Se conoció un nuevo bochorno en el poder judicial: una pericia oficial determinó que la prueba principal en la causa Gas Natural Licuado (GNL) -que motivó al juez Claudio Bonadio a estrenar la denominada “doctrina Irurzun” el 19 de octubre de 2017- fue mal técnicamente mal confeccionada, con valores erróneos para los cálculos, referencias documentales inexistentes y presumiblemente plagiadas de sitios de internet.

Ese informe, que ya está en manos del juez federal Sergio Torres deberá resolver el destino de la contradenuncia por falso testimonio que había hecho el exsubsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta contra el perito David Cohen. Las cifras exorbitantes de supuestos sobreprecios que habrían sido consignadas fue la pericia que tomó el juez para procesar y disponer las prisiones preventivas bajo la recomendación de la Cámara Federal sobre otro caso: el de los convenios firmados por las obras en la usina de Río Turbio.

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La conclusión (avalada por Bonadio) fue que entre 2008 y 2015 se pagaron U$S 6.995 millones de sobreprecios por la importación de 500 buques por parte de Enarsa. Sin embargo, no hubo análisis de las particularidades de cada compra ni se indagó sobre las empresas ni sus directivos, contratistas de primera línea internacional, que habrían recibido los supuestos excedentes. falsear su informe.

Recién en marzo de 2018, la Cámara decretó (por mayoría) la falta de mérito que benefició a Baratta y a Julio De Vido. Bonadio debió ordenar una nueva pericia sobre la causa GNL que todavía está en marcha. Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia no habían llegado a un acuerdo sobre la suspensión de las prisiones y desempató el propio Martín Irurzun, autor (dentro de Comodoro Py) del argumento sobre lazos de poder residual que se utilizaron para disponer prisiones inmediatas.

Los tres destacaron que la pericia era poco fiable, aunque Bruglia se inclinó por mantener las preventivas de todas formas, dado el tenor de la acusación por “defraudación contra la administración pública” con la que la había rotulado Bonadio.

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