Los representantes de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura y sus aliados se hicieron eco de una denuncia realizada por abogados de represores y decidieron impulsar una causa contra el juez federal Daniel Obligado, titular del Tribunal Oral Federal N° 5, que juzgó –y lo continúa haciendo- a los genocidas de la ESMA y a quienes pergeñaron y ejecutaron los vuelos de la muerte. La articulación entre estos actores, que comparten una matriz ideológica, tiene distintas derivaciones políticas.

Obligado no es sólo uno de los candidatos a integrar las vacantes de la Cámara Federal de la Casación Penal: preside el tribunal que debe hacer el demorado juicio por el espionaje ilegal que se realizó desde la Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño. El actual primer mandatario estuvo procesado en el caso hasta pocos días después de asumir la presidencia de la Nación.

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Los abogados de genocidas Guillermo Fanego y Sebastián Olmedo Barrios denunciaron a Obligado en el Consejo de la Magistratura por “haber incurrido en un abandono de sus tareas lo que ocasiona una denegación de justicia”. Le adjudican haber viajado a Irak a una Conferencia sobre Genocidio sin tener la autorización de sus superiores. Mientras el magistrado se encontraba en el exterior, la Corte rechazó su solicitud. En medio de aquel proceso debían desarrollarse las audiencias de un nuevo juicio de la megacausa ESMA. Según se desprendió del caso, la de Obligado fue la única licencia que el Tribunal Superior denegó en 2017 de todas las que se resolvieron con posterioridad al evento –se trata de una práctica irregular pero habitual en tribunales que se habiliten las licencias una vez que estas ya están llevándose a cabo-.

El consejero instructor del caso en la comisión de Disciplina, el académico Daniel Candis, atendió los argumentos esgrimidos por Obligado y consideró que había que desestimar la denuncia en su contra. Pero el consejero, diputado y alfil judicial PRO, Pablo Tonelli, quien preside la comisión, no compartió su postura e impulsó la acusación igual: pidió citar a Obligado a prestar una declaración indagatoria, paso previo a una sanción o, incluso, un pedido de jury –hoy pocos creen que esto pueda suceder-.

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Lo acompañaron con sus votos el diputado radical y jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara Baja, Mario Negri; su correligionario, el senador Ángel Rozas; el represente del Poder Ejecutivo en el consejo, el angelicista Juan Bautista Mahiques; el juez Luis María Cabral y la abogada Adriana Donato. Por su parte, requirieron rechazar la denuncia el juez Leónidas Moldes, el senador peronista Mario Pais y el mentado Candis. La tercera magistrada del consejo, Gabriela Vázquez, si bien no integra la comisión fue a respaldar a Obligado.

¿Por qué la Casación y la Corte rechazaron su solicitud? Un dato quizás arroje luz: su viaje molestó también a las querellas ya que se interfirió el proceso de la ESMA. El juez en su defensa dijo que hizo el requerimiento con toda la antelación posible y se le demoró la respuesta. Quienes vieron la posibilidad de avanzar, una vez más, fueron los letrados de la defensa de los represores –Fanego realizó distintas acusaciones sin sustento contra los integrantes del TOF 5 en pos de entorpecer el avance del proceso-. Luego ese escenario fue usufructuado políticamente por el macrismo y sus aliados.

Si bien Obligado mantuvo cortocircuitos con los organismos de Derechos Humanos-de hecho, llegó a ser denunciado por Abuelas de Plaza de Mayo en el propio consejo, en 2011, por habilitar a un represor a ir al casamiento de su apropiada-, lo cierto es que con el correr de los años el magistrado se reposicionó en base a fallos de importante trascendencia.

Por caso, fue quien presidió el juicio más importante en la historia en materia de lesa humanidad de este país, que culminó en noviembre pasado. El proceso –el tercer debate oral y público por los crímenes de la ESMA- duró 5 años y tuvo 48 condenas sobre 54 imputados, que incluyeron hasta dos perpetuas para los comandantes que tripularon los vuelos de la muerte, algo inédito hasta entonces. El tribunal también lo componían Leopoldo Bruglia –hoy camarista federal, puesto a dedo por el oficialismo- y Adriana Pagliotti.

Efectos

El impulso de la denuncia estuvo respaldada por los consejeros que suelen manifestarse según los deseos del Poder Ejecutivo. Eso no debiera causar sorpresa.

Obligado integra la nómina de 12 candidatos a integrar la Cámara Federal de Casación Penal. Está en la cuarta terna y no figura entre las consideraciones del oficialismo (Macri debe seleccionar 4 candidatos de esas propuestas y luego los elegidos deben ser avalados por el Senado). Este suceso no deja de ser una mancha que lo salpica en esa carrera.

A su vez, el juez denunciado está en edad de jubilarse por lo que desde la Casa Rosada especulan con un posible alejamiento, vía la presión de un jury, si es que no se alinea a sus intereses. A partir de este caso podría darse la primera sanción, lo que implica un importante condicionamiento.

Es que luego de que la Corte, mediante la Acordada 4/2018, rechazara la decisión macrista de convertir tribunales orales ordinarios de la Capital Federal en federales –donde tramitan las causas políticas más sensibles-, el oficialismo está sediento de vacantes en esa instancia. Y el TOF 5 guarda un especial interés. Allí tramita la causa por las escuchas ilegales que tanto preocupa a Macri.

Espionaje ilegal

La causa, que compromete a la familia presidencial y en la que Macri estuvo procesado hasta que inició su presidencia, fue elevada a juicio hace 2 años y casi no tuvo movimiento. Concretamente, se investigó el montaje de una estructura de espionaje ilegal desde la Ciudad de Buenos Aires. El caso estalló en 2009, cuando el actual Presidente era jefe de Gobierno porteño. Fue sobreseído por el magistrado Sebastián Casanello a finales de diciembre de 2015.

En este marco, aún esperan el desarrollo del debate oral y público, el primer jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios –un hombre del riñón de la familia Macri-, el espía Ciro James, quien estuvo contratado como asesor en el ministerio de Educación porteño, y el ex ministro de esa cartera, Mariano Narodowski, entre otros acusados.

Se trata de un expediente caliente que en el Poder Judicial todos miran de reojo. No es para menos. El juez que impulsó la investigación, el controvertido Norberto Oyarbide, y los tres camaristas federales que luego respaldaron la pesquisa cayeron en desgracia: el primero renunció tras sugestivos contactos; Eduardo Freiler fue destituido mientras que Eduardo Farah y Jorge Ballestero prontamente dejarán la segunda instancia con asiento en Comodoro Py.

El juicio debía comenzar en septiembre de 2017, justo un mes antes de las elecciones de medio término, pero se postergó para febrero de 2019, también un año electoral. Es difícil mensurar el impacto negativo que podría tener para Macri el desarrollo de este proceso.

Coincidencias del mundo judicial, ahora otro magistrado que debe abordar el caso tiene que dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura para evitar sanciones.