La democracia en la ciudad de Buenos Aires está en riesgo por el voto electrónico. Si bien celebramos que se haya incluido la paridad en el nuevo Código Electoral, lamentamos la falta de debate previo a la aprobación de un tema tan trascendente. Cuando el gobierno nacional intentó imponer un proyecto similar a nivel nacional en 2016, se realizó un amplio debate que derivó en la no aprobación del proyecto, porque les senadores consideraron que era riesgoso para la democracia.

El Código Electoral impulsado por Horacio Rodríguez Larreta y aprobado en la Legislatura delega un gran poder de decisión en el Jefe de Gobierno y la Agencia de Gestión Electoral (cuyo titular es designado a propuesta del primero). Esto permite al Poder Ejecutivo modificar las reglas de juego de cada elección, según su conveniencia y cálculo político. Por ejemplo, el gobierno puede decidir si unificar o desdoblar las elecciones según lo que digan las encuestas. Además, en su artículo 5 el Código prevé la utilización de voto electrónico aún en caso de que las elecciones se unifiquen.

El sistema de votación que establece el Código es idéntico al provisto por la empresa MSA, patentado como “disposición y método de voto electrónico con el nombre de “boleta de voto electrónico” (BVE), y luego rebautizado como “boleta única electrónica” (BUE) para realizar una trampa semántica, negando su carácter de voto electrónico y poder utilizarse en las elecciones porteñas de 2015. En dichas elecciones, las múltiples vulnerabilidades del sistema quedaron en evidencia, con situaciones absurdas como la posibilidad de que un votante emitiera hasta 10 votos al mismo tiempo. Incluso se llegó a criminalizar a una persona que denunció alguna de estas vulnerabilidades, con un allanamiento y secuestro de sus equipos. Si bien algunas de las vulnerabilidades descubiertas fueron corregidas, nadie sabe cuántas más existen o pueden aparecer. En las exposiciones y debates de 2016, en el Congreso Nacional, no sólo se demostró una y otra vez que el sistema seguía siendo una forma de voto electrónico a pesar de su nombre, sino que era -y sigue siendo- un sistema inseguro, y que permite violar el secreto del voto.

La implantación del voto electrónico nos preocupa, además, por su carácter excluyente porque impide a la inmensa mayoría de la población fiscalizar el proceso electoral. Sólo un puñado de expertos en seguridad informática podría auditar o controlar el sistema, siempre que contara con suficiente tiempo y acceso a los equipos. Y aún así, sus posibilidades de encontrar un problema serían limitadas porque es mucho más fácil introducir o explotar una vulnerabilidad que descubrirla. Más aún si la vulnerabilidad fuera introducida por la empresa o agencia fabricante del sistema. En la práctica, las auditorías tienen un alcance muy limitado, más aún con los tiempos escasos previstos en el código (la Agencia de Gestión Electoral aprueba sólo 60 días antes de cada elección la implementación que se utilizará).

El Código realiza una declaración de principios que deben cumplirse (auditable, confiable, documentado, eficiente, íntegro, interoperable, seguro, etc.), pero varios de ellos son irrealizables o de muy difícil e improbable aplicación en las condiciones reales (auditable, íntegro, seguro) por los motivos enumerados más arriba. Otros (como confiable) son atributos vagos e imprecisos.

Además de los controles previos, el Código, en su artículo 134, plantea un sistema de auditorías y control posterior a los comicios, pero este resulta muy deficiente. Se establece que se controlarán por “sorteo” el 5% de las mesas, y que si hay una diferencia de cinco o más votos entre el escrutinio electrónico y el escrutinio manual en más del 10% de las mesas testigo, se debe hacer un escrutinio manual de toda la elección. Pero este umbral es demasiado alto. Una tolerancia de 4 votos de diferencia por mesa podría, por ejemplo, torcer el resultado de un ballotage. Por otra parte, para un sistema informático, un requisito de 5 votos no tiene sentido. Si el sistema funciona bien o no está vulnerado, no puede haber ninguna diferencia entre lo impreso y lo grabado en los chips. Nadie consideraría aceptable que una calculadora fallara en “sólo” cuatro de cada cien cuentas realizadas, o que un cajero automático entregara una cantidad incorrecta de dinero en “sólo” el 4,9% de los casos.

Por todo esto, lamentamos profundamente la aprobación del voto electrónico porteño, y esperamos que pueda derogarse en el futuro.