Unas pocas fotos del 25 de mayo resultan elocuentes. Un presidente solitario, amurallado en una Plaza de Mayo vacía, rodeado de un impresionante dispositivo de seguridad, sale de la Catedral en la que todavía retumba el reclamo de un Papa argentino por una sociedad más justa. A pocas cuadras, sobre la avenida 9 de julio, decenas de miles de personas que integran una polifonía opositora que se abroquela reclaman contra el regreso al FMI. Recuperan masivamente una idea descartada por la alianza gobernante desde diciembre de 2015, la idea de Patria. No es una abstracción simbólica. No se trata de la patria de la escarapela y la bandera de los actos escolares, sino la de la independencia económica y la soberanía política. Sucede que en mayo, el poder real de decisión sobre el rumbo de la economía local abandonó formalmente Buenos Aires y blanqueó su nueva residencia en Washington.

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Vale reconocer que tanto Mauricio Macri como buena parte de su gabinete fueron sinceros y excluyeron a “la patria” de sus juras. Al igual que sus saldos bancarios off shore, los funcionarios de Cambiemos son ciudadanos del Mundo. Luego, el de la segunda Alianza nunca fue un gobierno de multitudes en las calles, sino de mayorías silenciosas que miran la realidad por televisión sin provocar cortes de tránsito. La continuidad también se reflejó en los medios de comunicación hegemónicos que el viernes siguieron con el hábito de ocultar a la oposición e ignoraron la 9 de julio. “Argen y Tina” siguen separadas en el espacio mediático, que se empeña en la construcción virtual de mundos paralelos. La colonización de la subjetividad trabaja a destajo.

El regreso al FMI estaba en el ADN de Cambiemos, en el imprinting de su ideología más primaria y, en particular, resulta completamente funcional a los objetivos de su política económica. Sin embargo, el blanqueo del verdadero programa de gobierno también significa una pérdida de legitimidad altamente irremontable. Entre Cambiemos y el núcleo blando de sus votantes existía un contrato tácito: la llegada de una mejora en las condiciones de vida, que el gobierno sostenga la promesa “no vas a perder nada de lo que ya tenés”. Sometido al bombardeo mediático de la “pesada herencia”, el votante estaba dispuesto a tolerar un ajuste, pero no un ajuste permanente. Cambiemos lo entendió y revalidó su legitimidad electoral en 2017 impulsando al alza el ciclo económico. Hizo “kirchnerismo”, impulsó la demanda agregada por la vía de incentivar el consumo y aumentar el Gasto, específicamente en obra pública. Pasadas las elecciones volvió a su plan original de avanzar en las transformaciones estructurales: recortó jubilaciones, aumentó todavía tarifas, inició un ajuste de gastos y redobló la toma de deuda.

Para ganar en 2017, el Gobierno hizo “kirchnerismo”, impulsó la demanda agregada por la vía de incentivar el consumo y aumentar el Gasto

El presente era esperable, pero se adelantó a una velocidad completamente inesperada. “Esperable” e “inesperada” son términos evidentemente contradictorios. La diferencia, el dato nuevo, es que se rompió la normalidad política de los primeros 30 meses. Cayeron todas las máscaras prolijamente construidas por el marketing político oficial y reforzadas por el cerco mediático. Cuando se las creía indestructibles hasta el punto de descontar una reelección presidencial, estallaron en mil pedazos como cristales frágiles. La esencia de la insustentabilidad del modelo quedó expuesta. El modelo no cierra ni externa ni internamente porque depende de la entrada de capitales y porque no resuelve el frente social, no crea empleo, sino que lo precariza y destruye.

El mito prolijamente construido de que Cambiemos era algo distinto a la vieja derecha voló por los aires. El gobierno de los empresarios confirmó que ceder a todos los reclamos de su clase solo puede traducirse en un ajuste permanente en desmedro de los sectores populares. La élite dominante vuelve a demostrar su histórica incapacidad para construir un modelo de país con estabilidad política, que sepa conducir la lucha de clases y no sólo volcar el péndulo cada vez que puede hacerlo.

Los trascendidos económicos sobre los próximos pasos del gobierno son alarmantes. El nuevo precio del dólar ya comenzó a trasladarse a precios y el resultado será una disparada de la inflación. La esperanza oficial es mantener el disciplinamiento de los trabajadores y sujetar salarios para compensar. El resultado, como siempre sucede con las devaluaciones, será la recesión. Pero sobre estos datos el gobierno reforzará las tendencias. Las noticias que ya se conocen sobre “lo que exigirá el Fondo” son recortes en el Gasto público por el equivalente a 10 mil millones de dólares, muchísimo en términos de calidad de vida de la población, en tanto afectará a jubilados, trabajadores y obra pública, pero apenas una cifra similar a lo perdido de Reservas Internacionales desde comienzos de 2018 y de los que 8 mil se dilapidaron en la corrida de abril-mayo. Mientras tanto, en paralelo con la devaluación y el aumento de los precios internacionales del crudo, que los analistas de los mercados energéticos proyectan continuará, el ministerio de Energía hizo saber que existe “un atraso en el precio de las naftas del 40 por ciento”. Ya se estima un valor de dos dólares (50 pesos) el litro para la súper antes de fin de año.

Si las medidas que trascienden se concretan la recesión de 2018 superará el arrastre estadístico que dejó 2017. Aunque la conexión sea por demás obvia, no debe sorprender que ya se hable de volver a asignarle a las Fuerzas Armadas –ahora con argumentos fiscalistas de no mantenerlas ociosas– tareas de seguridad interior. La conflictividad social siempre es inversamente proporcional a la caída de la actividad económica. Efectivamente los modelos excluyentes demandan represión, como comenzó a revelarse crudamente el pasado diciembre.

En el nuevo escenario, como comienzan a confirmarlo las encuestas, Macri ya sabe que no será reelegido. Sus cartas están jugadas. Como sucedió con el plan económico de J. A. Martínez de Hoz, el nuevo objetivo de las elites es aprovechar el año y medio restante de mandato para introducir cambios irreversibles y reducir al máximo los grados de libertad de la política económica de futuros gobiernos populares, los que quedarán atados en sus capacidades de decisión por una multiplicidad de contratos y deudas. Aquí es donde entra el FMI y la vieja receta según la cual todas las medidas más gravosas, las mismas que desea el gobierno, se toman por exigencia del organismo. El detalle es que la sociedad ya conoce la treta y no será tan simple que vuelva o tolerarlo. Esta es una paradoja de la democracia, el poder que el voto popular confiere para ser ejercido durante un período determinado permite tomar decisiones sobre el patrimonio acumulado en el pasado y sobre el que se dispondrá en el futuro.-