, en clara referencia a la situación de las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto, quienes quedaron envueltas en el escándalo por sus vínculos con el agente Marcelo D’Alessio.

Garavano llega al límite de cuestionar al juez por haberle pedido intervención al Programa de Verdad y Justicia, para asistir a quienes fueron víctimas de tareas de inteligencia ilegal perpetradas por una organización paraestatal que integraba D’Alessio.

En su pedido de remoción, que ya fue girado a la comisión de Disciplina y Acusación que preside el senador Miguel Ángel Pichetto, Mahiques sugirió que se tomen una serie de medidas para avanzar contra el magistrado. El caso “se sorteó” y recayó en manos del alfil judicial del PRO, el diputado y consejero Pablo Tonelli, quien será el informante del expediente interno.

Además de pedir la versión taquigráfica de la ponencia de Ramos Padilla en la comisión de Libertad de Expresión, el 13 de marzo pasado, Mahiques también reclama que la Presidencia de la Cámara de Diputados informe sobre la competencia y la función de esa comisión. A su vez, pretende obtener una copia del expediente que tramita en Dolores con la inclusión “de la totalidad de la documentación reservada”. Es de esperar que Tonelli concrete cada uno de sus pedidos.

El oficialismo teme por las novedades que puedan surgir de la investigación, que continúa su curso. Hasta el momento sólo se analizó un disco rígido de los cuatro que se secuestraron, por citar solo un ejemplo.

El futuro de la denuncia

Para el Gobierno se volvió una práctica habitual denunciar en el Consejo de la Magistratura a un juez que le resulta molesto. Pero la posibilidad de que sus presentaciones avancen se complicaron con el cambio de integrantes de la institución.

Para lograr que el pedido de jury contra Ramos Padilla prospere, el oficialismo necesita reunir 5 votos de 9 en la comisión de Disciplina y Acusación. Si no los consigue, la presentación cae. Si los obtiene, luego deberá sumar 9 voluntades en el plenario, que lo componen los 13 consejeros (en la actualidad Cambiemos suele articular 7 votos, incluyendo aliados).

“Se ven escasas chances de que la denuncia avance”, aseguró a El Destape el consejero y juez, Alberto Lugones. “Esto es una denuncia política que de serio no parece tener demasiado”, consideró. Y reclamó: “Hay que garantizarle al juez que pueda investigar con imparcialidad”.

Lugones es uno de los 9 integrantes de la estratégica comisión que hoy atrae la atención del mundo judicial. Junto a Pichetto, la diputada Graciela Camaño y el académico Diego Molea suelen consolidar un bloque no oficialista en Disciplina y Acusación. En este caso, a ellos podría sumarse el juez Juan Manuel Culotta (que si bien es un ex Newman no está 100% alineado con el Gobierno). Es más, según fuentes del consejo “los jueces están un 70% en contra de lo que pretende el Gobierno”. También existen dudas respecto al posicionamiento que podría tener el propio Juan Más Vélez, que representa a los abogados, es de orientación radical y viejo conocido de Ramos Padilla.

Mientras esto sucede, comenzó a haber movimientos en los concursos en los que participa el juez que actualmente se desempeña en Dolores. Concursó (antes de encontrarse con el caso D’Alessio) para ocupar el estratégico juzgado federal N°1 de La Plata y un Tribunal Oral Criminal porteño -que es considerado como cargo de camarista-. En ambos quedó entre los primeros puestos. Por lo que ya se abrió un nuevo interrogante: ¿qué hará el Gobierno con esas ternas?