Por Iván Pablo Orbuch

El constante ataque contra los trabajadores que se viene perpetrando desde el 10 de diciembre de 2015 alcanzó a los docentes de Educación Física bonaerense. En efecto, la senadora de Cambiemos Flavia Delmonte presentó un proyecto de ley que vulnera explícitamente derechos conquistados por los profesores.

El mismo aclara en su primer artículo que el ejercicio de los profesores en Educación Física y los Licenciados en Educación Física quedará supeditado a las disposiciones de la presente normativa. Como suele suceder con el actual Gobierno, se lanzan algunas medidas extremas y, sí hay reacción, se da un paso atrás. La explicación efectuada por sus adherentes es que se trata de un Gobierno que busca consensos. Cabe aclarar que luego de la oposición de numerosos colegas hubo una segunda versión del mencionado proyecto de ley, donde se sacan algunos articulados y la palabra control, pero en esencia el objetivo es el mismo: crear una colegiatura en la cual los docentes de Educación Física deberán pagar una cuota mensual para lograr la matriculación.

Esto no es todo, también el Colegio se convertiría, de aprobarse esta ley, en el interlocutor con el Estado, y por ende con las instituciones educativas, dando lugar a posibles arbitrariedades en el acceso a los cargos docentes. Asimismo, un viejo objetivo del Gobierno en sus dos niveles, nacional y provincial, se cumpliría: la eliminación del trabajo en relación de dependencia. Esto ocurriría porque el Estado dejaría de cumplir funciones como empleador, y los docentes pasarían a ser autónomos que prestarían sus servicios como monotributistas.

Por cierto, estas medidas no son aisladas. No es casual que la paritaria nacional se haya eliminado, ni que, transcurriendo la primera mitad del ciclo lectivo 2018, sólo se haya otorgado un 10% de aumento de sueldo, cuando la inflación supera con creces esa magra cifra salarial recibida. Más bien parece estar en sintonía con un modelo donde el Estado se retira de sus obligaciones, delegando en el ámbito privado ciertos resortes básicos en la implementación de las políticas públicas.

Por otro lado, es interesante advertir que el proyecto se encuentra impulsado por una ONG llamada Unión de Profesionales en Educación Física. El discurso de estas organizaciones se basa en una lógica eficientista y ligada a las demandas del mercado, y la citada ONG no constituye una excepción.

A estos argumentos mercantilistas y de disciplinamiento, le oponemos una mirada social y que reivindique nuestros derechos como trabajadores, a la par que revalorice el juego como un derecho para todos los alumnos y alumnas que pueblan el sistema educativo entendiendo a la Educación Física como parte de la educación integral que todo ciudadano debe poseer, independientemente de su condición social.

Vale la pena recordar, que el ataque contra los derechos laborales, y contra ciertas atribuciones de los profesores de Educación Física no es nuevo. Ha estado presente en numerosos momentos históricos, y en ese sentido es útil recordar que en la década de los 90, en el contexto de la aplicación de la Ley Federal de Educación la Educación Física sufrió muchos de estos embates. Del mismo, una de las medidas que están próximas a ser llevadas a cabo pasa por una reforma del plan de estudios de la escuela técnica. En esa modificación, las horas para la Educación Física, al igual que para muchas otras materias, sufrirían una fuerte reducción.

Puede apreciarse que el tipo de Estado que gobierna condiciona fuertemente la dirección de las políticas educativas y en esa línea de pensamiento los derechos laborales de los trabajadores son la variable de ajuste. Sólo con organización e información podremos frenar esta avanzada que lesiona nuestra condición de trabajadores.

* El autor es Magister en Ciencias Sociales, Docente de Historia de la Educación y de la Educación Física en la UNAHUR.

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