A partir del escándalo por los aportantes truchos, el diputado nacional por Unidad Ciudadana y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para hacer más democrático el financiamiento de los partidos políticos con una participación más activa del Estado. Entre los puntos, el expediente contempla el financiamiento de la publicidad en Internet y prohíbe el aporte de empresas como así también pretende sanciones más fuertes para quienes violen la ley y un mayor control con participación del Congreso.

Según detalla el proyecto, la iniciativa apunta a garantizar el financiamiento público y el libre acceso por parte de todos los partidos políticos a la producción y publicación de su propaganda electoral en la web, en cualquiera de sus formatos (imágenes gráficas o videos publicitarios).

Además, el expediente busca prohibir aportes por parte cualquier tipo de personas jurídicas, las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, y los integrantes del Consejo de la Magistratura.

Y pone en un rol preponderante al Estado a partir de un aumento del aporte para la impresión de la boleta papel, la gratuidad de la correspondencia que lleven a cabo los partidos políticos en razón de sus labores diarias, y una suba considerable en el aporte estatal para el supuesto de segunda vuelta presidencial (balotaje), dado el escaso tiempo para recaudar fondos con que cuentan los partidos políticos en esa instancia electoral.

El proyecto, también, apunta a crear una Comisión Bicameral Electoral, donde el control cotidiano y durante las campañas electorales, no solo recaiga sobre la Cámara Nacional Electoral (CNE) sino también sea el mismo Parlamento quien lleve a cabo funciones de contralor sobre los partidos.

Frente a las múltiples denuncias por los aportantes de Cambiemos que figuran en las últimas dos elecciones y aseguran no haber aportado, el diputado instó a que se modifiquen las sanciones que establece la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos ya que la práctica electoral demuestra que para los Partidos Políticos es más fácil y menos costoso incumplir la normativa legal que ajustarse a la misma.