Luego de la muerte de una nena wichí de 13 años desnutrida, tras pasar por una cesárea de emergencia debido a un embarazo provocado por abusos sexuales, en la legislatura provincial de Tucumán obtuvo dictamen un proyecto de ley que pretende prohibir los abortos legales en casos de violación.

Un numeroso grupo de legisladoras y legisladores (29 de 49 que integran el parlamento) firmaron el dictamen para tratar la iniciativa, impulsada por el peronista Marcelo Caponio. Hace unos meses, en pleno debate por la legislación del abortoseguro y gratuito, también declararon a toda la provincia como “provida”.

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¿Cuál es el problema de este proyecto? Además de penalizar y criminalizar a las mujeres tucumanas que quieran hacer uso de su derecho (legal) a abortar si quedaron embarazadas al ser violadas, estos funcionarios públicos incurren en “abuso de poder” al pretender pasar por arriba de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Congreso Nacional y de los organismos internacionales de derechos humanos.

La iniciativa pretende sancionar una ley de “protección integral de la mujer embarazada y del niño por nacer”, entendiendo que en la legislación nacional vigente hay una “contradicción el derecho de la madre a su integridad psico-física con el derecho a la vida del niño por nacer”, lo cual no tiene en cuenta lo traumático que puede ser para la mujer tener un hijo de su violador y atravesar ese embarazo.

Para ellos, la contradicción está en que, según los tratados internacionales de carácter constitucional, la vida comienza “desde la concepción”, pero el Código Penal argentino permite desde 1921 los abortos no punibles por causales (hoy llamados “interrupción legal del embarazo”) en embarazos que ponen peligro para la vida o la salud de la mujer, y en casos de violación. Este último punto fue ratificado por la Corte Suprema en 2012 en lo que se conoce como el fallo “F.A.L.”.

Aún así, este proyecto estipula que “queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación” y que en Tucumán “no se reconoce la categoría discriminatoria de ‘niños deseados’ y ‘niños no deseados’ por ser contraria a la garantía constitucional de igualdad, y a los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional”.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien expuso en el Senado sus argumentos a favor de la legalización del aborto, explicó a El Destapeque este proyecto es ilegal porque, según el sistema federal argentino, “quien dicta exclusivamente las normas penales para todo el país es el Congreso de la Nación”.

“Ninguna legislatura puede dictar ninguna norma que interfiera en la legislación penal. Si hay una legislatura que lo hace, los legisladores estarían incurriendo en abuso de poder, incumplimiento del deber de funcionario público y el delito de sedición. Se estarían alzando contra el orden constitucional argentino, porque estarían legislando penalmente y eso está prohibido por la Constitución. Para cerrar el moño, la posibilidad de abortar en casos de embarazo por violación fue ratificado por la Corte Suprema en el fallo F.A.L.”, expuso el letrado.

Por otra parte, analizó que desde el punto de vista de los tratados de los derechos humanos, “todos los órganos de aplicación e interpretación de derechos humanos le han dicho al Estado argentino que tiene que hacer cumplir los abortos no punibles y hacerlos accesibles, y tiene que, a su vez, despenalizar el resto de los abortos”.

Mientras que los legisladores “provida” sostienen que la posibilidad de abortar tras una violación va contra los tratados internacionales, Domínguez sostuvo que esto no es así y que, incluso, si el Estado argentino no garantiza este derecho “estaría violando estos tratados”.

“Siguen mintiendo de una forma atroz. Esto no lo digo desde un punto de vista ideológico, las resoluciones de estos órganos dicen todo lo contrario. No solamente estarían violando el sistema federal sino que estarían haciendo incurrir al Estado argentino en responsabilidad internacional. Lo pondría en situación de Estado violador de los derechos humanos”, planteó.

Además, sugirió que los legisladores y legisladoras “deberían ser denunciados por tentativa de la comisión de estos delitos” al intentar aprobar una ley que haría que Argentina vaya contra los órganos internacionales. “El sólo hecho de presentarlo y tratar de aprobarlo, ya es comienzo de ejecución de estos delitos”, sostuvo, por lo cual se pueden iniciar acciones legales contra ellos.