El Gobierno nacional negocia ajustar las jubilaciones iniciales, recortar la asignación universal por hijo, las pensiones universales que cobran quienes no pueden jubilarse y el adicional por zona patagónica. Antes de cerrar el presupuesto para el año próximo, las autoridades buscan el beneplácito de las provincias para que sus legisladores expediten la aprobación en el Congreso. A cambio de los tijeretazos les prometen obras a pagar con el fondo de los jubilados.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, programaron un recorte de $ 426.000 millones para cumplir con la difícil meta de déficit fiscal para la que se comprometieron con el FMI. De ellos, $ 241.000 millones pretende realizarlo el Gobierno central y $ 185.000 millones las provincias.

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El documento que les repartieron a los gobernadores, al que accedió El Destape, fue interpretado como una “carta de ajustes”. “Nos dijeron que si accedemos a negociar podemos dejar algún sector sin recorte, pero si no van a aplicarlo en todos. Fue una suerte de extorción, porque nos aprietan con fondos para obras”, confió a este medio uno de los delegados provinciales presentes.

Entre los puntos más álgidos, Nación busca volver a avanzar sobre el plus por zona diferencial de las jubilaciones, asignaciones y pensiones, con lo que ahorrarán $ 31.000 millones. De máxima quitarán el 40%, pero se mostraron dispuestos a recortar sólo el último 20% que fue agregado por Cristina Kirchner mediante decreto.

Con el segundo mayor ajuste, de $ 15.000 millones, pretenden cambiar la fórmula para la determinación del haber inicial. Existen regímenes especiales que les cubren las particularidades de algunas actividades donde los trabajadores no viven un ascenso escalonado, por lo que no se considera el promedio salarial de los últimos 10 años para calcuar la primera jubilación. Este es el caso de los docentes (que pueden ser directores y luego volver a estar frente a una clase), investigadores, camioneros y muchos más. El Gobierno quiere eliminarlos y homogeneizarlos con los puestos laborales de oficina.

Además, recuerda los $ 13.000 millones que buscó para el Tesoro con el decreto sobre asignaciones familiares, que luego fue dado de baja, pero que sigue en la mesa de negociación. El documento propone “reducir las cantidades” de las pensiones no contributivas para dejar de gastar $ 10.000 millones.

Sobre las asignaciones universales por hijo, la presentación que les exhibieron a los delegados provinciales rezaba “congelar AUH”, pero lo alivianaron en el texto final, donde quedó “modificar indexación AUH”. En concreto quieren que su alza no supere la inflación (y que quizás pierda poder adquisitivo).

Cambiemos eliminó las moratorias y creó la pensión universal por adulto mayor (PUAM) con la ley de reparación histórica, que tiene menos derechos que las jubilaciones y, como frutilla del postre, sus beneficiarios reciben el 80% del haber mínimo. Dujovne y Frigerio intentan ahorrar sólo $ 500 millones al reducirlo aún más, al 70%, para quienes trabajaron para empresarios que se negaron a blanquearlos. Por el recorte jubilatorio que impuso la alianza en el Congreso a fin del año pasado, desde septiembre se incrementarán los ingresos de los jubilados a $ 8.637 y de la PUAM a $ 6.910, que quedan muy lejos de los $ 21.127 de la canasta básica de los adultos mayores que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

Pese a la inminente estanflación (recesión por al menos dos trimestres y elevada inflación), el Ejecutivo no piensa aliviar las necesidades de los sectores más vulnerables, ya que reducir en $ 6.000 millones los planes de emergencia social, cuya responsabilidad intenta traspasársela a las provincias. Adicionalmente, congelará “nominalmente algunos programas sociales, como el Progresar” para hacerse de un extra de $ 4.000 millones.

La tijera también pasará por los subsidios, donde Mauricio Macri quiere hacerse de $ 18.000 millones, y por dentro del sector público, que lo achicará en $ 52.000 millones.

A cambio, pretende que los ministros de economía locales reciban los planes de emergencia social, en los que gastarán los $ 30.000 millones mínimos exigidos por ley, que dejen de percibir $ 28.500 millones por el alza del 11% al 16% del IVA destinado a ANSES y los $ 26.000 millones del Fondo Federal Solidario. En lugar de que las provincias obtengan la porción de la devolución del 15% que les retenía el organismo previsional, Cambiemos les dará un préstamo del fondo de los jubilados por $ 23.500 millones.

Además, hará un trapaso del 50% del subsidio automotor, que representan $ 22.000 millones, y los hará responsables del Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado en 1998 tras la intensa lucha de la carpa blanca, que equivale a un gasto anual de $ 20.000 millones, lo que hará peligrar los salarios de los educadores en todo el país.

Por otra parte, quiere eliminar el Fondo Nacional de la Vivienda, que posibilita el acceso a un hogar a personas humildes desde 1995, para ahorrar $ 18.000 millones. También quiere traspasar los programas de compras de medicamentos y vacunas a los gobiernos sub-soberanos, que representa una erogación de $ 9.000 millones, y los planes de seguridad alimentaria, que implican $ 8.000 millones.

Desde la Casa Rosada confiaron a El Destape que están cerca de llegar a un acuerdo, ya que cuentan con el aval de dos tercios de los delegados, con los que mantiene diálogo hace dos meses. “La sanción del presupuesto acordado con la oposición es una fuerte señal a los mercados, a los inversores y al mundo de que vamos a cumplir con la meta del año que viene y que vamos camino al equilibrio de las cuentas después de 70 años de fracasos”, opinaron desde el Ejecutivo.

Sin embargo, un grupo de gobernadores, comandados por Tucumán, La Pampa y Tierra del Fuego, reunieron a los representantes de las provincias peronistas en la Casa de Salta el jueves pasado. Las tres primeras le llevarán una contrapropuesta a Dujovne y Frigerio, en la que el ajuste deje de pasar por los más vulnerables sino que sea compartido por todos los sectores: volver a imponer las retenciones al campo y a la minería.