Este viernes, el periodista Horacio Verbitsky destapó una olla de corrupción que tiene al fiscal Carlos Stornelli como protagonista: con pruebas contundentes demostró que un abogado de su entorno extorsionó a empresarios y pidió coimas millonarias para que incriminen criminalmente a funcionarios del kirchnerismo. Sin embargo, esto no es algo nuevo: ya en 2011 hizo algo similar junto a un ex intendente del conurbano para garantizar su reelección por quinta vez.

Se trata de Jesús Cariglino, quien fue el intendente del partido de Malvinas Argentinas --ubicado en el noroeste del conurbano bonaerese- durante cinco mandatos seguidos, desde 1995 hasta 2015.

El 30 de septiembre de 2011, Cariglino denunció que estaba siendo víctima de "tareas de inteligencia" por parte de la Gendarmería Nacional: según la acusación lo perseguían a él, a sus funcionarios y militantes. La presentación fue realizada ante el fiscal federal Stornelli.

El ataque, orquestado por Stornelli y Cariglino, tenía como objetivo dinamitar la imagen de Leonardo Nardini, hoy electo intendente de Malvinas Argentinas.

"Desde las primarias que empezamos a ver movimientos extraños de autos y personas vestidas de civil que nos seguían o, directamente, inspeccionaban los autos de nuestros funcionarios y militantes", había denunciado entonces Cariglino en declaraciones a La Nación.

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La denuncia de Cariglino se dio semanas antes de las elecciones presidenciales del 23 de octubre de 2011, en las que él mismo compitió nuevamente por la intendencia de Malvinas Argentinas y, finalmente, resultó ganador en lo que fue su quinto mandato consecutivo.

El historial de Cariglino ya estaba sucio desde hacía rato. En noviembre de 2003 fue detenido, siendo intendente, y estuvo preso dos semanas. Se lo acusaba de estafa, defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. En su contra, figuraban pruebas como el desvío de fondos de las arcas municipales y contratos con empresas fantasmas que se adjudicaban obras inexistentes.

Tras pagar una fianza de medio millón de pesos, recuperó su libertad y continuó ejerciendo su cargo de funcionario estatal. Es el primer intendente que estuvo preso mientras cumplía su mandato. En 2016 fue nuevamente denunciado por defraudación agravada, asociación ilícita, malversación de los caudales públicos, negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito.