La carta de la AMIA en la que le pide a la DAIA abandonar la querella por el memorándum de entendimiento contra Irán puede tener un impacto no sólo en la investigación que tiene como acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino que también puede erosionar una de las principales apuestas del Gobierno para este año, en el que se cumplen los 25 años del atentado terrorista contra la sede de la calle Pasteur.

El Ministerio de Justicia impulsa el juicio en ausencia para el caso AMIA, pese a la oposición de varias organizaciones que buscan justicia por el ataque de 1994. Ahora se suma un nuevo desplante: el de la AMIA. Su titular, Agustín Zbar, ya había expresado su reticencia con anterioridad, pero en la carta difundida por la Asociación Judía de Noticias (AJN) queda claro que la organización que preside le pide a la DAIA que no asuma compromisos en su nombre porque “serán desconocidos”.

La cartera que lidera Germán Garavano trabajó en un proyecto que presentó el diputado Daniel Lipovetzky (PRO- Cambiemos) a fin de año. La iniciativa prevé que se realicen juicios en ausencia para casos de terrorismo, crímenes de lesa humanidad, genocidio y delitos trasnacionales – como narcotráfico. El juicio en ausencia podría llevarse a cabo si hay un pedido de extradición rechazado o si el país al que se le requiere que envíe a sus nacionales no contesta la solicitud pasados los diez meses.

La fundamentación del proyecto contempla el uso del juicio en ausencia para el caso AMIA, pero también para los represores de la última dictadura que siguen prófugos, que serían 35 según datos de la Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad. De acuerdo con lo que pudo saber El Destape, no hubo consultas por ahora con los organismos de derechos humanos por esta propuesta. “El juicio en ausencia es un mamarracho”, dijo, por su parte, Diana Malamud, de Memoria Activa. “Es la manera para ponerle el moño para cerrar la causa AMIA”.

En el Senado, hay otra iniciativa que presentó el senador Mario Pais (PJ) junto a otros legisladores de distintos bloques para también incorporar la figura del juicio en ausencia al Código Procesal.

La diferencia con de Lipovetzky y el Ministerio de Justicia es que no hace mención de los delitos trasnacionales. Ese proyecto había contado con el apoyo del extitular de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla, quien esta semana volvió a acusar al Gobierno, y especialmente a Garavano, de encubrir el atentado de la AMIA. Cimadevilla había denunciado que el ministro de Justicia impidió a la querella del Estado nacional acusar a los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio por el encubrimiento que se viene llevando adelante desde 2015.

Después de la última avanzada de Cimadevilla, Garavano salió de vacaciones. En su entorno, minimizan las acusaciones y el informe que se hizo público en los últimos días, pero que el exsenador radical había presentado cuando Mauricio Macri decidió degradar a la Unidad Especial AMIA que él mismo había elevado a secretaría de Estado al asumir.

Cerca del ministro dicen que Cimadevilla agita el tema AMIA por cálculos electorales. También remarcan que la difusión del informe se produjo un par de días después de que Elisa Carrió volviera a la carga contra Garavano. De hecho, el accionar del Ministerio de Justicia en el juicio AMIA fue el principal punto que la líder de la Coalición Cívica esgrimió el año pasado para impulsar el juicio político del funcionario.

Juicios

Después de casi cuatro años de audiencias, el juicio por el encubrimiento ya está en sus últimas semanas. Antes de la feria, los imputados ya empezaron a decir sus últimas palabras y hubo reclamos de las querellas por el tiempo que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 les concedió a los acusados. “Nos preocupan las presiones a los jueces. Hubo una displicencia total que no habla bien de ellos”, dijo Diana Malamud.

La sentencia puede esperarse para marzo, aunque probablemente sea después de que se inicie el juicio contra Carlos Telleldín – también imputado en el juicio del encubrimiento. Esta vez será juzgado desde el 6 de marzo por el acondicionamiento y la entrega de la camioneta que supuestamente fue utilizada el 18 de julio de 1994 en el atentado a la sede de la AMIA. Ese proceso estará en manos del TOF 3 y, desde la fiscalía, actuará Abel Córdoba.

Hace unos días, Garavano dijo que el juicio a Telleldín era el “hecho más relevante” para la causa AMIA – lo que fue visto por algunos como una contraposición con el juicio por el encubrimiento en el que tan cuestionado fue el rol del ministro. También con un alineamiento más claro con lo que vienen sosteniendo las querellas de AMIA y DAIA. Sin embargo, también es cierto que hay un encono entre el ministro y el acusado: Telleldín lo había denunciado el año pasado también por no haber acusado a los exfiscales – misma acusación que formuló Cimadevilla.

En lo que hace a la causa que se originó por la denuncia del fiscal Alberto Nisman por la firma del memorándum con Irán, falta que el TOF 8 ponga fecha de inicio para el juicio. Probablemente en los próximos días Fernández de Kirchner pida a los jueces que no dilaten el trámite.

UFI AMIA

También se esperan novedades en la UFI-AMIA. Con el fin de la feria, el fiscal Roberto Salum – que integró el triunvirato designado por Alejandra Gils Carbó después de la muerte de Nisman en 2015 – reasumirá en su fiscalía de Santa Fe, pero mantendrá su presencia en el juicio por el encubrimiento hasta que se dicte sentencia y se presenten los recursos ante Casación.

Salum venía con una relación complicada con la AMIA y la DAIA, que habían pedido –sin éxito -- al juez Rodolfo Canicoba Corral que separe al fiscal de la causa del atentado. La querella de Memoria Activa había defendido al fiscal, diciendo que buscaban apartarlo por razones políticas.

El 29 de noviembre, el procurador interino Eduardo Casal – de buena sintonía con el gobierno nacional -- designó a Sebastián Basso, fiscal federal de Morón, para desempeñarse en la UFI AMIA. En la resolución dice que trabajará junto a Salum y a Santiago Eyherabide, pero trascendió que tendrá un rol preponderante en la unidad. Su nombramiento recibió críticas de los familiares por estar emparentado con fallecida camarista federal Luisa Riva Aramayo, denunciada como parte del encubrimiento del atentado.