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En estas semanas uno de los temas centrales de la agenda feminista estuvo presente en los medios: la necesidad de una ley de aborto legal, seguro y gratuito. La actriz Muriel Santa Ana contó en Twitter que abortó a los 24 años y de ahí el tema quedó instalado como la vedette inesperada del verano. Hasta llegar al programa de chimentos por excelencia, Intrusos, donde Jorge Rial apareció con el pañuelo verde de la Campaña nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que existe desde 2005 para visibilizar este tema.

La falta de una ley se traduce en muerte e incumplimiento de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y cuerpos gestantes. El aborto es la principal causa de mortalidad materna en más de la mitad del país. Por eso se trata de una cuestión de salud pública y derechos humanos. No es una cuestión moral, ni religiosa, ni de ética.

En 2001 murieron 100 mujeres por abortos inseguros. Para 2015 esta cifra descendió a 55 fallecimientos. Cada mujer que muere por aborto es un femicidio de Estado.

Un caso emblemático es el de Ana María Acevedo en Santa Fe. Tenía 19 años, sufría de cáncer, estaba embarazada y en un hospital le negaron el acceso al aborto. Murió en 2007.

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Desde 1921 el aborto es legal en Argentina si corre riesgo la salud o la vida de la mujer o si el embarazo fue producto de una violación. Pero este derecho tampoco se cumple, por eso también es necesaria una legislación.

Un ejemplo de ello, es la historia de Juana, una niña wichi de 12 años, víctima de violación colectiva en manos de criollos en Salta. Ella no tuvo acceso a su derecho a abortar y tuvo que sostener un embarazo inviable hasta la semana 31.

En 2012 la Corte Suprema ratificó lo que dice el Código Penal en el artículo 86 en el histórico fallo FAL donde instó a las provincias a elaborar protocolos hospitalarios para quitar los obstáculos que limitan o impiden que las niñas, adolescentes, mujeres y personas trans accedan a los servicios médico. A más de cinco años de ese fallo, solo 9 provincias elaboraron sus protocolos.

La falta de una ley también se traduce en criminalización. En los últimos años casi 15 mujeres fueron judicializadas por interrupciones voluntarias de embarazos o abortos espontáneos. Un caso emblemático es el de Belén que estuvo presa casi tres años por un aborto espontáneo en Tucumán.

En 2016 por sexta vez se presentó un proyecto en el Congreso de Interrupción Voluntaria del Embarazo con el aval de 40 legisladores. El debate debe trasladarse de la televisión al Congreso para que la maternidad sea una elección y no una obligación. Para poder interrumpir los embarazos no deseados de manera segura. Mientras tanto la demanda por el aborto legal será una de las consignas centrales del próximo Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo.

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