El Consejo de la Magistratura pidió las declaraciones juradas de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, los camaristas que revocaron la prisión preventiva del empresario Cristóbal López y lo dejaron en libertad. Además, habían determinado el cambio de caratula sobre la causa.

Fue la diputada de Cambiemos Elisa Carrió quien le solicitado al Consejo que investigara el patrimonio de los jueves. Según informó La Nación, por unanimidad, la comisión de Disciplina y Acusación aprobó la entrega de todas las declaraciones juradas de los magistrados.

En el caso de Ballestero la diputada había lanzado la posibilidad de que la decisión del juez haya estado influida por "razones que podrían estar vinculadas con intereses económicos". En el caso de Farah, Carrió había señalado los vínculos entre el magistrado y el Casino de Puerto Madero (propiedad de Cristóbal López).

A diferencia de Ballestero, que votó en 2015 por desestimar la denuncia de Nisman, Farah no estaba hasta el momento en la mira del oficialismo. De hecho, fue el único camarista que votó por abrir la denuncia del fallecido fiscal, pero un fallo que enfureció a la Casa Rosada.