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El próximo martes, en el último fallo “caliente” del año, todo indica que la Corte Suprema de Justicia votará a favor de los jubilados y en contra del Gobierno cuando se exprese sobre la determinación del índice aplicable para el nivel inicial de retiro en lo que se conoce como “el caso Blanco”. Al menos tres ministros supremos, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, rechazarán el cálculo que aplica la Anses. Una de las grandes incógnitas es cómo se expresará el presidente del Alto Tribunal, Carlos Rosenkrantz, cuyo liderazgo se vio muy desgastado en apenas dos meses y medio de gestión como cabeza del Poder Judicial.

En el “caso Blanco” se debe definir qué índice se toma para la actualización con que se pagan las sentencias por reajuste de movilidad. Hay dos índices, el RIPTE y el ISBIC. La Anses pretende utilizar el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que arroja valores inferiores al ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción), que es el que utilizan desde hace años en las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social y en las cámaras federales del Interior. Sin ir más lejos, en el “caso Blanco” la Justicia dictaminó que se reajuste de acuerdo al ISBIC, lo que motivó el planteo de la Anses que ahora debe resolver la Corte.

La nueva mayoría que se articula con asiduidad desde el 1° de octubre (Lorenzetti, Rosatti y Maqueda) le dará un nuevo revés político al Gobierno. Y se espera que interpele al Congreso.

Resta saber si los acompañarán Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, a quienes se les adjudica mimetizarse con los intereses de la Casa Rosada. Desde el Ejecutivo aseguran que se podría provocar un problema económico a las arcas estatales, según cómo se falle en este caso, algo que rechazan los especialistas en la materia consultados por este medio. El punto en cuestión es que el reclamo de Blanco podría alcanzar a unos 150 mil jubilados.

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Internas supremas y presiones del Gobierno

Por estos días reina un clima de desconfianza en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Sobre todo desde que en el entorno de algunos ministros cortesanos recibieron llamados de intermediarios del Gobierno con consultas relativas a cierta información que se abordó en la última reunión de letrados. Esto sucedió en el marco del tratamiento de casos sensibles y encendió las alarmas en algunas vocalías. Por tal motivo, desde el máximo tribunal aseguran que los votos del “caso Blanco” se conocerían el mismo martes y no con antelación como venía sucediendo.

Como si faltaran polémicas, una serie de designaciones que realizó el presidente del Tribunal Supremo hicieron ruido entre sus pares. Se le achaca nutrirse de funcionarios relacionados al Ejecutivo. Al nombramiento del 12 de noviembre del exsubprocurador del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, en la Secretaría de Desarrollo Institucional, se agregaron los de Mariano Braccia y Agustín Casares, rubricados el pasado 12 y 13 de diciembre, respectivamente. El primero es un alto funcionario de la AFIP, especializado en derecho tributario. El segundo proviene del Consejo de la Magistratura, donde cumplía funciones como secretario de asuntos jurídicos. Respondía al exadministrador Agustín Cinto, vinculado al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Está claro que el nuevo mapa de vinculaciones cortesanas ya no responde a la lógica que se insinuó el día que se ungió al ex abogado del Grupo Clarín como titular del cuerpo, en septiembre (asumió el 1° de octubre). Desde entonces, una serie de decisiones de Rosenkrantz (que incluyen desde un fuerte cruce vía cartas públicas con su antecesor Lorenzetti a las mentadas designaciones) enrarecieron el clima, que de por sí no era el más ameno cuando se decidió cambiar al titular del cuerpo, después de once años. Las últimas sentencias evidencian cambios y un juego de mayorías móviles, que hoy por hoy le están costando caro a Rosenkrantz y, por extensión, al Gobierno.

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Con la actualización de los haberes jubilatorios la pregunta que se abre es si el flamante presidente de la Corte volverá a quedar expuesto en una sentencia “sensible” para la sociedad, tal como sucedió el 4 de diciembre cuando se rectificó la aplicación de la ley del 2x1 en las causas de delitos de lesa humanidad. Entonces, el “fallo Batalla” que corrigió el “fallo Muiña” se resolvió por 4 votos contra 1.

Algo de eso se insinuó el 11 de diciembre cuando los supremos abordaron la constitucionalidad Ley de lemas en Santa Cruz, un planteo que impulsó la UCR. Entonces había dudas sobre el voto de Rosenkrantz, de extracción radical. Finalmente, acompañó el fallo que rechazó - por unanimidad- el planteo que pedía la inconstitucionalidad de la ley que benefició en la elección a gobernador a Alicia Kirchner en desmedro de Eduardo Costa. De esta forma, erradicó suspicacias. Desde su entorno hicieron trascender que nunca vaciló su posición. En tribunales no todos dicen lo mismo.

La incógnita ya es política: ¿la Corte se va a volver mostrar fragmentada en un fallo clave y de alto impacto social? ¿Cómo administrarán sus diferencias los supremos de cara a lo que se viene, sobre todo, en un año electoral?

Hay un norte que no puede soslayarse: la nueva mayoría circunstancial conformada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti pretende que el calendario de sentencias relevantes que se inició el 27 de noviembre con el abordaje de la medida cautelar sobre el pago del impuesto a las Ganancias por jueces incorporados a partir de 2017 se despliegue durante el 2019. Con este mecanismo se busca darle mayor celeridad y transparencia a los actos cortesanos, en pos de acercar el accionar de la Justicia a la sociedad. Y hay consenso para aplicarlo.

Así las cosas ¿es sostenible en el tiempo una Corte partida al medio y con su presidente en minoría en las votaciones más “calientes”? El martes podría empezar a responderse ese interrogante.