Mientras las luces mediáticas apuntan a Inés Weinberg de Roca, elegida por el presidente Mauricio Macri para conducir el Ministerio Público Fiscal, pocos atienden al rol que está teniendo por estos días el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien se volvió una referencia obligada para todo aquel que quiera desplazar a un fiscal que desafíe al poder. Sin los votos en el Senado hasta el momento para poder encumbrar a su candidata, el jefe de Estado no muestra apuro para reemplazar al sucesor de Alejandra Gils Carbó. Motivos no le faltan.

Al llegar a la cima del Ministerio Público Fiscal, Casal eligió dos lugartenientes: Juan Manuel Casanovas, quien está a cargo de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, y Juan Manuel Olima Espel, al mando de la Secretaría General de Coordinación Institucional. El primero tiene aceitados vinculados con el subsecretario de Justicia y consejero de la magistratura, Juan Bautista Mahiques, quien responde a Daniel “Tano” Angelici, sindicado por Elisa Carrió como operador judicial del PRO, y es hijo de Carlos Mahiques, ex ministro de María Eugenia Vidal y actual juez de la Cámara Federal de Casación –adonde llegó a dedo-.

La relación con Olima Espel, más cercano al garavanismo, tiene sus años: junto a Casal investigaron el atentado a la Embajada de Israel, ocurrido en 1992, cuyos avances no difieren mucho de la pesquisa sobre el ataque terrorista contra la AMIA.

A pesar de esta estructura, Casal recién se ganó la confianza del Gobierno el 6 de abril pasado, al decidir el apartamiento de Juan Pedro Zoni de la Fiscalía N° 8 ante los juzgados federales de Comodoro Py, desde donde estaba impulsando la causa penal sobre el Correogate. En su lugar nombró al “amigable” Gerardo Pollicita.

Zoni analizaba "conductas delictivas” vinculadas al proceso concursal del Correo Argentino S.A, empresa del Grupo Macri, y centraba su pesquisa en el Presidente. El fiscal había solicitado una serie de medidas de prueba para esclarecer cómo se gestó el acuerdo abusivo para el Estado que rubricaron la firma postal y el Gobierno por el que se intentó condonar el 98,87% de la deuda que posee la empresa privada (que a cifras de hoy se ubica en los $4.000 millones). Entre otras cosas, requería allanamientos en dependencias oficiales y hacía foco en el estudio jurídico de la familia del diputado PRO, Pablo Tonelli.

Con una formalidad, el procurador desplazó a quien comenzaba a cerrar el círculo de responsabilidades en torno a Macri. ¿Qué hizo? Consideró ilegítimo el traslado que Gils Carbó había resuelto en torno a Zoni en 2015, quien había sido designado para la fiscalía federal N° 2 de Santiago del Estero, dependencia que entonces –y aún- no fue habilitada. Acto seguido lo reubicó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34.

A partir de este suceso, tres fiscales más que investigan al poder intentaron ser desplazados. En todos estos casos se buscó llegar a Casal. Un síntoma del rol que está teniendo el jefe de los fiscales interino.

Por ejemplo, los abogados de Correo Argentino S.A, en el marco de una de las causas comerciales en que se divide el affaire de la empresa postal –la del vaciamiento en favor de sus controlantes SOCMA y SIDECO-, pidieron apartar a la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin. Adujeron que no tenía facultades para investigar. Los letrados del Grupo Macri solicitaron la “valiosa” opinión de Casal, esperanzados en lograr una resolución similar a la que rubricó para con Zoni. Pero la Cámara Comercial rechazó la solicitud. No obstante, la avanzada contra Boquin esta lejos de llegar a su fin.

Otros dos procuradores cuyas actuaciones serán evaluadas por Casal son Federico Delgado, también fiscal ante los tribunales de Comodoro Py, y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El 26 de abril, el juez federal Claudio Bonadio se hizo eco de una denuncia realizada por el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en el marco del caso Odebrecht, y pidió que se abriera una investigación penal y otra en el Ministerio Público Fiscal contra ambos fiscales por haberle tomado declaración sin juramento al cambista brasilero Leonardo Meirelles, quien acusó al jefe de la ex SIDE de recibir cuantiosas sumas de dinero ilegal.

Los dos procuradores apuntados tienen en sus oficinas causas calientes para la Casa Rosada. Delgado está a cargo de una de las pesquisas vinculadas al Lava Jato nacional y fue el fiscal que escudriñó los Panama Papers. Rodríguez está al frente del órgano que analiza delitos de corrupción o irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos. Fue, por ejemplo, quien presentó a Zoni un informe esclarecedor en el caso Correo que derivó en las solicitudes de allanamiento.

Azares de Comodoro Py, la denuncia penal avalada por Bonadio la investiga el fiscal Pollicita, el mismo que reemplazó a Zoni. El juez del caso es Daniel Rafecas.

Otros gestos

Casal hizo otro guiño a la Casa Rosada al rubricar un dictamen funcional a los intereses de Cambiemos en lo que hace a la discusión judicial del tarifazo. El procurador general interino consideró que el amparo colectivo en el que se discute la razonabilidad de la tarifa del gas debe debatirse en el fuero contencioso administrativo, tal como desea el Poder Ejecutivo, y no en los juzgados provinciales. En esos tribunales, el oficialismo tiene más chances de obtener un fallo favorable a su postura.

Más atrás en el tiempo, el 15 de marzo, el procurador general interino, nombró a Juan Carlos Paulucci, quien ejerce como fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, al frente también -de forma interina- de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo. No es una designación más en tiempos en que sobrevuela por el ambiente la reforma laboral. Desde ese puesto clave, Juan Carlos (h) controlará a su padre y por partida doble. Juan Carlos Paulucci Malvis es secretario de la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Con él, ahora el poder corporativo tiene la totalidad del Ministerio Público Fiscal en materia de derechos sociales. Entró en funciones el 1º de abril.