La jueza porteña Cecilia Molica Lourido le consultó a la Legislatura si Horacio Rodríguez Larreta comenzó el trámite para regular el proyecto “Secundaria del Futuro” que impuso a fuerza de decreto, con el que rechazó la voz de los docentes y estudiantes, que alertaron sobre sus graves consecuencias. El punto más polémico, aunque no el único, obliga a los menores del último año del colegio a pasantías en empresas privadas.

La magistrada, que solicitó el informe sobre un proyecto de reforma, deberá decidir sobre la implementación de la reforma educativa. La petición se relaciona directamente con uno de los argumentos centrales de los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, quienes representan a los estudiantes secundarios que tomaron cerca de 30 escuelas en setiembre de 2017 por su falta de participación en la reforma.

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Los magistrados del Ministerio Público Tutelar sostuvieron a lo largo de todo el proceso judicial la falta de veracidad en la información brindada por el Ministerio de Educación de la Ciudad, en tanto se encuentra vigente la ley 3.541 la cual establece que las prácticas educativas tienen carácter no compulsivo, por lo que eventualmente la obligatoriedad intentada por Soledad Acuña en Secundaria del Futuro, además de un mecanismo de participación, requiere de una ley de la Legislatura local que modifique la norma.

Esto demuestra que los datos públicos brindados por el Gobierno porteño en distintos medios durante agosto y setiembre de 2017 no era cierta, completa ni adecuada, ya que no existía, ni existe todavía, un proyecto de modificación para dar eventual obligatoriedad a las prácticas educativas.

La modificación se aplicó a un grupo de escuelas que servirán de ensayo para ampliarlo al universo de colegios de la Ciudad. Fue cuestionado por toda la comunidad educativa pero, pese a ello, Larreta insistió con su aplicación.

La Justicia le dio la razón a los estudiantes

Luego de la audiencia del viernes pasado para que los alumnos de la Escuela Cerámica 1, la Justicia rechazó el recurso de apelación del Poder Ejecutivo de la Ciudad, con lo que bloqueó la mudanza de la Escuela de Cerámica 1 como lo pretendía la ministra de Educación, Soledad Acuña.

El fallo para mantener la suspensión del traslado contó con las firmas de los jueces de cámara Hugo Zuleta y Esteban Centanaro, con la disidencia de la magistrada Gabriela Seijas. La decisión la tomaron luego de que los estudiantes expresaron directamente su postura frente a la Cámara de Apelaciones, lo que había sido peticionado por el asesor tutelar Gustavo Moreno.